Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar el martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales. El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, también prevé medidas para controlar las carteras de criptomonedas.
Antilavadodedinero / elpais
La Comisión Europea sigue tratando de tapar los agujeros que aprovechan los grupos organizados para blanquear capitales y financiar actividades delictivas. Bruselas intensificó sus esfuerzos en el último año del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker, tras los escándalos del danés Danske Bank, el alemán Deutsche Bank, el holandés ING, el letón ABLV o el maltés Pilatus Bank. Sin embargo, también advirtió de que ese reguero de dinero sucio no solo corría por las venas del sistema financiero, sino también a través de otros canales como las casas de ciberapuestas o los monederos virtuales.
Algunos socios de la UE decidieron acompañar a la Comisión. La sucesión de esos casos provocó que España, Francia, Alemania, Italia, Letonia y Países Bajos firmaran una declaración conjunta en la que reclamaban crear una unidad supervisora en materia de blanqueo, con competencias sobre todo el sector financiero europeo. La discrepancia entre las capitales se centraba en si tal organismo debe depender de la Autoridad Bancaria Europea (EBA son sus siglas en inglés) o ser independiente. España abogaba por la primera opción, puesto que consideraba que sería más rápida; y su radio de acción, más amplio.
Bruselas ha optado finalmente por una autoridad independiente con una plantilla de unas 250 personas, según el borrador. El Ejecutivo comunitario propone que la agencia, que contará con un presupuesto de 45,6 millones de euros, se cree en 2024 y empiece a funcionar en 2026.
La Comisión se ha decantado por una entidad al margen de la EBA porque sus actuaciones irán más allá del sector financiero. Según el borrador, la AMLA “desempeñará un papel fundamental” en el combate contra el dinero sucio dentro de la Unión. El paquete, no obstante, deberá ser negociado por el Parlamento Europeo y los países miembros.
La autoridad tendrá, entre otras funciones, la de mantener al sistema financiero europeo fuera de la órbita del crimen organizado, evaluando “los riesgos” que originan tanto dentro del mercado interior de la UE como fuera. También procurará la convergencia de las actuaciones de los organismos nacionales y las unidades de inteligencia sobre delitos financieros, que están en el punto de mira al haber actuado solo después de haberse destapado un escándalo. La nueva entidad intentará coordinar sus trabajos y favorecer el intercambio de información entre unidades de investigación.
Entidades bajo supervisión
La AMLA estará encargada de efectuar una evaluación de un grupo de entidades financieras seleccionadas. Según el borrador, se trata de instituciones crediticias que estén establecidas al menos en siete Estados miembros y otras financieras que operen en al menos 10 países de la UE —incluido el país donde tengan su sede—, que cuenten con una filial en otro Estado y que tengan actividad en toda la UE. Eso engloba, pues, empresas que se dedican al cambio de divisas, fondos de inversión, instituciones de dinero virtual, servicios de pago o aseguradoras.
La autoridad deberá valorar, entre otras cosas, el riesgo que supone cada una de esas instituciones según tres criterios: los clientes, los productos ofrecidos y las áreas geográficas que cubre. De ese modo, se considerarán como amenazas la proporción de clientes no residentes o “políticamente expuestos”, el intercambio de activos susceptibles de ser objeto de blanqueo o bien el volumen de operaciones con terceros países en los que se hayan detectado debilidades en esa materia. Esa futura autoridad, que estará siempre sujeta al Tribunal de Justicia de la UE, podrá imponer multas. Las sanciones máximas serán de 10 millones de euros o el 10% de la cifra de negocios anual. Las multas se impondrán de acuerdo con la gravedad de la infracción o el número de países miembros afectados.
El nuevo órgano comunitario tendrá también poderes para actuar en el caso de una entidad “no seleccionada”. Los supervisores nacionales deberán notificar si una compañía está infringiendo las normas de forma “rápida y significativa”, de modo que eso pueda llevar a “dañar la reputación” del país donde opera o incluso de toda la UE. En caso de tener indicaciones de que una entidad esté incumpliendo las directivas comunitarias, la AMLA podrá actuar e incluso imponer sanciones.
Europol calcula que cada año circula por los canales financieros de la UE una cantidad de dinero sucio equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) europeo. Después de los escándalos destapados, la Comisión acometió un estudio en el que concluía que necesitaba más actuaciones para atajar esas prácticas. En especial, en 47 productos o servicios y 11 actividades económicas que constató que movían ingentes cantidades de dinero de orígenes sospechosos. Bruselas, de hecho, puso en el punto de mira el fútbol profesional, las ciberapuestas o las criptomonedas. Por ello, advirtió ya sobre sus intenciones de crear una agencia europea, lo cual es visto también con recelos por algunos países que no quieren que sus supervisores pierdan poder.
