Falta de voluntad política con dilema de los mineros ilegales de oro en Latinoamerica. Alrededor del mediodía del 11 de mayo, Dario Kopenawa, un líder indígena, recibió una llamada telefónica desesperada desde una aldea remota en la Amazonía brasileña.
Antilavadodedinero / BBC
Palimiú tiene una población de alrededor de 1,000 habitantes, quienes viven en grandes casas comunales a orillas de un río llamado Uraricoera. Solo se puede llegar en avión o después de un largo viaje en barco.
Kopenawa, de la tribu Yanomami, está acostumbrado a escuchar súplicas de ayuda de las comunidades en la selva, pero esta era diferente.
“Nos atacaron”, dijo un hombre, “casi nos matan”. Ellos, le dijeron a Kopenawa, eran garimpeiros , o mineros ilegales de oro, que habían llegado en siete lanchas, algunas con armas automáticas, y comenzaron a disparar indiscriminadamente.
Escondidos detrás de los árboles, los Yanomami se defendieron usando escopetas y arcos. Un indígena fue rozado por una bala en la cabeza, se enteró Kopenawa, y cuatro mineros resultaron heridos. Los atacantes se marcharon al cabo de media hora, pero amenazaron con volver en busca de venganza. Aterrorizadas, las mujeres huyeron a la densa jungla con sus hijos en busca de refugio.
Fue un caos y dos niños, de uno y cinco años, se ahogaron.
Palimiú se encuentra en la reserva indígena más grande de Brasil, que tiene un área similar a Portugal y 27.000 habitantes. La minería es ilegal allí, pero los buscadores siempre han encontrado formas de hacer su trabajo. “Los garimpeiros están por todas partes”, dijo Kopenawa. Evita ir a las zonas donde están por amenazas de muerte y, tras la llamada, alertó a las autoridades diciendo que había que hacer algo.
Al día siguiente, un equipo de la policía federal viajó a Palimiú en una avioneta y se les unió Junior Hekukari, quien dirige el consejo de salud indígena local. Cuando salía del área, Hekukari vio algunos barcos a la deriva con los motores apagados, y supuso que estaban tratando de evitar ser notados. Cuando los hombres de las embarcaciones se acercaron, dispararon varias veces contra la aldea.
“Los agentes gritaron ‘Policía, policía'”, me dijo Hekukari, “pero no se detuvieron. No tenían respeto”. Los oficiales respondieron y hubo un intenso tiroteo. El grupo se fue cinco minutos después y nadie resultó herido. Cuando Hekukari informó lo que había sucedido, Kopenawa se quedó atónito. Si incluso la policía estaba siendo atacada, dijo, ninguno de los suyos estaba a salvo.
Las intrusiones de garimpeiros en las reservas indígenas se han intensificado bajo el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien planea abrir algunas de las áreas a la minería y la agricultura. El Instituto Socioambiental (ISA), un grupo sin fines de lucro, estima que hay unos 20.000 de ellos solo en el territorio Yanomami, y Hekukari me dijo que “hacen lo que quieren porque saben que no les pasará nada”.
Alisson Marugal, el fiscal federal en el estado de Roraima, dijo que los mineros se sintieron alentados por un aumento en los precios del oro y una orden de Funai, la agencia de asuntos indígenas del gobierno, que limitaba el trabajo de campo debido a la pandemia. “Los mineros ilegales no se aislaron ni hicieron distanciamiento social”, dijo. “De hecho, intensificaron sus actividades”.
Las reservas son una de las formas más efectivas de proteger el Amazonas, la selva tropical más grande del mundo y una enorme reserva de carbono que ayuda a frenar el calentamiento global. Pero el presidente Bolsonaro, un escéptico del cambio climático que cuenta con el apoyo de poderosos líderes de la agroindustria, los considera demasiado grandes para la cantidad de personas que viven allí y un obstáculo para el desarrollo.
El presidente, cuyo propio padre fue garimpeiro , es particularmente crítico con la extensión del territorio Yanomami, establecido en 1992 en una región donde se ubican vastas riquezas minerales. Kopenawa, quien vive en la capital del estado, Boa Vista, donde dirige la asociación indígena Hutakara, dijo que “Bolsonaro apoya a los garimpeiros ” y no tenía interés en proteger a los yanomami. “Nuestro territorio está siendo irrespetado”, dijo. “Y nuestras llamadas de ayuda no son escuchadas”.
En el Congreso, el gobierno de Bolsonaro está impulsando una agenda que, según advierten los opositores, representa una amenaza existencial para la Amazonía y, en consecuencia, para los pueblos indígenas. La Cámara de Diputados debe votar un proyecto de ley que legalizaría la ocupación privada de terrenos públicos. Otra propuesta podría allanar el camino para la reducción de áreas indígenas que ya existen.
“Los mineros ilegales se han envalentonado … con un discurso que legitima su trabajo”, dijo el fiscal Marugal. “Las comunidades indígenas están sometidas a una presión extrema”.
‘Es obvio que no hay voluntad política’
Kopenawa es el hijo del respetado chamán y líder David Kopenawa, quien dirigió la campaña que resultó en la creación de la reserva Yanomami. Apodado el Dalai Lama de la Selva Tropical, me dijo cuando nos conocimos en 2014: “Los hombres blancos que tienen dinero, quieren más. Quieren destruir más. Esa es su tradición: no tienen límites”.
El año pasado, la minería ilegal devastó un área equivalente a 500 campos de fútbol en tierra yanomami, según ISA, y es probable que provoque aún más destrucción este año. Los garimpeiros también han contaminado los ríos con mercurio, que se utiliza para separar el oro del lodo, y se les culpa por llevar alcohol, drogas y, más recientemente, Covid-19 a las comunidades.
Si no es ningún secreto dónde están, ¿por qué no se eliminan? “Es obvio que no hay voluntad política”, me dijo un ex funcionario de Funai, que renunció el año pasado porque “no podía soportarlo más”. “Hay algunas personas poderosas involucradas en la minería ilegal que pueden limitar o prevenir cualquier acción”.
Los allanamientos de la Funai, que ha sufrido sucesivos recortes presupuestarios, se llevan a cabo con la Policía Federal, el Ejército y el Ibama, la agencia de protección ambiental. Son tan irregulares, agregó el exfuncionario, que su impacto es muy limitado y los garimpeiros regresan rápidamente.
Joenia Wapichana, la única diputada indígena y representante de Roraima, señaló un cambio ideológico en la agencia, actualmente dirigida por un policía federal vinculado a la agroindustria. “Funai solía ser amiga de los indígenas”, me dijo. Ahora, dijo, se oponen a las demandas de las comunidades locales e incluso le piden a la policía que investigue a los líderes indígenas que los critican.
Funai dijo que no había nadie disponible para una entrevista y la oficina del presidente Bolsonaro no respondió a las solicitudes de comentarios.
Mientras la pandemia azotaba el Amazonas el año pasado, los Yanomami crearon una barrera en el Uraricoera, el río más largo de Roraima, en un esfuerzo por detener el tránsito de botes por Palimiú. Creen que el ataque de mayo fue una represalia después de que interceptaron una embarcación y se incautaron de gasolina y equipo.
Los mensajes de audio compartidos en un grupo de WhatsApp que se cree que fueron utilizados por mineros ilegales sugirieron que los atacantes estaban afiliados a una facção u organización criminal. Se sabe que una de las pandillas más grandes de Brasil, el Primer Comando de la Capital, o PCC por sus siglas en portugués, opera en Roraima, un estado escasamente poblado situado en las rutas del narcotráfico.
Alisson Marugal dijo que se sospechaba que se habían contratado delincuentes para proteger los campos mineros y que se creía que estaban detrás de la violencia reciente. “Estamos viendo llegar algunas armas pesadas a los campamentos”, me dijo. Describió algunas áreas como “tierra de nadie”.
Cinco días después de la visita policial, Palimiú fue atacado nuevamente, dijo Kopenawa. Por la noche, la gente llegó en varios barcos y comenzó a disparar. También dispararon lo que parecía ser gas lacrimógeno, y los yanomami se desesperaron cuando sintieron que sus ojos y garganta ardían. “Mi gente pensó que estaban siendo bombardeados”, dijo.
A principios de esta semana, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Bolsonaro que tomara medidas para proteger la aldea y otras comunidades indígenas, y sacar a los garimpeiros de las áreas.
Pero Kopenawa dijo que los yanomami estaban cansados de esperar. “Estamos bajo amenaza”, dijo. “Nuestra paciencia se ha acabado”.
