Continúa el escándalo frente a la falta de acción del Ministerio Público Fiscal y también de la Unidad de Información Financiera, en rol de querella, quienes no apelaron el fallo del juez Julián Ercolini, a través del cual se sobresee a Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, directivos de la empresa Techint, por pago de coimas a funcionarios en el marco de la causa “Cuadernos”.
Antilavadodedinero / Inecip.org
Recordemos que los fiscales Carlos Rivolo y Carlos Stornelli, al comienzo de la investigación, habían solicitado la prisión preventiva de Paolo Rocca y otros, al tiempo que sostenían en sus dictámenes que “los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público”. Pese a esto, el Ministerio Público no avanzó con la acusación.
La fiscalía a cargo de Stornelli no solicitó la elevación de la causa a juicio y el juez tomó esta inacción para resolver el caso y sobreseer empresarios, avasallando el principio acusatorio.
La actuación del fiscal en esta causa es un claro ejemplo de incumplimiento de deberes de funcionario público, que se suma al procesamiento que pesa en su contra por hechos de extorsión y escuchas ilegales llevadas adelante en el marco de la investigación de este caso.
Por su parte, el Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, avala y sostiene la actuación de este fiscal en la causa “Cuadernos”. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, brilla por su ausencia. Todo ello demuestra cuál es la política criminal que determina el actual procurador y cuál ha sido el rol que han querido darle a la acusación en este caso.
Los organismos de control del Poder Ejecutivo tampoco tuvieron un rol protagonista en esta instancia. Nadie apeló la resolución del juez Ercolini, ni siquiera la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante. Lo que nos demuestra que las concesiones al poder económico no son solo judiciales.
La connivencia entre el Poder Económico y los distintos Poderes del Estado Nacional, es manifiesta. Las prácticas están al día de la construcción de impunidad de los poderosos.
La reforma judicial, la implementación del sistema acusatorio adversarial a nivel federal, la definición de políticas criminales que comprendan a la corrupción como un fenómeno que se inscribe en un universo más grande que es la criminalidad económica, es una urgencia que tenemos como país.
