Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron una inquietante variante para apuntar directamente hacia el músculo financiero del régimen orteguista, al que señalaron de estar construido por medio del uso discrecional y sin transparencia de los recursos del acuerdo petrolero con Venezuela y los fondos del Estado nicaragüense.
Antilavadodedinero / Confidencial
Ese día se anunció la sanción del consorcio Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), derivada de las sanciones que se aprobaron en contra de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El conglomerado venezolano poseía un 49% de Albanisa, el holding manejado por personeros de la familia presidencial. Esta conexión provocó que fuese alcanzada por las sanciones a Pdvsa.
Desde ese día, el Departamento del Tesoro ha sancionado a otras siete empresas y sociedades vinculadas al orteguismo, más una entidad pública, que es la Policía Nacional, el principal brazo represor de la dictadura. A año y medio, esta es la situación actual y estatus operativos de estas empresas, de acuerdo con su importancia en el esquema financiero del orteguismo.
BanCorp: “Un golpe letal y directo”
La sanción en contra de las operaciones del Banco Corporativo (BanCorp) ha sido la de mayor repercusión en las finanzas de la dictadura, según coinciden economistas y representantes del sector privado consultados por CONFIDENCIAL.
La designación del Departamento del Tesoro provocó eventualmente que el banco cerrará operaciones, pese a un intento fallido de la dictadura por rescatarlo, aprovechando su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
“Cumplía varios propósitos. La principal era sustraerse del sistema financiero nacional y tener su propio brazo financiero para el conglomerado empresarial que conformaron. Era un brazo que permitía trasegar capitales, de origen ilícito principalmente”, describe el economista Enrique Sáenz, quien estima que “el golpe” de las sanciones “fue letal” y “directo a la arteria financiera del régimen, tanto que corrieron para poner el escudo de la estatización para protegerlo, pero ya no les dio tiempo y lo tuvieron que cerrar”.
El 7 de marzo de 2019, la Asamblea aprobó una ley para nacionalizar el BanCorp, aduciendo que el sistema financiero urgía de la necesidad de un banco estatal, pese a la existencia del Banco Produzcamos. La ley fue aprobada, pero debido al enorme riesgo que representaba para todo el sistema financiero nacional, la misma no fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, y por tanto nunca entró en vigencia. El orteguismo no brindó ninguna explicación oficial de porque no fue publicada la ley.
DNP: Un tiro de gracia al negocio del combustible
La comercialización de hidrocarburos fue uno de los negocios a los que quiso hincar el colmillo la dictadura, y para lograrlo usó fondos del acuerdo petrolero para comprar las operaciones de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), que eran administradas por un consorcio suizo.
El acuerdo petrolero con Venezuela convirtió a la DNP en la principal importadora de hidrocarburos de Nicaragua. Sin embargo, la gradual agonía del acuerdo petrolero y las sanciones impuestas por Estados Unidos, provocaron que la DNP dejará de ser el operador predominante en el mercado nacional. DNP logró seguir funcionando de forma mermada por medio de algunas de sus estaciones de combustible, gracias al rescate por parte del régimen, haciendo uso siempre del control parlamentario.
El 14 de diciembre de 2019, la DNP fue nacionalizada por medio de una ley aprobada por la Asamblea Nacional, dos días después que el Departamento de Tesoro la sancionara junto al hijo de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo y también a la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar.
Para asegurar el esquema de importación y comercialización de hidrocarburos que operaba DNP, el orteguismo, creó cuatro empresas estatales. En otra sesión parlamentaria exprés, realizada el 10 de febrero de 2020, los diputados leales a la dictadura aprobaron la formación de la Empresa Nicaragüense de Gas (Enigas), la Empresa de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Enih) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom).
Sáenz señala que “el volumen de recursos que se gestionaba por la vía de DNP fue otro fuerte golpe, aunque a esto hay que sumar el desplome de la cooperación de Venezuela”.
Afirma que por eso es que en el régimen orteguista “corrieron a crear en un solo día, y sin hacer consultas con nadie, las cuatro empresas estatales, como una mampara para seguir en el negocio del combustible”.
Inversiones Zanzíbar y el cierre de 23 estaciones de combustible
Derivadas de las sanciones a la DNP, apareció en escena una oscura sociedad, cuyo principal rol en el esquema de combustible era administrar las estaciones que DNP fue abriendo, cuando pasó a manos del orteguismo, en una operación revelada por una investigación periodística del diario La Prensa, en 2012, y finalmente detallada en un reporte especial en 2015.
El comunicado del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo —emitido el mismo día de las sanciones contra la DNP, Inversiones Zanzíbar y Rafael Ortega Murillo— detalla que: “Rafael Ortega es un administrador clave de los recursos financieros de la familia Ortega, que trabaja junto a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, previamente sancionada. Rafael Ortega utiliza al menos dos empresas bajo su control, Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia S.A., para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial para el régimen orteguista a los mercados”.
El comunicado agrega que “Rafael usa Inversiones Zanzíbar para ocultar la transferencia de las ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, también designada el día de hoy, y como empresa de fachada para la compra de gasolineras, en un intento por ocultar que la verdadera dueña de dichas gasolineras es DNP”.
En noviembre de 2019, un mes antes de las sanciones, un reporte especial de Expediente Público, reveló que Inversiones Zanzíbar operaba 23 de las 69 estaciones de servicios de Petronic, según las licencias emitidas para minoristas por el Ministerio de Energías y Minas (MEM) hasta julio de 2018. Incluso —agregó el reporte— las oficinas funcionaban en la gasolinera de la petrolera estatal ubicada en la zona residencial de Villa Fontana, al lado del edificio Invercasa, en Managua. La gran mayoría de estas estaciones clausuraron las operaciones luego de las sanciones de la DNP.
“De la DNP lo que queda principalmente son las estaciones que contaban antes de que se las compraran a la Glencore. Las estaciones que manejaba Inversiones Zanzíbar, que eran algunas de las principales, son las que no han podido reabrir”, explica una fuente del sector privado que conoce el negocio de los hidrocarburos, pero pide no ser citado por temor a la ola represiva desatada por la dictadura. La fuente agrega que tras las sanciones y la nacionalización de la DNP, las importaciones y almacenamiento del combustible ahora las ve el Gobierno.
Caruna: La herencia de una deuda millonaria
La Caja Rural Nacional (Caruna) era una pequeña cooperativa de ahorro vinculada al Frente Sandinista, que adquirió un nivel mayúsculo cuando el régimen la convirtió súbitamente en la encargada de administrar el dinero generado por el acuerdo petrolero con Venezuela.
Fue sancionada el 9 de octubre de 2020, bajo el argumento, según el Departamento del Tesoro estadounidense, de ser una “herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa), 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito, utilizados por el régimen como recursos económicos para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo”.
La sanción contra Caruna implicó otro duro golpe, debido a que la cooperativa era el instrumento utilizado por la dictadura para evadir los controles, luego de las sanciones contra Albanisa y el BanCorp.
“Caruna era una especie de consolidación de una parte del capital del régimen. Tenía unos contratos de fideicomiso con el BanCorp equivalentes a casi 2000 millones de dólares. Como no eran depósitos, no eran registrados por la Siboif. No todo era capital líquido, también había inversiones, cuentas por cobrar, entre otros instrumentos”, señala Sáenz.
Luego de las sanciones, el rol de Caruna disminuyó considerablemente, así como su arco de operaciones. Tuvieron que cerrar sucursales en el interior del país y perdieron su credibilidad como cooperativa de ahorro, debido a que no devolvieron los ahorros de sus socios afectados por el cierre de estas sucursales.
Sin embargo, existe un detalle sobre las operaciones de Caruna que permanece en el misterio, referido a su rol como prestamista del Estado, con un monto que superó los 920 millones de dólares. Estos adeudos fueron asumidos como deudas públicas por el Gobierno de Daniel Ortega. En la sede central de Caruna, justificaron a CONFIDENCIAL que nadie podía atendernos.
De Albanisa “no queda nada más que el nombre”
Ser la primera empresa sancionada, implicó para Albanisa ser la primera entidad en salir del esquema de negocios del régimen orteguista. “Ya de Albanisa no queda nada más que el nombre y los negocios que hicieron. Todas esas empresas Alba que escuchabas ya prácticamente no implican nada en el país, a excepción de las empresas de generación eléctrica. Ahí si todavía siguen siendo el principal operador de mercado a nivel interno”, sostiene la fuente del sector privado vinculado al sector de los hidrocarburos.
El economista Enrique Sáenz anota que “Albanisa se acabó con el desplome del acuerdo petrolero con Venezuela, que era lo que la alimentaba”.
A su juicio, “ahí fue donde esa caja se vació. Ahí el misterio es como quedan esas inversiones en las que estaba involucradas, como el plantel donde supuestamente iba a hacerse (la refinería) El Supremo Sueño de Bolívar”. El proyecto para el que el ya fallecido Hugo Chávez y Ortega colocaron la primera piedra en 2007, pero solamente es la refinería que no fue.
Difuso, El Goliat y Syditek: Sanciones directas al bolsillo
La empresa Difuso está vinculada directamente a Juan Carlos Ortega Murillo. Difuso, Syditek y el hijo de la pareja presidencial fueron sancionados el mismo día: 17 de julio de 2020. Una investigación de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas reportó que, entre 2018 y 2019, tres instituciones del Estado: Enatrel, el Instituto Nacional Tecnológico y el Instituto Nicaragüense de Turismo suscribieron contratos con Difuso por el orden de los 147 157 dólares. La investigación se refería a contratos de empresas estatales con sociedades en las que están involucrados los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en conjunto sumaban casi un millón de dólares.
“Difuso opera principalmente por medio de contratos con empresas estatales y el monopolio de la publicidad gráfica en los buses. Ellos siguen operando de cierta manera normal. En lo que nunca vas a volver a Difuso, luego de las sanciones, es en otra situación como la de esta película Drunking Wedding”, dijo un ejecutivo vinculado al negocio de la publicidad, quien tampoco quiso ser citado por temor a represalias de la dictadura.
Drunking Wedding es una película en la que el Gobierno de Nicaragua invirtió 400 000 dólares del Tesoro Nacional, que resultó en un completo fracaso. Un artículo del diario New York Times reveló que, como parte del trato entre la distribuidora estadounidense Paramount Pictures y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), se exigió que Difuso estuviese a cargo de la publicidad audiovisual del filme, que supuestamente se convertiría en un motor para promover el turismo en Nicaragua.
En el caso del Servicio De Protección y Vigilancia SA, comercialmente conocida como El Goliat y Syditek Mundo Digital, estas sociedades fueron alcanzadas por las sanciones del Departamento del Tesoro por su vinculación con José Mojica Mejía, un conocido testaferro de la familia presidencial. Según la sanción emitida por el Departamento del Tesoro, estas dos empresas son señaladas de “lavar dinero para el régimen”.
El Goliat es una empresa cuyo contratista principal es el Estado, ofreciendo servicios de protección y vigilancia en entidades estatales y centros turísticos administrados por el Gobierno y las alcaldías controladas por el Frente Sandinista, lo cual persiste hasta hoy.
Por ejemplo, en Managua, El Goliat está a cargo del resguardo de las principales instalaciones deportivas, como el Estadio Nacional Dennis Martínez, el complejo de piscinas Michelle Richardson, las canchas de tenis del Parque Luis Alfonso Velásquez y el Polideportivo Alexis Argüello. Un reporte especial de La Prensa, publicado en septiembre de 2019, reveló que la Alcaldía de Managua le adjudicó un contrato por 10.1 millones de córdobas en un proceso irregular, por el resguardo de estos centros deportivos.
En el caso de Syditek Mundo Digital, cuya tienda queda ubicada en la calle principal de Altamira, en Managua, esta continúa operando normalmente como un centro minoritario de ventas de computadoras y accesorios derivados.
La propuesta de Andrés Oppenheimer
En una columna publicada en el diario Nuevo Herald, el reconocido periodista Andrés Oppenheimer, aseguró que el actual esquema de sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega no será efectivo para lograr que se ceda en temas de derechos civiles y democracia. Por lo tanto, consideró que ese esquema debería ser modificado.
“Una estrategia mucho más innovadora y eficaz sería que Estados Unidos y Europa inicien una investigación bancaria internacional para documentar la corrupción de la familia Ortega. Amenazar a Ortega con exponer públicamente los negocios turbios de su familia, lo presionaría mucho más que las sanciones económicas”, escribió Oppenheimer, quien entrevistó a Ortega en 2018, cuando el mandatario estaba enfrascado en una campaña para limpiar su imagen tras la masacre a las protestas ciudadanas de la llamada Rebelión de Abril.
Para el columnista, Ortega es un personaje al cual le tiene sin cuidado el hecho de enfrentar un aislamiento internacional y la falta de legitimidad política debido a sus políticas represivas y violatorias de los derechos humanos.
“Además de las sanciones económicas, Estados Unidos y las democracias de todo el mundo deberían investigar las transacciones bancarias de Camila (Ortega) y sus hermanos, quienes aparentemente dirigen una gran empresa familiar, aprovechándose de sus conexiones gubernamentales. Eso expondría la corrupción del régimen de Ortega ante el pueblo nicaragüense. Y eso es lo que más temen los dictadores, mucho más que las sanciones externas”, aseguró Oppenheimer.
El pasado 9 de junio, Camila Ortega Murillo fue sancionada por el Departamento de Estado, siendo la cuarta hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzada por estas, después de sus hermanos Rafael, Laureano y Juan Carlos, y la misma Rosario. Junto con Camila fueron sancionados el diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; y el director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), general de Brigada del Ejército, Julio Rodríguez Balladares.
En total, son 31 los funcionarios y operadores del régimen sancionados por Estados Unidos, y más de media docena de ellos también están sancionados por la Unión Europea y los Gobiernos de Canadá, Suiza y Reino Unido.
Ortega y Murillo se han quejado de las sanciones, pero el pasado 10 de junio fue la primera vez que el Ejecutivo emitió una nota de prensa expresando su rechazo y “enérgica protesta” contra las sanciones impuestas, que calificó como “medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales” dictadas “contra ciudadanos nicaragüenses cuyo único delito es representar, muy en alto, la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo”.
