La Justicia federal santiagueña investiga una denuncia de lavado de dinero contra el senador del Frente de Todos Gerardo Montenegro, junto a otras once personas, ocho cooperativas y una empresa privada. En la causa están incluidos su esposa, Teresita Sciola, y su hermano Javier.
Antilavadodedinero / clarin
La denuncia la realizó la Procelac en diciembre de 2020 ante la fiscal Indiana Garzón y ésta, el 2 de febrero de 2021, la ingresó en el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, a cargo del juez Sebastián Argibay.×
De las primeras actuaciones, se desprende que la investigación podría tomar otro carril: se podría llegar a descartar la figura de lavado de dinero en la Justicia federal, pero podrían surgir otros presuntos delitos como malversación, estafa, defraudación y hasta enriquecimiento ilícito. Todo es materia de análisis por estas horas.
La investigación la inició la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF), en el 2017, según pudo saber Clarín de fuentes ligadas a la investigación, a partir de información que le fue acercada a estos dos organismos. Llegó a la fiscal federal Indiana Garzón en diciembre de 2020.
Para la Procelac resultó sospechoso el movimiento de dinero de 8 cooperativas santiagueñas, que habían sido beneficiadas con subsidios del gobierno provincial por un monto cercano a los $ 72 millones.
Allí se detectó que en una de las cooperativas (“Consumo y Crédito Solidaridad Limitada”) aparecen la esposa del senador Montenegro, Teresita Sciola y su hermano, Javier, que a su vez integran una SRL, “JMSC”, que habría recibido un préstamo de esa cooperativa. Según la denuncia, con ese dinero se habrían comprado un Jeep Renegade (2017), un BMW descapotable (2019) y otros bienes.
Montenegro, que fue reelecto como senador en el 2019 por el PJ (entró por la minoría), integra el Frente de Todos en el Senado y suele votar en conjunto con sus pares del Frente Cívico por Santiago, que responde al gobernador Gerardo Zamora.
La causa está caratulada “Salvatierra Carlos Gustavo s/ delito a determinar. Denunciante: Procelac», en donde se denuncia por presunto lavado de dinero a 11 personas físicas (entre ellas Montenegro), 8 cooperativas y una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las 8 cooperativas habrían recibido subsidios por $ 71.751.473 entre mayo de 2016 y 2017.
En la denuncia de la PROCELAC se detalla que en las 8 cooperativas, hay personas ligadas al gremio de UPCN (del cual Montenegro es titular), otras que son empleadas del Senado (nombradas por el denunciado) y parientes. Describe la actividad de Montenegro y detalla una serie de viajes al exterior, a destinos como Panamá y Estados Unidos, entre otros.
La Procelac habla de “lavado de dinero”, que es una calificación provisoria, por dinero recibido por varias cooperativas que extraían por caja los montos de los subsidios que se iban acreditando en las cuentas bancarias.
La fiscal Garzón pidió una serie de medidas a las que el juez Argibay hizo lugar. Están destinadas a conocer todo lo concerniente al otorgamiento y rendición de los subsidios, “requisito indispensable para saber si es competente el fuero federal para entender en la denuncia, puesto que para el lavado de activos, se requiere como elemento objetivo, que el dinero tenga un origen ilícito, además de las maniobras propias de lavado, destinadas a dar apariencia de licitud al dinero negro”, le dijo una fuente ligada a la investigación a Clarín.
Entre las medidas solicitadas por fiscalía al juez, se destacan: pedidos de informes sobre movimientos bancarios; titulares de las cuentas (en las que se acreditaba el dinero de los subsidios); personas autorizadas para extraer ese dinero; fecha de las extracciones; quiénes extrajeron y documentación de la rendición de los expedientes donde fueron otorgados los subsidios.
“No hay un hecho que vincule a Montenegro en forma directa, salvo el parentesco (por su esposa y su cuñado)”, le dijo a este diario una fuente de la investigación. Ahora, el juez Argibay deberá esperar el resultado de las medidas dispuestas, resolver la competencia y, eventualmente, las imputaciones.
Montenegro, que es secretario general de UPCN, presidente del club Quimsa y presidente de la ADC (Asociación de Clubes de Básquet), aún no fue notificado. Mientras, la investigación avanza.
