El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que ninguna transacción hecha con la cartera electrónica o lo que ellos han denominado “Chivo Wallet”, tendrán costo adicional o comisiones, esto incluye a las remesas, hacer o recibir pagos, o convertir el bitcoin a dólar o viceversa.
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“No se le cobrará comisión a los comercios, como sí hacen las tarjetas de crédito”, tuiteo el mandatario.
La criptomoneda que será de curso legal en la nación centroamericano a partir del 7 de septiembre, según la Ley Bitcoin aprobada por el Congreso, es de acuerdo con el Gobierno salvadoreño opcional y según el mismo Bukele se habilitarán sucursales de la aplicación en diferentes puntos del país.
“El dinero que se tenga o se reciba (en dólares o en bitcoin) en la @chivowallet podrá ser retirado en efectivo (en dólares) en el momento que se desee. Se podrá hacer en las sucursales físicas que se abrirán de Chivo y en los Cajeros Chivo. Esto NO tendrá comisión”, escribió Bukele.
El mandatario además aclaró que los únicos bitcoines que no pueden ser convertidos son los 30 dólares en bitcoin que dará el Gobierno salvadoreño a toda la población.
Según el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, las remesas familiares recibidas en ese país acumularon 3.035.3 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, un monto superior a 1.025.8 millones de dólares del mismo período del año anterior y el equivalente al 51,1% de crecimiento.
La institución financiera, además, reveló en un comunicado de prensa que la cifra más alta de divisas proviene de los salvadoreños en Estados Unidos; solo en el mes de mayo este aporte alcanzó los 2.896.5 millones de dólares o el “equivalentes al 95.4% del total de las remesas”.
Riesgo para la banca
A finales de la semana anterior la agencia de calificación Fitch apuntó en un informe que la ley de El Salvador que convierte el bitcoin en moneda de curso legal implica que los bancos se enfrentan a mayores riesgos, incluso el de violar las normas contra el lavado de dinero.
Según el consorcio la ley «aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo».
