La Unión Europea llamó la atención al gobierno de Bolivia por el aumento del 15% en los cultivos de coca el año pasado y pidió “mejorar los resultados” para reducir la superficie hasta las 22.000 hectáreas que permite la ley para su uso tradicional.
Antilavado de dinero / El Nuevo Herald.
“Confiamos en que Bolivia cumplirá su parte. Estamos a la espera de que el gobierno logre disminuir los cultivos a la cantidad establecida por la ley”, dijo el martes el jefe de la cooperación europea Emanuel Amaral en la presentación del informe anual de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Tras la salida de Estados Unidos la UE se ha convertido en el mayor aliado en la lucha contra los cultivos ilícitos con 72 millones de euros en los últimos años. “Somos socios en esto”, dijo Amaral.
Según el informe presentado por el representante de la UNODC, Thierry Rostan, los cocales aumentaron de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 en 2020, el mayor incremento de los últimos años. El aumento tuvo lugar durante la pandemia y la severa crisis política que vivió el país tras las fallidas elecciones de 2019 que detonaron un estallido social y obligaron a renunciar al entonces presidente Evo Morales.
“Sufrimos una ruptura constitucional y en 2020 no se realizó un trabajo efectivo contra el narcotráfico, se dejó de lago el modelo de concertación” con los sindicatos cocaleros para reducir cultivos excedentes, dijo en la misma ceremonia el canciller Rogelio Mayta. Su colega de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo que ese período de aumento correspondió a la gestión de 11 meses de la presidenta interina Jeanine Áñez. Se interrumpió la erradicación por más de cinco meses y sólo se destruyeron 2.177 hectáreas, agregó.
La constitución boliviana califica a la coca de “hoja sagrada” por la tradición cultural andina, pero sólo están permitidas 22.000 hectáreas de cultivo para usos tradicionales como el masticado y la medicina natural, de amplia práctica en el país andino. No obstante, buena parte de la producción de esa hoja se desvía a la cocaína de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú.
Si bien el mayor aumento tuvo lugar el año pasado, la expansión de los cocales comenzó en 2015 durante la gestión de Morales, quien antes de llegar al gobierno era líder de los cocaleros y logró acuerdos con ellos para limitar los cultivos.
Rostan advirtió que uno de los mayores peligros es que la coca se expanda fuera de las dos áreas permitidas e ingrese a reservas naturales afectando al medioambiente y a los pueblos indígenas.
Según la UNODC el comercio de coca mueve entre 365 y 449 millones de dólares cada año, poco más del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano. Más de 100.000 familias viven de ese cultivo y la pérdida de ingresos durante la pandemia empujó su expansión, según expertos.
A más coca en el mercado el precio baja y fomenta más el narcotráfico, reconoció Del Castillo.
