Juan Carlos Galindo es experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica, especializado en blanqueo de capitales y compliance penal (Colegiado en ASPEJURE y AIF). y habla sobre cómo el PPCV ataca sin medida a la Agencia Antifrau en España.
Antilavadodedinero / Lavanguardia
La portavoz del GPP, Eva Ortiz, exigió en pasadas fechas a la Agencia Antifraude que “entregue de inmediato el remanente de 3,7 millones de euros de partidas no gastadas a las arcas de la Generalitat Valenciana como hacen todos los organismos públicos”. Pues bien, yo también le exijo a ella y a su partido, que mejore sus fuentes de información. No es del todo cierto que Antifraude tenga que reintegrar 3.7M de euros.
También según sus informaciones, “la Agencia Antifraude incumple sistemáticamente con la obligación de que aquellas partidas presupuestarias que no se ejecutan y cuyo dinero no se gasta no se lo puede quedar, tiene que ser reembolsado a las arcas de la Generalitat”, siendo “esta práctica por parte de Antifraude reincidente. Lo lleva haciendo desde 2018. Cada año se le requiere y se le advierte que no está actuando bien, pero el Sr. Llinares hace caso omiso a lo que le dice la Intervención de Les Corts”. Añadiendo para terminar, esta perla informativa, “la desobediencia parece ser el “modus operandi” de la Agencia Antifraude”.
A todo esto, se le llama maniobras de desinformación en estado puro. Ya que la problemática real de anti-Frau es más compleja que un simple reintegro y el PPCV debería de ser consciente de ello, ya que es el primer y único partido de la oposición (Cs está en descomposición y Vox ni está, ni se le espera) y tiene la obligación de ejercer de fiscalizador del gobierno valenciano y sus instituciones, incluidas las que no dependan del gobierno, como anti-Frau (depende de las Cortes Valencianas).
Pero el rigor en sus declaraciones debe de estar siempre presente. No valen ataques furibundos y sin fundamento. Quiero pensar que esta vez sus asesores no han hecho sus deberes. En caso contrario han manipulado la información que disponían atacando sin medida a Anti-Frau. Feo, muy feo, si fuera así.
Es de difícil digestión que el PP ataque por sistema a La Agencia Valenciana Antifraude cuando para cualquier partido de la oposición, debería de ser un organismo usado con mucha frecuencia, ya que su cometido es investigar, desde irregularidades administrativas a casos de corrupción política y publica. No se quién les ha metido en la cabeza que Anti-Frau no investiga igual el caso del hermano de Puig que los sobresueldos en el Ayuntamiento de València o que el caso Erial. No lo entiendo, de verdad, ¡no lo entiendo! Tan solo tienen que hablar con su director o con su directora jurídica para darse cuenta de que no son de nadie, ni de nada, tan solo hacen su trabajo, sea quien sea, te lo aseguro. Aunque quizás sea ese el problema, ¿la señora Ortiz se ha reunido alguna vez con el Sr Llinares? ¿Le ha llamado por teléfono? Hágalo Sra. Ortiz seguro cambia su parecer. Además, su partido debería de ayudar a una institución como esta, que esta siendo maltratada por el Consell actual. Déjeme le expliqué a nuestros lectores, Sra. Ortiz.
Los reintegros de la Agencia
Voy a tratar de resumirte la cuestión, no es complicada, pero sí compleja su explicación, ya que, si el plan general contable y su aplicación a una empresa es ya complejo, ni te cuento el de las Administraciones públicas o de los organismos dependientes de las Cortes Valencianas. Pero creo merecerá la pena.
Hagamos resumen:
1º.- La Agencia tiene que devolver las transferencias, de corriente y de capital, que a 31 de diciembre no ha vinculado a obligaciones reconocidas.
2º.- Conforme a las previsiones (artículo 30) de su ley de creación, la Agencia previa auditoria de la Intervención General de la Generalitat y Acuerdo del Consell de compensación con entregas del ejercicio 2018, reintegró las transferencias correspondientes al primero de sus ejercicios por importe de 1.346.682,71 €.
3º.- La Agencia, con la modificación del artículo 30 de su Ley de creación (modificación a través de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat) deja de estar sujeta a la Intervención General de la Generalitat designándose para este cometido de control interno a la Intervención de les Corts y justificando su gestión, anualmente, ante la Sindicatura de Comptes.
Por tanto, a partir del ejercicio 2018, inclusive, la Agencia deja de estar auditada por la Intervención General de la Generalitat, quedando fuera del ámbito de aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. Y con ello, además, la Agencia queda en un vacío legal en orden a formalizar el reintegro correspondiente que pueda producirse.
Esto motiva y fundamenta las sucesivas peticiones que desde la Agencia se han efectuado para conseguir su inclusión en la disposición adicional primera de las leyes de presupuestos de la Generalitat de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, sin haberlo conseguido en ninguna de ellas, a los efectos de solucionar este vacío normativo.
4º.- A la vista de la situación generada y del informe del Interventor de Les Corts, en ejercicio del control financiero permanente, se han efectuado las siguientes actuaciones:
1.- A la Dirección General de la Intervención de la Generalitat, resolución de 20 de julio de 2021, por la que se efectúa:
• Comunicación de los importes de que deben objeto de reintegro a 31 de diciembre de 2020 y cantidades, asimismo, adeudadas por la Generalitat Valenciana. Con la finalidad de que se practique la liquidación correspondiente y esta Agencia pueda proceder a su abono.
• Solicitud de previsión en la ley de presupuestos de la Generalitat para 2022 de la oportuna regulación legal para cubrir la laguna normativa existente.
2.- A la Dirección General de Presupuestos, se le efectúa remisión en fecha 2/08/2021 de:
• Escrito poniendo de relieve la situación existente y reiterando la petición de conferir a la Agencia la correspondiente habilitación legal que subsane el vacío existente, petición que se suma a las ya efectuadas en 2018, 2019 y 2020.
3.- A la Mesa de Les Corts:
• Una vez la Intervención de Les Corts rinde el informe de Control Financiero Permanente y surge la noticia en prensa, se presenta ante la Mesa de les Corts, en fecha 3 de agosto, escrito recopilatorio de las actuaciones efectuadas ante la Dirección General de la Intervención de la Generalitat y la Dirección General de Presupuestos. En este escrito se reitera la situación deudora y acreedora de la Agencia y se solicita su inclusión en la próxima Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2022.
Asimismo, con la finalidad de eliminar cualquier atisbo de duda de que esta Agencia da estricto cumplimiento a la legalidad en el cumplimiento de sus obligaciones, se solicita que el escrito y la documentación que se acompaña sea trasladada a cada uno de los Grupos Parlamentarios i Diputados no adscritos.
La solicitud de esta inclusión persigue que a la Agencia se le aplique el mismo régimen presupuestario que rige para les Corts y sus instituciones dependientes, la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges.
Esta inclusión en la disposición adicional primera, en síntesis, supondría:
1.- La incorporación de los remanentes de créditos de presupuestos anteriores autorizados previamente.
2.- El establecimiento del mismo régimen de pagos de su dotación presupuestaria, librándose mensualmente por doceavas partes.
3.- La posibilidad de reintegrar, con anterioridad a la fecha que se indica anualmente (marzo), la totalidad de los remanentes de tesorería, con excepción de los que fueran susceptibles de incorporación.
5º.- Si bien es cierto que a fecha 31 de diciembre de 2021 las transferencias no aplicadas a reintegrar por la Agencia correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, ascienden a la cantidad de 3.788.353,26 €; no es menos cierto que a esa misma fecha, la Generalitat era, asimismo, deudora de la Agencia por importe de 2.818.288,68 €. De manera que, tras la compensación, el importe en todo caso a abonar a la Generalitat, a 31 de diciembre de 2021, era de 970.064,58 €.
Estos datos han sido objeto de actualización a 30 de junio de 2021, que es lo que se contiene en la resolución del director de 20/07/2021, número 548, y si bien se mantiene invariable el importe a reintegrar, 3.788.353,26 €, la cantidad adeudada a la Agencia asciende a dicha fecha a 2.916.773,64, por lo, tras la compensación, el importe a abonar a la Generalitat, a esa fecha, es de 871.579,62 €.
La situación en la que se ve inmersa la Agencia es consecuencia del vacío legal en la que se quedó con la modificación de su Ley de creación en 2018
En todo caso, es evidente que la cantidad es variable según la Generalitat proceda al abono de las transferencias a la Agencia. Además, el reintegro, la compensación y el abono de la liquidación resultante, solo puede hacerse por la propia Generalitat, al carecer la Agencia de la habilitación legal pertinente que le conferiría la inclusión en la disposición adicional primera de la ley de presupuestos de la GVA.
Por tanto, la situación en la que se ve inmersa la Agencia es consecuencia del vacío legal en la que se quedó con la modificación de su Ley de creación en 2018, que debía llevar aparejada su inclusión en la disposición adicional primera de las sucesivas leyes anuales de presupuestos de la Generalitat.
Por todo ello la información que traslada la Sra. Ortiz en prensa no es veraz, puesto que no se ajusta a la realidad, pues la Agencia no tiene en sus arcas, tal y como se dice, los más de 3,7 millones de euros de transferencias no aplicadas; y ello, por lo ya indicado, pues la propia Generalitat le adeudaba a la fecha de cálculo de ese importe y del mismo, la cantidad 2.818.288,68, que hoy asciende a 2.916.773,64, de los cuales 704.608,70 aún son transferencias no abonadas del ejercicio 2020 y el resto, 2.212.164.94, del año en curso.
