La lucha contra la corrupción y la demanda por el cese de la impunidad han sido puntos de inflexión en la vida política de Guatemala y los pueblos que la habitan. Actualmente Guatemala vive una nueva tensión respecto a la lucha contra la corrupción que encarna el llamado “Pacto de Corruptos” (compuesto por el Ejecutivo encabezado por Alejandro Giammattei, el Ejército y redes de mafia incrustadas en el Estado) y que tiene sometida a una mayoría de la población que aspira a cambios reales, estructurales, en una Guatemala empobrecida y violentada.
Antilavadodedinero / CELAG.org
Entre los diversos sectores confrontados emerge también el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU) que prioriza el problema migratorio y ha hecho de la estrategia contra la corrupción su punta de lanza para, supuestamente, disminuir los flujos. Todo ello en medio de una Centroamérica que ha ido restando terreno político al Gobierno estadounidense y dejando a Guatemala en casi el único aliado estratégico en el Norte de la región.
Así, las demandas legítimas de buena parte de la población sobre el cese de la corrupción y la impunidad, se enfrentan a complejas relaciones de poder que buscan mantener la cooptación del Estado guatemalteco y, también, la hegemonía estadounidense sobre Centroamérica.
Guatemala en la encrucijada judicial
En 2007, por solicitud del Gobierno de Guatemala, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tras un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas (ONU). En 2010 fue creada la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a lo interno del Ministerio Público; la FECI sería la encargada de trabajar de la mano con la CICIG.
Años más tarde vendría la reconocida época dorada de la CICIG. En 2015 la CICIG, junto al Ministerio Público, dieron a conocer la investigación del caso “La Línea”, que implicaba en una larga cadena de corrupción en el sistema aduanero al presidente de entonces, Otto Pérez Molina, y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Tras movilizaciones populares impresionantes, Pérez Molina y Baldetti fueron sometidos a renunciar y posteriormente privados de libertad hasta la fecha.
Los aires de cambio fueron efímeros, pues en las urnas resultó electo un otusider en la política guatemalteca: el comediante Jimmy Morales. Encabezando el Ejecutivo y tras ser implicado en un caso por financiamiento ilícito de la campaña electoral –y sus familiares condenados por peculado y lavado de dinero–, Morales emprendió una persecución política a la CICIG: declaró non grato al comisionado Iván Velásquez e impidió su entrada al país junto a otros(as) funcionarias de CICIG hasta lograr que su mandato culminara en septiembre de 2019. Su impunidad, en buena medida, se debió a que había sido bendecido por el Ejército, el Pacto de Corruptos,i redes de mafias y el crimen organizado cooptador del Estado.
Paralelamente, Jimmy Morales profundizó el modelo neoliberal imperante, la militarización de la vida cotidiana, el empobrecimiento sostenido y blindó la protección de la clase política guatemalteca.
Estas tareas serían heredadas por Alejandro Giammattei, quien asumió la Presidencia en enero de 2020. Con la CICIG fuera, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sería la encargada de continuar la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público. La FECI, dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval, estableció una serie de investigaciones que le generaron un creciente respaldo desde sectores populares, organizaciones civiles y medios de comunicación populares. Por su parte, a principios de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos le otorgó al fiscal Sandoval el premio de “Campeones Internacionales Anticorrupción” por su labor en la FECI.
Meses después, el Gobierno de Joe Biden insistió en que la lucha contra la corrupción en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica era la estrategia clave para disminuir la migración irregular hacia EE. UU. Ese mensaje sería respaldado por la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a principios de junio a Guatemala (el único país de la región que fue visitado por Harris). En esa visita, la vicepresidenta presentó al task force, un equipo de trabajo que daría asesoría y acompañamiento a los ministerios públicos del Triángulo Norte en la investigación y judicialización de casos de corrupción.
Con ello, la estrategia de Misiones Internacionales que operaban a escala nacional serían sustituidas por un ente regional. Estas acciones, además, son reafirmadas e impulsadas por Juan González, director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental y asesor de Biden, y por Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica.
El 23 de julio, la fiscal general, Consuelo Porras, destituyó al fiscal Sandoval. El comunicado oficial del Ministerio Público es escueto y alude a que la FECI lleva a cabo investigaciones selectivas, subjetivas e imparciales: “Con base en el principio de de jerarquía y lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público es responsable de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ha tomado la decisión de remover de su cargo al Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval Alfaro”.
Desde entonces, organizaciones de pueblos originarios, campesinas, populares, de mujeres, feministas, estudiantes, de víctimas de la guerra civil y otras se aglutinaron en respaldo a la FECI y a la exigencia de renuncia a Giammattei y a Consuelo Porras. A estas demandas se suman las denuncias sobre el mal manejo de la pandemia de COVID-19, pues actualmente Guatemala es de los países latinoamericanos que menos ha avanzado en el proceso de vacunación –incluso, hay un contrato ya establecido, y en teoría pagado, pero las vacunas Sputnik no han llegado–. Al mismo tiempo, el país enfrenta la tercera ola de contagios. Al 21 de agosto hay 50.196 casos positivos estimados y 11.500 personas fallecidas registradas.
El hashtag #DesconsueloDeCorruptos da cuenta de las importantes movilizaciones en contra del Ministerio Público y el Ejecutivo. Nuevamente, las calles de Guatemala están llenas de acciones colectivas que siguen demandando el cese de la impunidad, de la corrupción y de todos los embates contra las clases populares que sobreviven en el país. Paralelamente, el Gobierno estadounidense ha respaldado a la FECI, condenado la acción de la fiscal Porras –a quien además consideran de poca confianza– y ha prometido retirar cooperación con Guatemala de continuar la destitución de Sandoval.
Por su parte, Sandoval denunció que la fiscala Porras ha detenido distintas investigaciones en las que Giammattei y otros políticos están implicados, e insistió en que su destitución es parte de una persecución política. Actualmente, Sandoval se encuentra en Estados Unidos y su abogada presentó un recurso de amparo contra Porras y el acuerdo 2157-2021 que posibilitó la destitución de Sandoval.
Así el contexto, las relaciones entre EE. UU. y Centroamérica continúan transformándose.
¿Reconfiguración de las relaciones entre EE. UU. y el “Triángulo Norte”?
Las alianzas de EE. UU. en el Triángulo Norte se han configurado tras la llegada de Biden. A Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, el Gobierno de Biden le ha dado la espalda, particularmente a raíz de su inocultable alianza con el narcotráfico y el crimen organizado. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha hecho mofa de las declaraciones del Gobierno estadounidense respecto a la separación de poderes, la falta de transparencia, la corrupción y al autoritarismo del Ejecutivo salvadoreño. Esta tensión se recrudeció tras la decisión de la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas –el partido político fundado por Bukele– de destituir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al fiscal general de la República.
Un nuevo pico de tensión se alcanzó cuando Bukele culminó el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Todos los hechos anteriores dejarían a Guatemala como el único aliado de Estados Unidos en el Norte de Centroamérica y reconfigurarían, también, el rol pasivo de Costa Rica y Panamá como las bases para el control estadounidense sobre el istmo centroamericano.
Así, saltan a la vista las acciones que puedan desprenderse del Gobierno de Biden hacia una región que está en su zona de influencia inmediata y en la que ha ido perdiendo terreno simbólico y político. Entre ellas, el lawfare se perfila como la piedra angular de su estrategia, la cual no levanta mayor sospecha por parte de organizaciones y sectores movilizados que legitiman la lucha contra la corrupción, como si no fuese una estrategia más para la hegemonía estadounidense. La corrupción, para buena parte de las personas centroamericanas, es el punto cero de las problemáticas presentes.
Demandas: entre el cese de la corrupción y la impunidad históricas y la demanda de un proceso constituyente popular y plurinacional
La bandera anticorrupción es legítima en poblaciones agotadas del hostigamiento constante de la clase política que las arroja al empobrecimiento sostenido y, ahora, a una enfermedad que podría ser letal. En Guatemala la lucha contra la corrupción se ha convertido en punto de inflexión política, que a pesar de la legitimidad de la demanda por parte de los sectores afectados, no deja de ser un terreno minado de injerencismo y que no ha implicado un cambio estructural en la vida del país. Prueba de ello son los alcances de las grandes movilizaciones en 2015: en el plano estatal, ninguno.
Frente a estas limitantes, surgen otras demandas y esfuerzos. Entre ellos se encuentra el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el brazo electoral de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que con el liderazgo de Thelma Cabrera alcanzó tres escaños en el Parlamento en su primer contienda electoral (2019). También, ante la coyuntura de la destitución del fiscal Sandoval, la autoridad ancestral del pueblo maya poqomam, CODECA y otras organizaciones han demandado una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional; esto en aprendizaje a lo logrado en 2015.
La coyuntura guatemalteca continúa álgida; todavía hay sectores movilizados contra la destitución de Sandoval y por el mal manejo de la pandemia. Sin embargo, el fondo de la tensión tiene que ver con la posibilidad real de que este nuevo enfrentamiento pueda florecer en propuestas alternativas a la política en clave racista, neoliberal y misógina que impera en Guatemala, cimentada en una honda corrupción
