Tras recibir el espaldarazo de la Casa Blanca, el nuevo Gobierno israelí ofrece ayuda financiera a la Autoridad Palestina sin abordar los problemas políticos de fondo.
Antilavado de dinero / El País.
La visita del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, al presidente palestino, Mahmud Abbas, ha puesto fin a una década de ruptura de puentes a ambos lados de la Línea Verde que separaba Cisjordania del Estado judío hasta la ocupación de 1967, pero no reabre la senda del proceso de paz, bloqueada desde 2014. El anuncio de un plan para fortalecer la economía palestina presentado por el exgeneral Gantz se ha producido apenas dos días después de la reunión que mantuvieron el viernes en Washington el presidente de EE UU, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Naftali Bennett, quien recibió el espaldarazo de la Casa Blanca a su Gobierno de amplia coalición, que en junio enterró la era de hegemonía electoral de Netanyahu.
Como responsable político de la ocupación militar, el ministro Gantz ha sido el encargado de ofrecer un rescate de urgencia de 500 millones de séqueles (132 millones de euros) para reflotar las maltrechas arcas de la Autoridad Palestina, anticipo de los tributos que Israel recauda en su nombre. Al mismo tiempo ha ofrecido miles de permisos de trabajo para palestinos y centenares de licencias de construcción el área de Cisjordania sobre la que mantiene control exclusivo.
En realidad, Israel se limita a volver a cumplir, al menos en parte, capítulos de los Acuerdos de Oslo que habían sido relegados por los sucesivos gobiernos de Netanyahu entre 2009 y 2021. En la Casa Blanca, Biden defendió formalmente la solución de los dos Estados, pero el primer ministro israelí ha puntualizado que “no hay proceso diplomático con los palestinos ni lo va a haber”.
El plan de rescate ofrecido por Israel representa una tabla de salvación para el presidente palestino. Próximo a cumplir 86 años e instalado en el poder desde 2005 sin haberse vuelto a someter a las urnas desde entonces, Abbas se ha visto cuestionado por sus ciudadanos, hartos de la corrupción de su Gobierno. Muchos de ellos se echaron, además, a la calle en protesta por la muerte de un disidente político detenido por las fuerzas de seguridad palestinas. La Unión Europea, contribuyente destacado en la financiación de la Autoridad Palestina, ha condenado la brutal represión policial de estas marchas.
En medio del declive de la economía, que se desplomó un 11,5% en 2020 a consecuencia de la pandemia, agravado además por la drástica caída de la ayuda internacional, los séqueles de Israel sirven ante todo para reflotar al veterano rais palestino ante la emergencia del islamismo de Hamás. Aunque la oferta de financiación por paz —pero sin territorios— busque estabilizar el liderazgo de la Autoridad Palestina, la ausencia de toda esperanza de que puedan contar con un Estado propio difícilmente satisfará a sus ciudadanos. Ni a los países vecinos ni a la comunidad internacional.
