La Procuraduría formuló cuatro pliegos de cargos por los escándalos de corrupción que han rodeado la construcción de las etapas II y III del proyecto vial Ruta del Sol. La decisión significa que siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) irán a juicio disciplinario, comenzando por el expresidente de la entidad, Luis Fernando Andrade, quien ya enfrenta procesos penales por los mismos hechos. En concreto se les cuestionan posibles favorecimientos a la multinacional brasileña Odebrecht y a la concesionaria Yuma.
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Odebrecht
En el caso de la Ruta del Sol 2, proyecto del que hacía parte Odebrecht, la Procuraduría le cuestionó a Andrade “la suscripción de los otrosíes 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010 celebrado con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.”. Es el mismo cuestionamiento el que hoy tiene en juicio al expresidente de la ANI: que, supuestamente, adelantó gestiones para firmar estas dos adiciones al contrato y así lograr que la constructora brasileña se quedara con un nuevo tramo de la carretera que no estaba en los planes iniciales: el tramo Ocaña-Gamarra.
Según la Procuraduría, Andrade “habría puesto en funcionamiento todo el aparato que tenía a su disposición en la ANI para lograr la justificación técnica, financiera y jurídica que argumentara esas adiciones con el fin de entregarle, de manera directa, a la mencionada concesionaria un corredor vial diferente al originalmente otorgado (Puerto Salgar a San Roque)”. Pero el expresidente de la ANI no es el único al que se le acusa disciplinariamente de esta conducta: al proceso también fueron vinculados otros cuatro exfuncionarios.
“Dentro de esta investigación disciplinaria también se cuestiona la conducta de Alexandra Lozano Vergara, exgerente jurídica de Gestión Contractual 2; Andrés Figueredo Serpa y Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidentes de gestión contractual y David Leonardo Montaño García, exasesor jurídico de la ANI, quienes habrían avalado, dentro del marco de sus competencias, documentos previos a la firma de los otrosíes 3 y 6”, dio a conocer el Ministerio Público este jueves.
No obstante, el nexo para asegurar que estas gestiones se hicieron con el fin de favorecer a Odebrecht está en otro proceso disciplinario por el que fue llamado a juicio el exfuncionario de la ANI, Juan Sebastián Correa Echeverry. Según la Procuraduría, sería él quien “organizó reuniones entre Andrade Moreno y Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, donde se establecieron acuerdos posiblemente ilegales que viabilizaron la suscripción de las adiciones 3 y 6 al contrato de concesión 001 de 2010”. De estas supuestas reuniones ha dado fe el exsenador Otto Bula.
De hecho, según la Procuraduría, Bula le entregó $100 millones a Correa por ordenes de Bernardo El Ñoño Elías, como pago por estas gestiones. Aunque en este proceso no está siendo investigado Andrade sí es mencionado una y otra vez. Además, en un tercer proceso el Ministerio Público lo llamó a juicio disciplinario porque, supuestamente, habría cambiado el modelo financiero del proyecto Ruta del Sol II, también con otrosíes (el 7 y el 9) y, de nuevo, con el aparente fin de favorecer a Odebrecht. “Al parecer, no se trataba de una simple modificación de la forma de traslado de los recursos, pues se habrían otorgado beneficios de rentabilidad y una flexibilización del esquema de pagos, mejorando el flujo de caja a la concesionaria”, dijo la Procuraduría.
Ruta del Sol 3
El último caso por el que está siendo llamado a juicio Andrade tiene que ver con la Ruta del Sol III, entregada a la concesionaria Yuma. El entonces vicepresidente de la ANI, Germán Córdoba Ordóñez, asegura la Procuraduría, firmó dos otrosíes al proyecto en 2015. “A través de estas adiciones se habrían pactado los estudios y diseños del segundo puente entre Plato y Zambrano, sobre el río Magdalena por valor de $5.788.240.106 con el fin de entregarle, de los recursos comprometidos en estos otrosíes, 650 millones de pesos a Roberto Prieto Uribe”, señaló el Ministerio Público.
Roberto Prieto fue el gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014 y según ha dicho la Fiscalía pudo haberse presentado un concurso para entregarle la obra a Yuma y, de tal forma, obtener recursos que pudiesen tapar unos huecos en la campaña. “Si bien Andrade Moreno no suscribió el otrosí, se habría encargado de proponer, coordinar y gestionar las adiciones para presuntamente favorecer económicamente a un tercero ajeno al contrato de concesión, puntualizó el órgano de Control en el pliego de cargos”, señaló la Procuraduría.
