Las audiencias previas al juicio del considerado cerebro de los ataques del 11S, Khalid Shaikh Mohammed, y otros cuatro acusados se reanudan en la prisión de Guantánamo (Cuba) tras más de un año en suspenso por la pandemia del COVID-19, confirmó el Departamento de Defensa de EE.UU.
Antilavadodedinero / EFE
Estas audiencias, a las que se prevé que asistan familiares de las víctimas, se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre.
Además de Khalid Sheik Mohammed, el autoproclamado «cerebro» de los ataques del 11S, también son juzgados sus cómplices Walid bin Atash, Ramzi Bin AlShibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafá Al Hawsawi.
Los detenidos están imputados como organizadores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3000 personas, y de los que en esta semana se conmemora el vigésimo aniversario.
Ese día, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales: dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono, a las afueras de Washington; y otro en un campo de Pensilvania.
Además del cargo de conspiración, están imputados por cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo, y en caso de ser condenados, se pueden enfrentar a la pena de muerte, cuyo método lo decidiría el secretario de Defensa.
La nueva comparecencia coincide con la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán tras dos décadas de guerra, desencadenada por los ataques del 11S, y la vuelta de los talibanes al poder en el país centroasiático.
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha indicado que espera cerrar la prisión de Guantánamo, donde varios detenidos fueron torturados, aunque no ha ofrecido detalles al respecto.
En julio, un detenido de nacionalidad marroquí fue trasladado a su país de origen en el primer movimiento de este tipo desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2020.
Actualmente, solo quedan en la prisión de Guantánamo 39 de los cerca de 800 reclusos que llegó a albergar tras su apertura en 2002 ordenada por el entonces presidente, George W. Bush, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
¿El secreto mejor guardado?
Veinte años después de los ataques del 11S, las torturas de la CIA siguen clasificadas como «alto secreto» en Estados Unidos, la cárcel de Guantánamo permanece abierta y algunos de sus antiguos presos han vuelto al poder en Afganistán con el regreso de los talibanes.
A falta de un relato oficial sobre uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, EFE ha conversado con algunos de sus protagonistas: una senadora que arriesgó su carrera para investigar a la CIA, un exagente del FBI que se opuso a las torturas y una abogada que defendió presos en Guantánamo.
La senadora demócrata Diane Feinstein fue la principal impulsora de un informe de 6700 páginas que hasta la fecha supone la mejor fuente de información sobre las cárceles clandestinas de la CIA y los presuntos abusos que se cometieron contra supuestos miembros de Al Qaeda bajo el Gobierno de George W. Bush (2001-2009).
«El programa de torturas de la CIA fue un error terrible. No solo contradecía nuestros valores, sino que no sirvió para lograr información valiosa de inteligencia», dijo Feinstein a EFE.
Secretos escondidos en cajas fuertes
La senadora logró que en 2014 se hiciera público un resumen de 525 páginas, pero la versión íntegra permanece clasificada.
El informe fue grabado en unos discos, que a continuación fueron metidos en sobres con la frase «alto secreto» y guardados en cajas fuertes de la CIA, el Pentágono y los Departamentos de Estado y de Justicia, donde siguen hasta ahora a la espera de un presidente los desclasifique.
Nada más llegar a la Casa Blanca, Barack Obama (2009-2017) prohibió el programa de torturas, pero rechazó hacer público el informe por miedo a que avivara la ira contra EE. UU. en muchas partes del mundo.
Pese a los riesgos, Feinstein cree que EE. UU. debe hacer examen de conciencia para evitar que las torturas se repitan: «Sigo creyendo que el informe completo de 6700 páginas debería ser desclasificado y creo que un día lo será. Es una lección crítica que nunca debemos olvidar».
El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha comprometido a desclasificar documentos relacionados con el 11S siempre que no pongan en peligro la seguridad del país. Y eso rebaja las expectativas sobre la desclasificación del informe, en el que se rumorea que aparecen los nombres de los miembros del Gobierno de Bush implicados en el programa de torturas.
Brutalidad inútil
El resumen del reporte que se hizo público en 2014 ya reveló que las técnicas de la CIA fueron más brutales de lo que creían los responsables políticos e incluían ahogamientos simulados conocidos como «waterboarding», baños en agua congelada, privación del sueño y alimentación e hidratación rectal.
El exagente del FBI Ali Soufan fue testigo de algunos de estos abusos y aseguró en declaraciones a EFE que la fuerza y la violencia de la CIA no sirvió para nada.
«No es solo que la tortura no funcionara, la tortura también tuvo un coste. Dañó la reputación y el prestigio moral de EE. UU. También costo vidas», aseveró Soufan.
Musulmán y de nacionalidad libanesa y estadounidense, Soufan tenía otra forma de obtener información cuando interrogaba a miembros de Al Qaeda.
Él usaba una especie de «juego de póquer» en el que establecía una relación con los sospechosos invitándoles a té o debatiendo sobre el Corán para que se relajasen y poder pillarles en una mentira, o lograr que revelaran secretos por sí solos.
Una de las personas a las que interrogó Soufan fue al yemení Salim Ahmed Hamdan, al que EE. UU. encerró en Guantánamo por haber sido supuestamente el chofer de Osama bin Laden.
La herencia de Guantánamo
Hamdan fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel por unas polémicas comisiones que funcionaban al margen de la justicia civil y militar; y una de las abogadas encargadas de defenderle fue Andrea Prasow, actual subdirectora en Washington de Human Rights Watch (HRW).
Prawson también representó a diez saudíes en Guantánamo y lo que más recuerda de ese tiempo es la frustración ante las dificultades para obtener justicia.
«Te sientes absolutamente impotente como abogado cuando representas a quienes están detenidos en Guantánamo. Otra gente controla sus condiciones de vida, otra gente controla su detención y las cosas que puedes hacer como abogado son muy pocas comparadas con las necesidades diarias que tienen», explicó Prawson
Biden ha dicho que quiere cerrar Guantánamo, pero ha adoptado un enfoque más discreto que Obama, quien se topó con una intensa oposición de los republicanos del Congreso.
Lo que sí hizo Obama fue transferir presos a terceros países y en 2014 intercambió a un militar estadounidense por cinco altos cargos del régimen talibán que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001.
Años después, esos cinco insurgentes pasaron a formar parte de la delegación de los talibanes que negoció la retirada de EE. UU. de Afganistán y algunos ya han ido adquiriendo puestos de responsabilidad. Por ejemplo, Mohammad Nabi Omari ha sido nombrado gobernador de la provincia de Khost.
Y es que, aunque la historia de las torturas de la CIA todavía no se ha escrito, el presente –y el incierto futuro de Afganistán– impedirán a Estados Unidos olvidar su guerra contra el terrorismo.
