Entre las principales observaciones que distintos abogados constitucionalistas y especialistas en leyes han hecho a la propuesta de reformas a la Constitución es que ha habido cambios estructurales en la visión filosófica del Estado, tal como lo afirma el abogado Enrique Anaya, quien agrega que estas propuestas están encaminadas hacia manifestaciones totalitarias promovidas por el actual gobierno.
Antilavadodedinero / ElSalvador
Según el constitucionalista, el borrador final de la propuesta de reforma a la Constitución de la República significaría “un retroceso” en términos de democracia, debido a que la “visión filosófica ha girado 180 grados para convertirse en una visión estatista que deja a la persona humana en segundo plano.”
Esto debido a que desde el inicio se ha creado un “capítulo único” titulado como “El Estado” que posee un “artículo único” que establece todo lo relacionado al Estado y su funcionamiento, algo que en la Constitución vigente no se aborda sino hasta el Art. 84, ubicado en el Título III de la misma.
Con este cambio, según Anaya, “se están cambiando cosas importantes de la Constitución de 1983 (vigente) que significó un gran avance al priorizar a la persona humana”, por lo que la nueva propuesta se parecería más a la Constitución de 1950, que poseía un enfoque similar.
En este sentido, Anaya advierte que en el caso de la propuesta de reforma del Art. 53 podría significar la posibilidad de que el Estado se haga del control de los medios de comunicación, una figura que no está presente en la actual Constitución y que se ha incluido en la propuesta, misma que establece que “los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la promoción de la educación.
Según el constitucionalista, estos cambios y reformas propuestos poseen una característica dialéctica que, a simplemente vista parece que no son muy graves, pero a nivel macro sí representan un enfoque totalitarista.
La abogada Ruth Eleonora López destacó en su cuenta de Twitter que el borrador de propuesta elimina una parte de artículo 58 de la Constitución que habla de la incompatibilidad de un partido único con la forma de Gobierno.
“La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución”, dice el artículo.
Otro de los artículos que Anaya cuestiona es el 50, mismo que según el abogado, vislumbra un aviso de lo que sería la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones para que sea el Estado quien controle esos fondos.
En la propuesta de reforma al Art. 50 se puede leer que “la seguridad social constituye un servicio de carácter público y obligatorio”, y más adelante agrega que “dicho servicio será prestado por una o varias instituciones del Estado”, algo que se diferencia de la Constitución actual que no delimita dichas instituciones al plano público y que, por lo tanto, da paso a que existan administradoras de fondos de pensiones privadas. “Con esta reforma se anuncia la confiscación de ahorros de pensiones de los salvadoreños”, señala Anaya.
Similar opinión tiene el presidente de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), José Marinero, quien considera que este giro en el enfoque “está pensado para la consolidación de un modelo autoritario” del actual gobierno, debido a las múltiples violaciones que ha cometido contra la Constitución desde que inició el mandato en 2019.
Ante esto, Marinero agrega que las propuestas carecen de credibilidad porque “el Gobierno tiene cero credenciales democráticas para ofrecer una Constitución progresista” (en relación a los derechos que se agregan a la propuesta) y señala las distintas acciones que el Ejecutivo ha realizado contra el acceso a la información pública o a la libertad de prensa, por ejemplo.
Para el abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la propuesta de reforma constitucional carece de legitimidad debido a que no se ha seguido el proceso establecido por la misma Constitución en el Art. 248, donde se puede leer que la iniciativa debe nacer de diez o más diputados de la Asamblea Legislativa. “El debate y la idea de la reforma constitucional no proviene de sectores sociales ni de los diputados, sino del Ejecutivo, lo cual le resta legitimidad al proceso”, señala.
Además, opina que agregar el referéndum como mecanismo de ratificación de reformas constitucionales “le quitará el carácter rígido al proceso” mismo, debido a que “una correlación legislativa y una campaña electoral pondría en riesgo la seguridad jurídica y la Constitución, pues sería muy fácil hacer cambios”, afirma.
Marinero, por su parte, cree que el proceso “de consulta” con distintos sectores que anunció Ulloa sería una excusa para “buscar legitimar el proceso” y hacerle creer a la población que es una propuesta del pueblo, sin embargo, también cree que definir un mes para ese proceso es algo “irracional y, por lo tanto, irreal”.
