El juez Jorge Chávez Tamariz ha resuelto en los últimos días mantener como terceros civiles responsables a Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz Brasil), Odebrecht Sucursal Perú y la concesionaria Rutas de Lima en la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente.
Antilavadodedinero / larepublica
Dichas empresas fueron incorporadas a la investigación que dirige el fiscal José Domingo Pérez el pasado 24 de febrero, tras un pedido de la Procuraduría ad hoc para que se pueda calcular la reparación civil que pagarían eventualmente al Estado tras un juicio y una condena por los daños provocados.
No obstante, los abogados de Odebrecht y Rutas de Lima pidieron al magistrado Chávez Tamariz anular su decisión. En una resolución suya a la que accedió La República, del 14 de mayo, el juez señala que sí hubo una adecuada justificación de la incorporación de las mismas empresas.
“No existe indebida motivación porque es el mismo acuerdo el que prevé que la reparación civil puede ser requerida en procesos judiciales, como en el presente caso, siendo válida la constitución como tercero civil”, menciona respecto a Odebrecht, cuyo acuerdo de colaboración eficaz abarca cuatro proyectos (Metro de Lima, Interoceánica Sur, Costa Verde del Callao y Vía Evitamiento Cusco), mas no el de Susana Villarán, por lo que no se afecta el acuerdo.
En relación al consorcio Rutas de Lima, el magistrado aclaró que también hubo una argumentación sólida por parte de su despacho para incluirlas a la investigación como terceros civiles responsables.
Villarán en proceso
Susana Villarán tiene desde mayo de 2020 una orden de arresto domiciliario luego de que un tribunal de apelaciones determinara que era probable un contagio de COVID-19 en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos donde se encontraba.
No obstante, hay un pedido pendiente en su contra para que se amplíe su arresto en casa por 18 meses hasta el 2022. En total, la exfuncionaria es procesada por tres delitos: lavado de activos, cohechopasivo propio y lavado de activos.
Las pesquisas que logró recabar el fiscal Carlos Puma Quispe fue que existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió USD10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.
Desde agosto de 2020, tras la renuncia de Puma al equipo especial Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación.
