La Policía checa ha recomendado a la Fiscalía que impute por fraude al primer ministro de la República Checa, el populista Andrej Babis, porque una de sus empresas obtuvo 1,7 millones de euros de la Unión Europea (UE) supuestamente de forma irregular. La recomendación forma parte de las conclusiones de la investigación policial, según anunció el portavoz de la Fiscalía de Praga, Ales Cimbala.
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Ahora depende de la Fiscalía seguir esa recomendación y presentar cargos o desestimarla. No está claro cuándo tomará una decisión el Ministerio Público dado que el sumario tiene unas 34.000 páginas. Babis ya se enfrentó a una acusación similar en 2019, que le llevó a una moción de confianza en el Parlamento, pero el fiscal encargado entonces decidió cerrar el caso. Esa decisión fue luego revocada por el fiscal jefe, que aseguró que no había pruebas suficientes ni para cerrar el caso ni para presentar cargos.
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La solución fue encargar a la policía una nueva investigación sobre el presunto fraude del primer ministro, el segundo hombre más rico del país centroeuropeo, que ha conducido a esta recomendación para imputarle.
El dinero depositado en el «Nido de la Cigüeña»
El caso se centra en un proyecto agroturístico de lujo con el nombre de «Nido de la Cigüeña», que recibió 1,7 millones de la UE en 2007, después de que su propiedad fuera transferida desde el conglomerado industrial Agrofert, propiedad de Babis, a miembros de su familia.
Las ayudas europeas estaban destinados a pequeñas y medianas empresas y Agrofert, de la que formaba parte, no debería haber sido elegible para recibirlas. Después de obtener las ayudas el proyecto se reintegró de nuevo en Agrofert.
Babis ha negado haber actuado mal y considera que se trata de una investigación politizada que trata de dañarle. Este caso fue también investigado por la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que constató «fraude» e «irregularidades» en la concesión de los fondos comunitarios.Por otra parte, en abril una auditoría de la Comisión Europea concluyó que Babis cayó en un conflicto de intereses por su vinculación con la sociedad fiduciaria que controla Agrofert desde 2017.
Todas las ayudas de la UE otorgadas a la empresa -unos 11 millones de euros- después de febrero de 2017, cuando entró en vigor una ley nacional sobre conflicto de intereses, se consideran irregulares y deben devolverse. El primer ministro ha rechazado cualquier conflicto de intereses y dijo que la auditoría había sido «manipulada» por sus enemigos políticos.
