Mientras los talibán intensificaban el jueves la persecución contra las personas que han trabajado o colaborado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, Washington contó con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales para bloquear el acceso a miles de millones de dólares en fondos y reservas a los talibanes. Sin embargo, la venta de drogas y otras actividades ilícitas amenazan con socavar cualquier presión por parte de la Administración Biden y el resto de aliados occidentales.
Antilavadodedinero / El Economista.
El floreciente poder financiero de los talibanes podría hacer que estos sean inmunes a la presión de la comunidad internacional mientras negocian su nuevo papel en el Afganistán.
Comercio ilícito
Según un informe encargado por la OTAN, el grupo militante se ha beneficiado del comercio ilícito de drogas, la minería ilegal y las exportaciones, llegando a ingresar hasta 1.600 millones de dólares en su último ejercicio fiscal (finalizado en marzo de 2020). En 2018, la ONU ya avisó que los opiáceos del país suponen entre el 6 y el 11% del PIB del país y superaron con creces el valor de las exportaciones lícitas de bienes y servicios del país registradas oficialmente.
Un desglose de los ingresos muestra que el grupo obtuvo durante el último ejercicio económico unos 464 millones de dólares de la minería, 416 millones de dólares del narcotráfico, 240 millones de dólares de países extranjeros y particulares, otros 240 millones de dólares gracias a sus exportaciones, 160 millones de dólares en impuestos y 80 millones de dólares en bienes inmuebles.
Los ingresos declarados por los talibanes coinciden con las cifras facilitadas por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que proyecta que los ingresos del grupo «oscilan entre 300 millones de dólares y más de 1.600 millones de dólares al año».
La clave del aumento de los ingresos han sido los beneficios de la minería, que han pasado de 35 millones de dólares en 2016 a 464 millones en 2020, con China y Emiratos Árabes Unidos posicionándose como los mayores compradores de las materias primas. Pero el comercio ilícito de opio también sigue siendo una importante fuente de ingresos. Alrededor del 90% de la heroína del mundo procede del valle del río Helmand, un bastión talibán en el sur de Afganistán.
La creciente destreza monetaria de los talibanes ha sido supervisada por Mullah Mohammad Yaqoob, el nuevo y ambicioso jefe militar que se ha hecho cargo de la financiación del grupo. Yaqoob, hijo del difunto líder espiritual de los talibanes, el Mullah Mohammad Omar, es también considerado como el artífice de la impresionante campaña que ha llevado al grupo de nuevo al poder.
Washington ha congelado ya miles de millones de dólares en activos del gobierno afgano y ha frenado los envíos de efectivo al país. Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional anunció a última hora del miércoles que el nuevo gobierno de Afganistán no podrá tener acceso a los activos de reserva y a otros recursos a partir de la próxima semana. El FMI asume que «falta claridad» en la comunidad internacional en relación al reconocimiento de la futura Administración afgana. «Como siempre, el FMI se guía por las opiniones de la comunidad internacional», dijo la institución en un comunicado. Al igual que otros países, Afganistán iba a recibir el lunes 455 millones de dólares (unos 390 millones de euros) en derechos especiales de giro, canjeables por efectivo.
Como ya le ocurriese a Venezuela o Birmania, Afganistán recibirá los activos, pero en realidad no podrá controlarlos ni cambiarlos por divisa alguna. Los funcionarios estadounidenses han centrado sus esfuerzos en el Banco Mundial y el FMI. Mientras la mayoría de los miembros de estas instituciones financieras internacionales no reconozcan oficialmente a los talibanes como gobierno legítimo, no podrán acceder a los fondos. Más de la mitad del presupuesto anual de 5.000 millones de dólares del país se sufraga con ayuda exterior.
Tanto afganos como extranjeros continuaban batallando el jueves para atravesar los controles talibanes y las multitudes para llegar al aeropuerto de Kabul, un día después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, confirmase que las tropas estadounidenses se quedarían el tiempo necesario para evacuar a los estadounidenses. Los líderes políticos afganos han informado en las últimas horas de varias reuniones para tratar de dilucidar el futuro del país tras la toma de Kabul por parte de los talibán, un grupo al que han reclamado que adopte medidas en favor de la inclusividad, la seguridad o la justicia social.
El expresidente Hamid Karzai y el principal negociador de la fallida paz con los talibán, Abdulá Abdulá, han tomado las riendas tras la huida de Ashraf Ghani, que reapareció desde Emiratos Árabes Unidos para asegurar que renunció a seguir en la Presidencia y optó por el exilio para evitar un derramamiento de sangre. Ghani tachó de «completamente infundadas» las afirmaciones del embajador de Afganistán en Tayikistán, Mohammad Zahir Aghbar, quien acusó al expresidente de marcharse «cargado de dinero» con cerca de 169 millones de dólares en efectivo.
Al acecho de colaboradores de EEUU y la OTAN
Pese a las declaraciones públicas, los talibanes aumentan la persecución contra las personas que han trabajado o colaborado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, según reveló un documento confidencial de la ONU al que tuvo acceso la BBC. Según el mismo, «los talibanes están arrestando y amenazando con matar o detener a miembros de las familias de individuos concretos a menos que se rindan ante ellos». El Centro Noruego de Análisis Globales, que proporciona información de Inteligencia a la ONU, advierte de que los insurgentes ya reclutan a personas para integrar nuevas redes de informantes que colaboren con el futuro gobierno talibán.
