Un portavoz del poder judicial de Túnez informó el 10 de agosto que un juez decidió prohibir viajar a 12 funcionarios, entre ellos un ex ministro y un diputado, por sospechas de corrupción en el transporte y la extracción de fosfatos.
Antilavadodedinero / Monitor de Oriente.
Mohsen El-Dali, portavoz de la oficina judicial económica y financiera, añadió que la prohibición incluye a dos directores generales de la Compañía de Fosfatos de Gafsa (CPG) y a un empresario que controla el transporte de fosfatos.
El presidente Kais Saied declaró recientemente que los implicados en la corrupción en el sector de los fosfatos deben rendir cuentas y que nadie debe gozar de impunidad.
Túnez, que era uno de los exportadores de fosfato más destacados del mundo antes de la revolución de 2011 que acabó con el gobierno del ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, ha recurrido últimamente a la compra de fosfato debido a las interrupciones en la producción y el transporte de la sustancia, como consecuencia de las protestas masivas.
La producción de fosfatos de Túnez alcanzó los 8,2 millones de toneladas en 2010, pero cayó a 3,1 millones de toneladas el año pasado.
El lunes, el activista político tunecino, Iskandar Rekik, confirmó en un post de Facebook que se le había prohibido viajar, diciendo: «No tengo ningún impedimento legal o judicial».
Rekik consideró la prohibición «un ataque flagrante a la libertad personal de movimiento y de viaje, y una clara violación de la Constitución de 2014, de la Constitución de 1959 y de todos los pactos internacionales», y añadió: «Soy un experto internacional y consultor en inversiones y desarrollo de proyectos, y trabajo con muchas empresas extranjeras. No he robado ni saqueado nada, y esta prohibición me impediría ganarme el sustento para mí y mi familia, como una flagrante violación de mi libertad personal.»
El activista político pidió a la Presidencia de la República que levantara la prohibición lo antes posible porque «no es compatible con las promesas del presidente Kais Saied a la comunidad internacional, que se comprometió a preservar las libertades personales de todos los tunecinos».
El domingo 25 de julio, el presidente tunecino anunció que había decidido congelar el trabajo del Parlamento, levantar la inmunidad de todos los diputados, hacerse cargo de la Fiscalía y destituir al primer ministro Hichem Mechichi, tras el estallido de las protestas en varias ciudades.
Saied añadió que asumiría el poder ejecutivo con la ayuda de un nuevo primer ministro cuyo nombre no ha sido anunciado. Justificó las medidas como necesarias para «salvar a Túnez».
La mayoría de los partidos políticos del país tacharon la medida de «golpe contra la Constitución» y los logros de la revolución de 2011.
