Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se niegan sistemáticamente a reconocer que el negocio de la producción y venta del tabaco constituye un factor que puede propiciar el lavado de dinero y la comisión de crímenes financieros.
Antilavadodedinero / ABC
El Grupo Internacional de Acción Financiera, del que forma parte el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sostiene en un informe que este negocio mueve miles de millones de dólares en todo el mundo de forma ilícita. Esta organización está evaluando a Paraguay para decidir si incluirlo o no en una “lista gris” de países que no aplican correctamente los controles necesarios, algo que podría perjudicar gravemente al sector privado y a la credibilidad internacional de nuestro país.
Un reporte del Grupo Internacional de Acción Financiera publicado en 2012 no deja dudas en sus afirmaciones: el negocio del tabaco facilita el lavado de dinero y los actos de las organizaciones criminales transnacionales en todo el mundo, especialmente a través del contrabando.
El documento establece que las organizaciones más complejas que se dedican a este rubro lo comercializan desde su producción natural a través de esquemas financieros sofisticados que propician lo que en inglés se denomina “white-collar crime”; es decir, los crímenes financieros que no requieren de violencia para su comisión.
La comisión de este tipo de delitos “afecta a gobiernos, empresas privadas, trabajo y sociedad”, sostiene el informe, algo que hace que los gobiernos colecten menos impuestos y, en consecuencia, “socave por completo el sistema impositivo”.
Además, el negocio del contrabando ilícito del tabaco puede causar la posible “promoción de la delincuencia y la corrupción dentro de los gobiernos”, algo que “puede coincidir con un aumento de la tolerancia a la criminalidad, que a su vez fomenta y atrae a grupos criminales organizados nacionales e internacionales o contrabandistas oportunistas”.
Pero no solo eso, sino que el tabaco ilícito y su comercialización pueden causar un “efecto severo en la salud del consumidor y la provisión de atención médica”, especialmente cuando la calidad del tabaco “no cumpla con los requisitos mínimos de salud”. Además, la competencia con el negocio legal también deja secuelas que “menoscaban los regímenes regulatorios de los Gobiernos con la industria legítima”.
El mismo reporte -de 80 páginas- cita un sondeo de cómo se comete el contrabando de tabaco por regiones. En América, por ejemplo, se usan camiones con compartimientos falsos, aviones, vehículos comerciales o privados, balsas y hasta mulas.
En otro informe de 2015, esta vez de Gafilat, llamado “Análisis de las amenazas regionales en lavado de dinero” también se menciona un reporte del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera que habla del tabaco como una amenaza para la comisión de lavado de dinero.
Y, como si fuera poco, también en 2019 se hace mención del negocio ilícito de tabaco en otro reporte sobre las conclusiones de un taller hecho en Panamá en 2019 sobre lavado de dinero.
Dentro del texto se lee la perspectiva del sector privado dentro de ese taller: “El sector del tabaco es particularmente vulnerable al comercio ilícito y a los esquemas de lavado de dinero, ya que las organizaciones criminales utilizan este producto como un vehículo para blanquear el producto de la delincuencia actividad o para financiar actividades terroristas”.
Vista gorda
El pasado 4 de agosto, con 34 votos colorados y 14 liberales, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que rechaza incluir a los clubes de fútbol y tabacaleras como sujetos obligados de control de lavado de dinero.
Los colorados cartistas manifestaron que con este proyecto simplemente se buscaba afectar al expresidente Horacio Cartes, dueño de Tabacalera del Este SA, una de las empresas que más rentabilidad le dan a su conglomerado empresarial: el Grupo Cartes. Aunque sostenían que clubes y tabacaleras ya eran controlados, insistían en rechazar la versión que las incluía taxativamente en el control por ser “redundante”.
Examen de Gafilat
Paraguay está bajo un examen de Gafilat desde hace años, pero se prevé una visita presencial dentro de este mes para el cierre de la evaluación.
Si Paraguay es enlistado, existe un alto riesgo de cierre de cuentas de corresponsales bancarios en el exterior a las entidades locales, ya que las sedes pueden optar por no operar con nuestro país como medida para eliminar cualquier riesgo de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.
Esto se traduciría en importantes daños económicos para importadores y exportadores, que no podrían, en muchos casos, realizar transferencias de fondos para la compra de insumos ni comercialización de sus productos.
Las naciones pueden ser ubicadas en la lista negra cuando se hayan “aplazado” en las medidas recomendadas por el GAFI. En este caso, deben implementar “contramedidas financieras”.
En la lista roja, el organismo alerta sobre el nivel de riesgo de los países que forman esta categoría. En el caso de la lista gris oscurecida, revela la deficiencia de los países en los sistemas preventivos; es decir, que incumplen su plan de acción para revertir sus debilidades.
Finalmente, los Estados pueden ser incluidos en la lista gris cuando presentan deficiencias en sus sistemas preventivos. Sin embargo, tienen un compromiso político y plan de acción para salir de la situación (portal del GAFI).
Paraguay había ingresado en dos ocasiones -2008 y 2012- en la lista gris. En esos años, el país no había salido aún a los mercados internacionales con la emisión y colocación de bonos soberanos, por lo que las consecuencias de ese entonces no pueden compararse siquiera si Paraguay vuelve a caer en la mencionada categoría.
