No es un secreto que algunas agencias del orden de Estados Unidos desconfían del gobierno mexicano en sus investigaciones y operativos para capturar a criminales de alto perfil.
Esto porque funcionarios de ese país han sido acusados en cortes estadounidenses de haber estado en la nómina de los carteles, como Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012.
Antilavadodedinero / Univision
Esa complicada cooperación bilateral se vio aún más afectada en noviembre, cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador abogó para que el Departamento de Justicia (DOJ) retirara los cargos de narcotráfico que le interpuso al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien resultó exonerado en su país. Además, se publicaron detalles de la investigación que realizó la DEA.
Matthew Donahue, subjefe de operaciones de la DEA, afirmó a principios de mayo que la relación entre ambos gobiernos estaba prácticamente rota por el caso Cienfuegos. “Estamos dispuestos a compartir (información) con nuestras contrapartes en México, pero ellos mismos tienen demasiado miedo de siquiera comprometerse con nosotros debido a las repercusiones de su propio gobierno si los atrapan trabajando con la DEA”, dijo Donahue en una entrevista con el medio NPR.
Al parecer vendría otro alejamiento en relación con un nuevo proceso judicial pendiente en EEUU, que señala por delincuencia organizada y lavado de dinero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Aunque ya se giró una orden de arresto en su contra, el funcionario sigue libre porque su cargo le da inmunidad judicial. De hecho, el congreso de este estado rechazó quitarle el “fuero”.
Para deslindarse del proceso penal contra García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador publicó el jueves, en un hecho inédito, un documento considerado como clasificado: la carta en la cual la embajada estadounidense le informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, que existía una investigación preliminar en contra del funcionario y le pide ayuda.
“Imaginen si este señor (García Cabeza de Vaca) es detenido en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros? Como hemos quedado en otros tiempos: como tapaderas y el país de la impunidad”, expresó López Obrador, quien después ordenó que se exhibiera por completo dicho documento.
Firmado por el agregado jurídico de la embajada estadounidense Joseph González, el escrito advierte que el gobernador, su esposa, su madre, dos hermanos, un primo y múltiples empresas ligadas a este realizaron transacciones financieras dudosas en EEUU.
Pero esta polémica decisión de López Obrador dejó claro que él mismo podría difundir en sus conferencias matutinas otros documentos diplomáticos estadounidenses.
Existen protocolos diplomáticos que consideran confidenciales esas cartas, mientras que las leyes mexicanas prohíben siquiera identificar los nombres completos y el rostro de los sospechosos (el nuevo sistema judicial del vecino país pide que se publiquen las fotos de los imputados cubriéndoles al menos una parte del rostro y que en vez de sus apellidos se use la letra ‘N’), señala un artículo de la agencia AP.
“Es esencial la cooperación”
“Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en Estados Unidos, México y otros países”, se lee en la carta diplomática, la cual menciona que el FBI mantiene abierto un caso de “lavado internacional de activos” que involucran al gobernante y sus familiares.
Algunas empresas bajo la lupa del FBI son Grupo Tramitador y Asesoría Legal, Horizonte Vertical, Impulsos y Desarrollos GBO, Inmobiliaria Las Asturias Inlas, Inmobiliaria RC de Tamaulipas, Barca de Reynosa, Avalúos y Peritajes del Sur, Blue Limit Comercial y Comercializadora Bosque Alto.
Además de la orden de arresto contra García Cabeza de Vaca, la UIF le congeló varias cuentas bancarias.
Al momento, el Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre la revelación de esta carta.
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador tamaulipeco se declaró inocente y, según él, se trata de una campaña para debilitar a los detractores de López Obrador.
“No me han dejado defenderme”, señala un comunicado que fue publicado el miércoles en esa red social. “Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores”, agrega.
Donahue, el subjefe de operaciones de la DEA, advirtió que el presunto distanciamiento con efectivos de las fuerzas del orden en México pone en riesgo la seguridad en ambos lados de la frontera. Eso ocurriría precisamente durante el peligroso crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el segundo aire que los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le han dado al Cartel de Sinaloa.
Tamaulipas, el estado que gobierna García Cabeza de Vaca, es un territorio en disputa por los carteles del Golfo, del Noroeste y Los Zetas. Estos controlan el lucrativo tráfico de drogas y de inmigrantes.
“Es esencial que obtengamos la cooperación (del gobierno mexicano) para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, así como para detener el flujo de violencia en México», dijo Donahue en la entrevista con NPR. “Esperamos que quieran sentarse a la mesa y trabajar bilateralmente”, agregó.
