La Fiscalía dispuso el martes 07 de agosto la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana Rodolfo Montero, investigado por la muerte de personas en localidades como Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la crisis de 2019.
Antilavado de dinero / DW.
«El Ministerio Público ha determinado la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en relación a la masacre de Senkata», publicó en redes sociales el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Comunico al pueblo boliviano, que el Ministerio Público ha determinado la aprehensión del ex Comandante de la #PolicíaBoliviana, Rodolfo Montero, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en relación a la masacre de Senkata. pic.twitter.com/s63yOVM3EC
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) September 7, 2021
El ministro adjuntó una fotografía de la orden de aprehensión que hace referencia a los delitos por los que se acusa al excomandante, que fue juramentado a mediados de noviembre de 2019 por la expresidenta interina Jeanine Áñez, ahora detenida desde hace casi seis meses por otro caso denominado golpe de Estado.
Montero se presentó ante la Fiscalía en La Paz para dar su declaración informativa sobre los sucesos de hace dos años, informaron medios locales. La resolución del Ministerio Público forma parte del procedimiento al que debe someterse Montero hasta su comparecencia ante un juez en audiencia que deberá definir si va a prisión preventiva, domiciliaria o se defiende en libertad.
Este martes, efectivos policiales aprehendieron al excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, quien es investigado por la presunta comisión de delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves en relación a la masacre de #Senkata de 2019.https://t.co/hZ0J7QB0dw
— Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) September 7, 2021
En los sucesos de Sacaba y Senkata de 2019 murieron una veintena de personas durante enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad conjuntas conformadas por el Ejército y la Policía. En agosto pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre los sucesos de 2019 y calificó como «masacres» a esos hechos. El informe estableció «graves violaciones a los derechos humanos» durante la crisis social y política en el último trimestre de 2019, tras los fallidos comicios de ese año.
Por los hechos de Sacaba y Senkata se ha procesado a algunos jefes militares y policiales mientras que otros han dejado el país o están en paradero desconocido. Esta semana, familiares de las víctimas, activistas y funcionarios públicos efectuaron una marcha en La Paz para pedir a la Fiscalía y al Poder Judicial resultados en estas investigaciones y que, según declararon, debieran ampliarse a excolaboradores de Áñez y líderes de la oposición.
El 3 de septiembre, la Policía determinó la «baja definitiva» del también excomandante de esa institución Yuri Calderón por transgresiones al régimen disciplinario, que fue comunicada por Del Castillo en sus redes sociales. El principal señalamiento contra Calderón, que fue designado durante el Gobierno de Morales, fueron los motines y repliegues policiales, anteriores a la renuncia del exjefe de Estado.
Comunico al pueblo boliviano de la baja definitiva del ex general de la #PolicíaBoliviana, Yuri Calderón, por transgresiones a la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía. #EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/dwe78h9Tw3
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) September 4, 2021
