Se cuentan por cientos de miles en toda América Latina y abren una brecha de dolor e incertidumbre en familiares y amigos. Pero las consecuencias de las desapariciones de personas van mucho más allá de la angustia del entorno cercano. Sus huellas se perciben en una sociedad tristemente familiarizada con la ausencia impuesta de forma repentina e inexplicable y con la sensación de que los responsables de las desapariciones quedan impunes.
Antilavado de dinero / DW.
Según diversos organismos de derechos humanos, alrededor de noventa mil personas fueron desaparecidas entre 1966 y 1986 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Esa cifra se ha duplicado con creces en los años posteriores hasta 2021, con Colombia y México liderando la tremenda estadística.
La «pionera» legislación mexicana
Sin embargo, es muy complicado cuantificar con exactitud el fenómeno. «Las cifras son dinámicas. Las personas que desaparecen lo hacen en diversos contextos. Cuando el Estado las desaparece u ordena que las desaparezcan, es lo que tradicional y jurídicamente se conoce como ‘desaparición forzada’, como en las dictaduras militares latinoamericanas, cuando iban policías a las casas para detener individuos sin orden de aprehensión. La familia iba después a la prisión y tropezaba con la respuesta ‘aquí no hay nadie’ y ‘no fuimos nosotros’. Una vez el Estado tiene la voluntad política de admitir que se han producido esas detenciones ilegales, el problema es cómo registrar a las víctimas», explica a DW la experta mexicana Deborah Ruiz, de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP por sus siglas en inglés).
Pero las personas pueden desaparecer también por acción de individuos o grupos privados, principalmente del ámbito del crimen organizado, y por otras razones, como catástrofes, desastres naturales y otros fenómenos. Desde 2018, la legislación de México trata de dar las mismas garantías a las víctimas sin importar la causa de la desaparición. «Esa ley es pionera en ese sentido y refleja un éxito social de las víctimas que se unen y piden una respuesta para todo tipo de desapariciones», valora Deborah Ruiz, que piensa que ese reconocimiento legal es el camino que debieran seguir las legislaciones de otros países. «El Estado debe actuar ante una desaparición sea cual sea su causa, investigando quién es el responsable», agrega la experta.
La distinción jurídica entre ‘desaparición forzada’ (con intervención del Estado) y ‘desaparición’ contribuye al baile de cifras en las estadísticas. Además, hay ciertos contextos que, por su propia naturaleza, agregan mayor dificultad a la hora de cuantificar el fenómeno de las desapariciones. Es el caso de los migrantes centroamericanos y de otros países que atraviesan México hacia Estados Unidos y se esfuman sin dejar rastro. ¿Quién los busca? ¿Cómo encontrarlos?
Diferentes causas, consecuencias similares
La desaparición de una persona tiene graves consecuencias en la vida del entorno más cercano de la víctima. «Por un lado, la incertidumbre supone una angustia muy fuerte y permanente, que no cesa con el tiempo, y que incluso ha sido jurídicamente catalogada como tortura», dice Deborah Ruiz. Pero el sufrimiento va más allá de lo psíquico. Las familias se vuelcan en la búsqueda de familiares y se olvidan de ellas mismas, no duermen, no se cuidan, no van al médico. «Dejan de existir como personas y su salud se resiente».
Además, quien ocupa su tiempo en la búsqueda de un familiar, debe dejar de trabajar o no es capaz de rendir de la misma manera, por lo que se produce una pérdida de ingresos precisamente en un momento en el que hay un mayor gasto en desplazamientos o en pagos a personas que puedan facilitar información sobre el paradero de los allegados.
El impacto de género en las desapariciones
La vida familiar también se ve gravemente alterada. «En Colombia, la gran mayoría de desaparecidos son hombres y suelen ser mujeres, muchas de ellas madres, quienes emprenden activamente la búsqueda», dice a DW Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda de Colombia. «La desaparición de un familiar provoca muchas molestias emocionales que pueden convertirse en físicas, vemos problemas de corazón, de hipertensión… incluso ayer mismo vimos una señora que había sufrido tanto dolor y tanta tristeza, que no podía caminar».
En muchas ocasiones, las mujeres se desplazan dejando atrás sus casas, sus familias, su trabajo, debiendo adaptarse a vivir en un entorno que les resulta ajeno y hostil. Mientras, sus otros hijos quedan desatendidos, creciendo con resentimiento y dolor, y las niñas asumen responsabilidades prematuramente, perdiendo oportunidades educativas.
Impunidad que marca un estándar
La desaparición de personas es una sombra que se cierne sobre las sociedades de América Latina y su reiteración a lo largo de las décadas crea un estándar de impunidad.
¿Quién paga por esos crímenes? «Ha habido Comisiones de la Verdad, pero los juicios contra los represores se han celebrado de manera muy limitada y no ha habido rendición de cuentas, porque varias leyes de amnistía lo han impedido», dice Deborah Ruiz. «El Estado debe protegernos y, si desaparecemos, tiene que buscarnos y dar una respuesta a los familiares. Que eso no suceda, indica una erosión del Estado de derecho», advierte la experta.
