Las primeras denuncias se presentaron en el 2015. Un año después, la Fiscalía abrió investigaciones por presuntos actos de corrupción en las megaobras construidas en el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Antilavadodedinero / ElComercio
Las refinerías de Esmeraldas, del Pacífico y el poliducto Pascuales-Cuenca son los proyectos estratégicos con más cantidad de procesos judiciales en marcha. Entre el 2016 y julio del 2021, la Fiscalía inició 49 indagaciones penales.
Los delitos que se rastrean son enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, aprovechamiento ilícito de servicios públicos, cohecho y lavado de activos. En estas causas hay 128 personas investigadas, pero solo 16 están imputadas oficialmente.
EL COMERCIO cruzó datos con la Fiscalía y conoció que el 96% de esos 49 casos no ha superado la primera fase de indagación.
Incluso, estas tres megaobras son mencionadas en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En ese documento, del 2018, se detalla que tras una evaluación de auditoras internacionales se determinó que el Estado pagó en exceso USD 2 187 millones.
En ese informe se mencionan también sobreprecios en otros dos proyectos estratégicos, pero esos casos no progresaron en Fiscalía. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, sostiene que estas investigaciones avanzan lentamente.
Ellos han impulsado cinco denuncias en la Fiscalía. Todas están en primera fase de indagación. Una de esas es por un presunto sobreprecio en la construcción de la Refinería del Pacífico. Su costo inicial pasó de USD 1 236 millones a USD 1 521 millones.
Según Rodas, cuando los abogados de la Comisión preguntan a la Fiscalía sobre las demoras, la única respuesta que reciben es que los fiscales tienen mucha carga de trabajo y que no se abastecen para agilizar las pesquisas.
El 16 de junio pasado envió una carta a la fiscal general, Diana Salazar, para pedirle agilidad en esas causas. Hasta el momento no hay respuesta.
La mayor cantidad de estos procesos judiciales represados tiene relación con las tramas ilegales en la Refinería de Esmeraldas. En dos oficinas fiscales del país reposan 32 casos. En uno de esos expedientes se detalla que el costo de la rehabilitación de ese proyecto hidrocarburífero se incrementó de USD 127 millones a USD 1 712 millones; es decir, hubo un aumento de 1 348%.
Pese a esa inversión, esta refinería afronta problemas operativos, que ocasionan paros en la producción. Esto provoca que el país deba importar derivados de petróleo (naftas, diésel, gas licuado de petróleo) para el consumo interno.
Otra indagación en curso tiene relación con un contrato para el mantenimiento de cinco tanques de transporte de gas en la Refinería de Esmeraldas. Según un informe de Contraloría, se contrató personal que no era necesario para la ejecución de ese trabajo. Esto habría ocasionado una pérdida de USD 488 807. Este caso se inició hace cuatro años y aún la investigación es reservada.
Auditores de la Contraloría han emitido 33 informes con indicios de responsabilidad penal a procesos de contratación en esos tres megaproyectos. Toda esa información fue remitida a Fiscalía.
En esos documentos, emitidos en febrero del 2019, se indica que en la adjudicación de la Refinería del Pacífico se realizaron contratos sin tener un sustento legal ni técnico. En este caso no hay procesados.
Para el penalista Gabriel Ponce, es necesario que la Fiscalía realice un seguimiento a estas causas de corrupción y que pida un informe a las oficinas provinciales sobre los avances y diligencias ejecutadas. “Esta entidad debe aclarar al país, por qué tanta demora”.
Hace dos años, el entonces Consejo de Participación Ciudadana-transitorio presentó una denuncia por los delitos de peculado y tráfico de influencias en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. Según esa queja judicial, el costo inicial de la obra pasó de USD 250 millones a USD 623 millones. En esta causa tampoco hay avances y la obra ya reporta defectos de construcción.
