En la Argentina, cuando se habla de criptomonedas, no se sabe bien de qué se está hablando. Al menos desde el punto de vista legal y, en esta cuestión, todas las personas consultadas están de acuerdo en este punto: por la importancia que cobraron, hace falta un paraguas legal que le dé marco a las operatorias crecientes, que salieron del nicho de los entusiastas para llegar no solo a los individuos sino también a empresas del tamaño de Apple, MicroStrategy y la local MercadoLibre.
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Actualmente, en el país, hay tres proyectos en danza, aunque uno solo fue presentado en el Congreso: se trata del que presentó la diputada del Frente de Todos Liliana Schwindt, y que lleva otra docena de firmas -entre las más conocidas, la economista Fernanda Vallejos, Blanca Osuna y Marcos Cleri-. Además, hay un proyecto del diputado de Cambiemos Ignacio Torres y uno más que comenzó a circular de la lilita santafesina Lucila Lehmann. Los tres proyectos, al menos en sus intenciones, tienen una importante anuencia tanto de oficialistas como opositores al Gobierno nacional.
La primera iniciativa, que lleva el número de Mesa de Entradas 6055-D-2020, fue presentada a mediados de noviembre de 2020 y generó un importante ruido en el ecosistema cripto local. El proyecto nació en un encuentro de 300 alumnos de universidades nacionales en el marco de una actividad legislativa denominada «Cambio de roles», organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (CLNA).
«Nadie nos llamó para conversar antes», señala Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina. «Después sí y hemos tenido reuniones productivas aunque todavía falta mucho», cuenta otro involucrado, en off. Fuentes legislativas reconocen que el proyecto es mejorable, pero que lo importante era comenzar a debatir el asunto.
Entre las cuestiones centrales que plantea el proyecto aparecen la protección del consumidor, la prevención del fraude y otros delitos, la promoción de la competencia privada a partir de una regulación clara, y la innovación tecnológica para fomentar el I+D dentro del ecosistema que redunde tanto en beneficios privados como sociales. Según la iniciativa parlamentaria, la autoridad de aplicación sería la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Torres, por su parte, realizó consultas con el ecosistema cripto local pero no llegó a presentar su proyecto, que sin embargo tuvo amplia circulación periodística. «La primera versión no era buena pero sé que estuvieron hablando con el sector luego», dice la misma fuente. El de Lehmann, en tanto, es catalogado por un experto del sector como un proyecto «más acotado, más serio», pero al cierre de esta edición la legisladora no respondió al pedido de entrevista.
En términos casi filosóficos, argumenta Andragnes, uno de los problemas es el sentido con el que se hacen las leyes, en cuyos considerandos hablan de fomentar el desarrollo del ecosistema pero están pensadas, casi exclusivamente, en rastrear el lavado de activos -«que es mucho menor de lo que se piensa comúnmente», aclara- y en impuestos.
«El ecosistema no está entre las prioridades pero es verdad que las reglas claras ayudan a las empresas», afirma, para luego aclarar que la ONG que él lidera se ocupa de los individuos y en la popularización de todas las soluciones criptográficas existentes (no solo las monetarias) y no hacen lobby empresarial. «En cualquier caso -marca-, hay empresas que operan totalmente en blanco desde 2013 o 2014 y, en ocasiones, te piden más datos que un banco para abrir una cuenta.»
«Hay que definir qué actividades hay que regular, no es lo mismo la actividad de los exchanges que la tokenización de activos o las ofertas iniciales de monedas que estuvieron tan en boga hace tan solo dos años», reflexiona Andrés Ondarra, Country Manager del exchange mexicano Bitso, que este año alcanzó la categoría de unicornio. Los dos proyectos más conocidos públicamente, comenta, intentan abarcar todo pero es complejo: no es lo mismo un banco que una tarjeta de crédito.
En palabras de Santiago Mora, profesor de la Universidad de San Andrés, «ninguno de los dos proyectos tuvo una gran acogida», aunque aclara que el de Torres «abrió más la cancha». Para José Luis del Palacio, cofundador del exchange Decrypto.la, el proyecto del oficialismo es el que tiene más chances de llegar al recinto legislativo y ser debatido allí.
Uno de los puntos centrales, más allá de los impuestos, que pueden correr por un camino separado, tiene que ver con cumplir las disposiciones internacionales contra el lavado de activos. La preocupación tiene asidero, aunque algunos del ecosistema cripto busquen quitarle importancia.
En mayo, el fiscal federal Gabriel González Da Silva, pidió penas de hasta 15 años de prisión para ciudadanos mexicanos y argentinos acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Se cree que los acusados habrían utilizado bitcoin para blanquear el dinero proveniente de sus actividades, hecho por el cual ya se encuentra detenido Emmanuel García, quien podría recibir una pena de 8 años de prisión. Según el Ministerio Público Fiscal, se trata de la primera vez que se juzga el blanqueo de fondos a través de bitcoin.
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
En todos los proyectos existe un inconveniente básico: la respuesta a la pregunta ¿qué se está regulando exactamente? No es lo mismo hablar de criptomonedas que criptoactivos o, peor, la confusa etiqueta «monedas digitales» que vino con la reforma tributaria introducida por la Ley 27.430 y que incorporó la gravabilidad de los beneficios derivados de la compraventa
Dice Juan José Méndez, Chief Brand Officer del exchange argentino Ripio, que la mejor nomenclatura es la que instituyó Japón, que los llama «activos criptográficos», un concepto que nadie utiliza salvo ellos.
Otra posibilidad es que los activos se consideren como un bono o como una acción, es decir, como criptoactivos en lugar de criptomoneda, dado que el uso actual tiene que ver con el atesoramiento o la inversión y no como una moneda de cambio, propone Fernando Schettini, socio de S&A Auditores y Consultores. «Criptoactivo y criptomoneda no es lo mismo; los primeros pueden ser un token y pueden considerarse como un activo financiero», puntualiza.
Mora señala que el Banco Central comenzó, por su parte, a consultar a las cámaras que representan a los bancos y a las fintech para armar un «mapa de jugadores» que prestan servicios vinculados a criptos pero que, por ahora, estas consultas no alcanzan a posibles regulaciones.
«La iniciativa tiene que ser dialogada porque así se viene dando en todo el mundo. Son negocios complejos y es imposible que el regulador, solo, en una habitación, pueda dilucidar todos los aspectos involucrados. Tan amplio es, de hecho, que ninguno de los gurúes cripto puede abarcar todos los intereses en pugna. Es una tecnología auspiciosa, además, que tiene que promoverse y acá en la Argentina hay empresas y startups del sector que ya son referentes mundiales. Una iniciativa unilateral, sea del BCRA o a través de una ley, sería una lástima porque borraría de un plumazo la industria que tenemos; perjudicaría a las empresas, a los usuarios y hasta al mismo Estado porque si este tiene como preocupación el lavado de activos y la evasión, necesita trabajar codo a codo con las empresas. Los que usan criptos, lo van a seguir haciendo pero puede ocurrir que se pasen al P2P, fuera del alcance de cualquier legislación. Tenemos que armar una regulación que sea una referencia mundial para que lleguen exchanges y otras empresas internacionales de criptos a la Argentina», desarrolla, entusiasmado. Para Schettini, lo ideal sería desarrollar un marco normativo simétrico y ordenado a escala regional pero, admite, «es mucho pedir».
La visión del oficialismo, sin embargo, va en línea con lo planteado por Mora respecto al desarrollo del ecosistema, a pesar de las dudas de aquellos consultados del sector privado.
«El proyecto del oficialismo apunta a fomentar y desarrollar inversiones en la Argentina. La tecnología blockchain está en pleno auge y es fundamental garantizar un trabajo serio y responsable para generar el marco regulatorio que necesita el sector para desarrollarse. Tenemos una oportunidad única como país, la tecnología nos pone en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Necesitamos ser el hub de América latina», argumenta Ignacio Vitale, asesor legislativo y coordinador del Observatorio Fintech del CLNA.
Las leyes que podrían llegar, plantea del Palacio, corren detrás de lo que efectivamente ya ocurre en la mayoría de exchanges de todo el mundo, y más aún en los que operan oficialmente en la Argentina.
«Todos son exigentes en lo que es compliance y activaron políticas de KYC (conoce a tu cliente, en inglés), con oficial de cumplimiento incluido. Con una ley, en la práctica no había mayores cambios, solo deberían reportar a la Unidad de Información Financiera en lugar de a los bancos con los que trabajan. Lo que hay que hacer es un proyecto que transparente algo que ya funciona«, marca el emprendedor cripto.
Ondarra argumenta de forma similar. «Todo lo que es prevención de actividades ilícita, la necesidad de establecer políticas claras de onboarding de clientes, monitorear transacciones, todo eso ya lo tenemos, porque con el ingreso del mundo financiero corporativo, e inversores individuales con mayores recursos, necesitamos demostrar quienes somos y darles seguridad de que sus activos estarán seguros con nosotros», remarca. «Somos conscientes que hay lugares más proclives a la regulación que otras y que, además, los reguladores quieren comenzar a percibir tributos», cierra el ejecutivo.
