Un acuerdo que otorgó a una de las familias Dos Santos, la más ricas de África una participación lucrativa en una gran empresa energética portuguesa podría ser un paso más hacia la disolución, tras un nuevo fallo de un tribunal holandés.
Antilavadodedinero / Icij
El fallo valida un informe condenatorio de un director designado por el tribunal de Esperaza Holding BV, un vehículo utilizado por la compañía petrolera estatal de Angola, Sonangol, para comprar acciones de Galp, la empresa de energía portuguesa. Ese informe concluyó que la venta en 2006 del 40% de Esperaza a Exem Energy BV, una empresa propiedad del empresario congoleño Sindika Dokolo, fue “un acto de corrupción” y debería ser anulada.
En el momento de la adquisición, Dokolo estaba casado con Isabel dos Santos, la hija del ex presidente autocrático de Angola. Murió en 2020.
Los detalles de la adquisición fueron informados por primera vez por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación como parte de Luanda Leaks , una investigación global sobre una década de acuerdos internos hechos por la familia dos Santos a expensas de Angola, uno de los países más pobres del mundo. .
El año pasado, luego de la investigación de ICIJ, una división especial del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam ordenó una investigación sobre el acuerdo de Exem con Sonangol. El tribunal también congeló los activos de Exem y destituyó a Mario Silva, un socio comercial clave de Dos Santos, del directorio de Esperaza, nombrando a Camilo Schutte, un abogado, como director. La investigación está en curso.
En su informe, Schutte concluyó que la empresa de Dokolo había obtenido su participación en Galp con un gran descuento, pagando finalmente menos del 10% del valor de la acción.
Los abogados que representan a Exem impugnaron el informe y afirmaron que Schutte no era lo suficientemente independiente y debería ser reemplazado, según los registros judiciales holandeses obtenidos por primera vez por Het Financieele Dagblad , un socio de ICIJ. El tribunal holandés rechazó ese argumento.
La evaluación de Schutte muestra que el propósito de la transacción era dar a Dokolo y dos Santos “una ventaja muy considerable e injustificada en detrimento del Estado angoleño”, dijo un panel de cinco jueces.
Después de ser nombrado director de Esperaza, Schutte examinó los registros de la empresa y los documentos judiciales para asegurarse de que cumplieran con la ley, dijo al ICIJ. Determinó que la adquisición estaba claramente diseñada para favorecer a la familia dos Santos. “Es una parodia de una transacción comercial real”.
“Se ha revelado que Exem es una empresa fachada con el único objetivo de ser parte de un plan de lavado de dinero para malversar fondos” que en última instancia pertenecen al pueblo angoleño, dijo.
La naturaleza ilegal de la transacción hace que la participación de Exem en su empresa sea “nula y sin valor”, dijo.
Un abogado de Exem le dijo a ICIJ que los hallazgos de Schutte eran incorrectos y que la compañía continúa entablando acciones legales con respecto a su conducta.
La adquisición de Exem “se llevó a cabo de manera transparente” y “la transacción ha sido enormemente beneficiosa para Sonangol y, por lo tanto, para los contribuyentes angoleños”, escribió Dan Morrison en una respuesta enviada por correo electrónico.
Schutte dijo que planea notificar al registro comercial holandés que Exem ya no es accionista de Esperaza, una medida que podría poner en peligro aún más la participación de la familia dos Santos en Galp.
Mientras tanto, Sonangol y Exem están envueltos en procedimientos de arbitraje separados sobre la legalidad de la participación de Exem. Los abogados de Sonangol esperan una decisión para septiembre, le dijeron a ICIJ.
“Hay una diferencia entre el viejo Sonangol y el nuevo Sonangol”, dijo Maarten Drop, uno de los asesores legales que representa a la empresa en la acción holandesa. “El nuevo Sonangol está tratando de limpiar el pasado y hay mucho que limpiar”.
Las investigaciones penales sobre dos Santos y sus empresas están en curso en varios países, incluido Angola, donde el gobierno alega que malversó más de mil millones de dólares en fondos públicos.
Dos Santos ha mantenido su inocencia y ha negado haber actuado mal.
