El portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ejercerá de abogado del empresario inmobiliario Jaime Febrer, considerado el presunto cabecilla del conocido como caso Azud, la trama de corrupción urbanística que cobraba mordidas para conseguir obras públicas, entre 2004 y 2011, en la que también se investiga a históricos dirigentes socialistas.
Antilavadodedinero / ABC
La causa está abierta por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Mata confirmó que asumirá la codefensa de Febrer junto a su «amigo» el letrado Miguel Vergara, después de que ‘Las Provincias’ revelara que la mano derecha de Ximo Puig había visitado la cárcel de Picassent para reunirse con su ahora representado. El constructor se halla en prisión preventiva junto al, hasta su detención, subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, y el exvicealcalde de la ciudad y número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau.
Los tres siguen encarcelados, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 ante el riesgo de destrucción de pruebas, tras ser arrestados a mediados de mayo junto a 11 personas más en la segunda fase de esta operación, que permanece bajo secreto de sumario.
Además de Rubio, próximo al ministro José Luis Ábalos, con quien compartió el grupo de la oposición durante la época dorada del PP en el Ayuntamiento de Valencia y procesado en otra causa sobre contrataciones irregulares de trabajadores en una compañía pública, hay otras dos personas muy vinculadas al PSPV investigadas en esta trama. Una de ellas es Pepe Cataluña, histórico secretario de Finanzas del partido. La otra, José Luis Vera, actual jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, una empresa de la Diputación de Valencia que gobiernan los socialistas con Compromís.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan a Jaime Febrer en el centro de una red de sobornos a políticos de consistorios de toda la Comunidad Valenciana, incluido el de la capital, y diversas entidades públicas locales y estatales para conseguir adjudicaciones de contratos y operaciones urbanísticas. Así lo probarían los documentos y las anotaciones –al estilo de los papeles de Bárcenas– que hallaron en sus oficinas gracias al rastro que dejó José María Corbín, abogado y cuñado de Rita Barberá, detenido en la primera fase de la instrucción hace dos años por su presunto papel como mediador.
Financiación irregular
Los investigadores no han concretado todavía las cantidades que se habrían manejado, aunque cifran en un millón de euros el dinero de las mordidas que habría recibido Alfonso Grau y en menos de medio millón las de Rafael Rubio. No obstante, tratan de determinar si parte de esas comisiones irregulares pudieron ir a parar a la caja del PSPV, algo que sería difícilmente punible, puesto que el delito de financiación ilegal de los partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015 y, en todo caso, ya habría prescrito.
En este sentido, el portavoz socialista, Manolo Mata, no tiene impedimento legal para ejercer la codefensa de Febrer porque renunció a la dedicación exclusiva y puede compaginar su labor parlamentaria con su faceta como penalista. Además, a su juicio no existe conflicto de intereses porque ni «trabajaba en el ayuntamiento ni tenía nada que ver con la Generalitat».
En una rueda de prensa el pasado miércoles afirmó que no conocía a Febrer y recalcó que «no es una decisión del partido» ni «nadie» del PSOE le ha pedido que lo haga, sino que actúa en base a su vocación profesional. «Si algún día tengo que elegir una cosa u otra, elegiré ser abogado: es mi vida, esto –la política– es una cuestión accidental», aseveró. Preguntado por su vinculación con Rafael Rubio, Mata indicó que le sorprendería «muchísimo que hubiera hecho algo ilegal», por lo que espera que se aclare su situación «cuanto antes» porque le «duele» verlo entre rejas y sostiene «radicalmente» su inocencia.
De lo «legal» a lo «estético»
No obstante, desde la oposición no creen que este movimiento sea tan «legal, ético y estético» como él defiende y apuntan que servirá a Mata para obtener información de un caso bajo secreto de sumario y ejercer así como correa de transmisión a Ximo Puig. El PP ha reclamado su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Azud que se abrirá en las Cortes Valencianas por lo que considera un «escándalo», mientras Ciudadanos ha exigido su dimisión por un asunto que ve «oscuro».
Pese al silencio oficial, tanto del PSPV como de Presidencia de la Generalitat, el malestar en ambos casos también es evidente. Mata no solo es el vicesecretario general del partido, sino una de las voces autorizadas de la formación. Además, ha forjado una buena reputación por su habilidad para alcanzar acuerdos, pero también cierta fama de verso suelto. Por ello, algunos de sus compañeros interpretan su decisión como un paso en falso que pone en un brete a Puig y al tripartito autonómico y abre la puerta a «teorías conspiranoicas», como él mismo las calificó.
Los otros dos socios del Gobierno valenciano –Compromís y Unidas Podemos– han cerrado filas en torno al portavoz socialista, pero reconocen que «tiene experiencia en generar ciertas polémicas». Hasta la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, zanjó el asunto aludiendo a que «Mata es Mata».
En algunos círculos ya se sospecha que esta maniobra del número dos del PSPV es el primer paso hacia su relevo en el cargo, que no llegaría hasta que se celebre el congreso autonómico previsto para finales de año.
Operación Azud
El origen
La caída de la facturación del despacho del abogado José María Corbin, desde que su cuñada Rita Barberá dejó la Alcaldía de Valencia en 2015, destapó una red de sobornos por la que se detuvo en 2019 a una docena de personas que fueron puestas en libertad.
Segunda fase
Dos años después de esa primera fase, la UCO realizó en mayo de 2021 registros en viviendas y en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, tras los que se arrestó a 14 personas. Destacaban Alfonso Grau (PP), Rafael Rubio (PSPV) y el presunto líder de la trama, Jaime Febrer.
Prisión sin fianza
La juez decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para estos tres investigados ante el riesgo de destrucción de pruebas.
