El PCC suele ser considerada la pandilla criminal más poderosa de Brasil, pero un caso judicial que se adelantó recientemente en su contra traza una imagen que desmiente la reputación del grupo como una organización criminal transnacional estricta y jerárquica.
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En el caso, que fue presentado en 2018 por fiscales del estado de Mato Grosso do Sul, ubicado en el este de Brasil, se acusa a 30 personas de ser integrantes del Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC).
A los acusados se les imputaban cargos como tráfico de armas, venta de estupefacientes, lavado de dinero y el uso de menores para cometer actos delictivos. El grupo operaba una serie de redes pequeñas, que en varias ocasiones los fiscales denominaron como “núcleos” del PCC. En realidad, un núcleo puede estar constituido por miembros del PCC o por una mezcla de miembros, socios y parientes.
*Esta historia es parte de una investigación de dos años del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) e InSight Crime sobre el PCC. Lea la investigación completa aquí. Lea el PDF completo aquí o descárguelo del Social Science Research Network.
Uno de los crímenes mencionados con más frecuencia durante el caso fue la venta de drogas. La policía y los fiscales presentaron ante el tribunal numerosas grabaciones telefónicas en las que varios acusados hablan sobre la venta de drogas. En una de las grabaciones, Dagner Saul Aguilar Gil, alias “Pacho”, un integrante del PCC encarcelado en Mato Grosso do Sul, organiza la venta de medio kilo de “óleo” (TK) y 100 gramos de “pó” (polvo o cocaína) de una persona identificada como Marcos Ferreira da Silva, alias “Praia” (Playa). Ambos habían hecho negocios previamente, y durante la llamada, Ferreira le insiste a Aguilar que el mensajero, y no él, es quien debe llevar las drogas: “Envía las drogas así [mediante un mensajero]”, le dice Ferreira, “porque así están seguras, así no se pierden, ¿entiendes?”.
La policía escuchó dicha conversación, y el mensajero fue atrapado.
Algo que aparece en el caso como un rasgo distintivo del PCC es que Aguilar también administraba vehículos robados y permanecía en contacto con una reclusa, Odete, la cual, junto con Ferreira, conseguía armas para el grupo. Mientras que, por otra parte, la hija de Odete abría cuentas bancarias para la organización.
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De hecho, parece que cada uno de los núcleos del grupo opera diversas empresas criminales. A diferencia de muchos grupos criminales transnacionales, que se dedican a un pequeño número de negocios o encomiendan tareas a diversos especialistas, el PCC parece dispersarse en muchas tareas diferentes.
El primer núcleo que se menciona en el caso contaba con un mototaxista que le llevaba drogas su hijo, un miembro del PCC en prisión. Parte de dicho núcleo fue arrestado en un apartamento donde el grupo almacenaba armas de alto calibre.
El propietario de ese apartamento, afirman los fiscales, era un preso que, además de administrar el depósito de armas, era el “administrador general del estado y del país”, lo que significa que era responsable de catalogar a los miembros del PCC.
Aunque es una pandilla carcelaria, el PCC es quizá la organización criminal más burocrática de la región. Lleva registros de sus miembros, las familias de estos, sus patrocinadores y el recorrido de los integrantes dentro del grupo.
Las estrictas prácticas contables y las referencias a la jerarquía del PCC suelen delatarlos. Los fiscales del caso Mato Grosso do Sul, por ejemplo, lograron demostrar que varios acusados eran miembros de la organización —lo cual es un delito en Brasil— debido a sus referencias a un “Padrino”, como se les conoce en el PCC a los patrocinadores, o a un “geral”, líder o “gerente” del grupo.
Por ejemplo, un miembro del primer núcleo que se menciona en el caso le dice a su padre, el mototaxista, que él es el “gerente de la región norte”, lo que para los fiscales significa que él es responsable de todas las operaciones de tráfico de drogas y armas en la zona norte del estado.
La policía dice que otro de los acusados es el “gerente del estado de Rondônia”, lo que según ellos confirma que el hombre controla el “bautismo” de los nuevos integrantes en el estado vecino, así como la estrategia expansiva del PCC y sus enfrentamientos con rivales en Rondônia, un estratégico corredor para las drogas y los ingresos de la minería ilegal procedentes de Bolivia y Venezuela.
Aún más, en el caso se hacen numerosas referencias a los “disciplina”, como se les conoce a los encargados de imponer las normas en la organización, especialmente en lo que se refiere al cobro de “deudas” a los miembros que trafican drogas. Y las amenazas no son en vano.
“Aproveché que me reuní [con la persona] y [la] acosé”, le dice un acusado a otro en una conversación interceptada, haciendo referencia a las acciones inminentes de un “disciplina” del PCC contra un deudor.
Pero si bien hay indicios de estructuras de poder verticales que ejercen un estricto control sobre los integrantes del PCC, lo que más se percibe en el caso es una organización poco cohesionada y que tiende a utilizar amplias redes para hacer negocios en los que son inexpertos, lo cual tiene costos para ellos.
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Podría decirse que el mejor ejemplo de esto último es el caso de Tânia Cristina Lima de Moura. Considerada como la “mano derecha” de uno de los miembros del PCC en prisión, Lima de Moura abre cuentas bancarias a nombre de la hija y el nieto del integrante del PCC, el cual, según los fiscales, por entonces tenía unos 10 años, y mueve más de 50.000 reales (unos US$9.000) en dichas cuentas. Ella además intercambia camiones robados por drogas, una práctica común en el PCC, y organiza el traslado de drogas de Mato Grosso do Sul a Campinas, una de las principales ciudades del estado de São Paulo. Lima de Moura fue capturada en junio de 2018.
En otro ejemplo, el PCC utiliza a un menor para transportar marihuana “skank” en autobús. El menor es detenido en su trayecto y arrestado con las drogas y un teléfono celular LG que el PCC le había dado para que se comunicara con ellos. En otro caso, en una grabación telefónica se escucha a un líder del PCC en la cárcel, furioso porque otro menor había sido arrestado por no ocultar adecuadamente las drogas que llevaba adheridas con cinta a su cuerpo.
“Mira [lo que acaba de pasar], pagué 4.500 reales por un kilo de skank, y el muchacho resultó ser un fiasco”, dice el líder en la grabación.
Incluso los profesionales que el PCC utiliza cometen errores tontos. Un guardia que la pandilla emplea para extraer información, está involucrado en el caso contra el grupo porque no pudo ocultar que usó el sistema informático interno de la policía —Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO)— para averiguar sobre los casos contra miembros del PCC.
En su veredicto, la jueza reconoce diferencias entre los miembros del PCC, como “operador”, “lacayo”, y lo que se podría denominar “ninguno de los anteriores”. De los 30 miembros acusados, 23 fueron condenados.
