El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó para este lunes a sesión del Pleno. En esa jornada se debatirá la reconsideración de la ley que incorpora como delito penal el financiamiento ilegal de partidos políticos.
Al cierre de esta nota, los congresistas -con excepción de los de Fuerza Popular y el Apra- coincidieron en que esta norma debe retornar a la Comisión de Constitución para mayor debate.
En diálogo con La República, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, recalcó que “esta ley también fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el congresista de Peruanos Por el Kambio, Alberto Oliva” y que no requiere mayor análisis. “¿Por qué más debate? ¿Cuáles son los fundamentos de esta apelación?”, cuestionó.
En ese sentido, Tubino dijo que la bancada naranja recién definirá temprano en la mañana la posición que adoptarán en el Pleno.
Sin embargo, en el oficialismo, el legislador Juan Sheput aseguró que la bancada de PPK se rectificará y rechazará que este dictamen se apruebe. “Creemos que esta ley no está de acuerdo a las necesidades del país”, expresó.
Por su parte, el congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, advirtió que en caso el Legislativo la apruebe por insistencia, recurrirán al Tribunal Constitucional.
De igual forma, en Alianza Para el Progreso, la legisladora Gloria Montenegro afirmó que también respaldará que se archive el documento.Mientras tanto en las bancadas de izquierda, Nuevo Perú y Frente Amplio, la posición va en la misma línea: rechazar este dictamen.
Por su parte, la parlamentaria Maritza García señaló que esta ley “permitiría que en el 2021 los partidos políticos reciban aportes de cualquier origen y no se pueda determinar la verdad”. “Yo estoy de acuerdo con la reconsideración de la votación”, añadió.
Cabe precisar que para archivar esta ley de financiamiento de partidos, según el Artículo 58 del Reglamento del Congreso, se requieren 66 votos en el Hemiciclo.
Repercusiones penales
¿Qué consecuencias tendría la aprobación de este dictamen? La norma estipula que el delito de lavado de activos esté tipificado en la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos.
La sanción para los culpables –el que aportó, recibió o movió el dinero– va, en caso el monto sea menor a 500 UIT, a una pena no menor de 3 años y no mayor de 10 años.
Mientras que, si el aporte ilegal es mayor a 500 UIT, la condena es no menor de 3 años y no mayor de 15 años.
Para el abogado penalista Carlos Caro el problema radica en que el delito de lavado de activos ya está tipificado en el Código Penal “y tiene una sanción, de forma leve con 15 años y de hasta 25 años de prisión si el dinero proviene del narcotráfico o minería ilegal».
“No se puede mezclar con el delito de financiamiento ilegal y encima reducir la sanción. Aparte le están agregando más carga probatoria: se tiene que sustentar la ilegalidad del dinero y que el receptor o aportante tenga conocimiento del origen”, criticó.»Se está quitando autonomía a ambos delitos”, añadió. «La financiación ilegal debe sancionar únicamente la recepción de dinero violando la legislación administrativa”.
Otro aspecto negativo, según el abogado penalista Luis Lama Puccio, es que la disposición busca paralizar las investigaciones contra diferentes personajes políticos que son procesados por aportes a sus campañas. “Si se promulga esta ley, todos los hechos anteriores tendrán que ser archivados porque partirían de la premisa de la retroactividad benigna. No se podría investigar a nadie, ni a Keiko Fujimori, Alan García u Ollanta Humala”, precisó.
Por ende, Lamas Puccio consideró que lo ideal es modificar la ley de partidos políticos y la de inmunidad financiera. “Para poner a los partidos como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando hay dinero de procedencia sospechosa”, puntualizó.
ALD/LaRepublica
