El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, admitió hoy que la corrupción rampante en los años precedentes a su mandato fue un proyecto «bien organizado» y admitió que la verdadera extensión del daño causado al país no se puede cuantificar.
Antilavadodedinero / Swissinfo.
«¿Fuimos cómplices? La respuesta es no. ¿Fuimos negligentes? Podría ser, pero no fuimos cómplices», defendió Ramaphosa este jueves, en su última comparecencia prevista ante una comisión de investigación oficial creada para estudiar la presunta corrupción sistémica ocurrida durante el gobierno de su predecesor, Jacob Zuma (2009-2018).
Tanto en la jornada de ayer como en la de hoy, Ramaphosa fue interrogado en Johannesburgo por el juez Raymond Zondo -número uno en funciones del Poder Judicial sudafricano y líder de la Comisión de Investigación del sonado escándalo conocido como la «Captura del Estado»- y su equipo sobre cómo en esos años la corrupción arrasó las instituciones y empresas públicas.
La declaración abarcó desde el uso corrupto de los planes energéticos y de transporte estatales al debilitamiento intencionado de las fuerzas de seguridad e inteligencia, pasando por irregularidades con las concesiones públicas o la designación interesada de altos cargos.
Ramaphosa, que sirvió como vicepresidente del país entre 2014 y 2018, admitió que en esos años no supo ver las «banderas rojas» pero defendió que tanto él como otros en el Congreso Nacional Africano (CNA, gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia en 1994) libraron muchas «batallas» silenciosas.
Pese a ello, el presidente reconoció que considera que la denominada «Captura del Estado» fue un proyecto bien organizado que influyó las decisiones políticas y legales durante años y que sus protagonistas siempre gozaron de protección.
UN DAÑO INCUANTIFICABLE PARA SUDÁFRICA
Ramaphosa reconoció también que los daños de los años de corrupción sistémica son difícilmente cuantificables, en especial en cuanto al perjuicio para la «confianza» pública en las instituciones y la imagen internacional de Sudáfrica, pero incidió en que su gobierno le está dando la vuelta a la situación.
También reconoció que los planes de transformación económica para el país -que 27 años después del fin oficial del «apartheid» sigue siendo uno de los más desiguales del mundo, con la población negra en las posiciones más desfavorecidas- fueron pervertidos por la corrupción.
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno del expresidente Zuma el sistema público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines.
El expresidente Zuma es la figura central de las acusaciones junto a tres entonces poderosos empresarios de origen indio, los hermanos Gupta, que tras la asunción de Ramaphosa huyeron de Sudáfrica y se cree que están en Dubái.
Pero Zuma, que tiene también otras investigaciones de corrupción abiertas, se negó repetidamente a comparecer ante esta comisión y alega que sufre una «persecución» por motivos políticos.
Dado que el Tribunal Constitucional determinó que las citaciones eran obligatorias, el mes pasado Zuma tuvo que ingresar en prisión para cumplir una pena de 15 meses por desacato.
La de Ramaphosa era la última sesión oral prevista antes de que la Comisión se dedique a preparar su informe de conclusiones tras de más de tres años de trabajo, pero Zondo precisó que aún quedan algunos asuntos por finalizar.
Al cierre de la comparecencia de Ramaphosa, Zondo agradeció su apoyo al trabajo de la comisión y resaltó su disposición de someterse a sus preguntas pese a su rol de jefe de Estado.
