Se podría decir que los salvadoreños caminan sobre volcanes: el territorio de El Salvador está conformado en un 90 por ciento por material volcánico. Ubicado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, cuenta con 23 volcanes y 5 campos volcánicos en actividad. Ahora, a las erupciones geológicas se suman polémicas medidas económicas.
Antilavado de dinero / DW.
Antes de la entrada en vigor del bitcoin (BTC) como moneda de curso legal, este 7 de septiembre de 2021, el presidente, Nayib Bukele, dijo que, para generar electricidad para la minería de la criptomoneda, se usará la energía geotérmica, e instó a la empresa estatal de energía geotérmica renovable LaGeo a construir instalaciones para dotar de electricidad a las granjas mineras.
El país cuenta con dos plantas geotérmicas: la de Ahuachapán, a 103 kilómetros al oeste de San Salvador, con un capacidad de 95 megavatios (MW), y la de Berlín, a 106 kilómetros al este de la capital, de 109 MW. Juntas cubren las necesidades de 1,5 millones de los cerca de 6,5 millones de salvadoreños.
«Esos 204 MW abastecen casi un 25 por ciento del consumo energético total de El Salvador”, dice a DW Carlos Martínez Cruz, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador.
«La industria de las criptomonedas está pasando por un momento de inflexión. Este año muchas mineras se fueron de China por las prohibiciones y están migrando”, explica Martínez Cruz. Un equipo minero, por ejemplo, el Antminer S19 Pro, consume unos 3.250 vatios (W). Una granja de bitcoins podría consumir 32,5 MW, un tercio de la capacidad geotérmica de Ahuachapán, por ejemplo.
«Además de que el consumo de electricidad de las mineras de bitcoin es excesivo, ceder una central geotérmica a la industria del bitcoin es peligroso, ya que no se trata de entregarla al sector energético, sino al sector de la especulación del mercado financiero”, subraya. El precio de la criptomoneda sigue siendo volátil y no posee un respaldo, como otras divisas, incluido el dólar.
Efectos medioambientales y económicos
«De acuerdo a la capacidad instalada de energía en El Salvador, la producción nacional de electricidad es deficitaria. El 19,9 por ciento de la energía consumida se tiene que importar”, dice Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, en entrevista con DW.
«Dado que el país no es autosuficiente, si el bitcoin fuera minado en El Salvador, se provocaría un incremento desmedido de la demanda de electricidad y el país se vería obligado a importar más”, sostiene el economista. Además, agrega que el consumo de la minería bitcoin, extremadamente alto, tiene efectos negativos en el calentamiento global: «Produce cerca de 90,2 toneladas métricas de dióxido de carbono en el mundo, lo que equivale a la emisión de CO2 de países como Bélgica o Chile”. El consumo energético de El Salvador, por otra parte, ya está un 1,25 por ciento por encima de su capacidad ecológica.
Nayib Bukele aseguró que sus ingenieros descubrieron un nuevo pozo geotérmico que producirá unos 95 MW, que permitirá minar la criptomoneda con energía ‘100 por cien limpia’. Al respecto, el ingeniero Martínez manifiesta su escepticismo: «Esa información no se ha confirmado”, asegura. «Además, poner en funcionamiento una nueva central geotérmica puede llevar hasta una década. Y, en general, la industria del minado de criptomonedas busca tasas de retorno muy rápidas”, puntualiza.
Ley Bitcoin ¿estímulo o salto al vacío?
La nueva Ley Bitcoin fue anunciada como de «riesgo cero” por Bukele, como medida para, entre otras cosas, terminar con las comisiones en el envío de remesas, que, según datos del Banco Mundial, representaron casi 6.000 millones de dólares -cerca de una quinta parte del PIB del país- en 2019.
Pero los críticos objetan que la criptomoneda acarrea grandes riesgos por ser un activo que no está conectado con la economía real y es muy fluctuante. «Según un estudio de 2019, aproximadamente un cuarto de los usuarios de bitcoin está involucrado en actividades ilegales. Eso representa un 46 por ciento de las transacciones en bitcoin que son transacciones en el mercado negro. Genera muchas inquietudes que se introduzca esta moneda, que se puede prestar al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, a la trata de personas y a facilitar la corrupción”, alerta Álvaro Trigueras. «Es un salto a lo desconocido».
Además, el funcionamiento y los peligros no son conocidos por la mayoría de la gente y muchos salvadoreños están saliendo a la calle a protestar contra la ley que abre el camino a la moneda digital. Casi un 80 por ciento de los salvadoreños no sabe cómo funciona el bitcoin ni a cuánto equivale, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA). Un sondeo de RP Consultora indica que más del 70 por ciento considera que la implementación del bitcoin no es una buena decisión.
El Salvador, ante una crisis de déficit fiscal
Para Álvaro Trigueros, «la medida de Bukele ha generado gran incertidumbre y una distracción del problema económico principal de El Salvador, que es la crisis de las finanzas públicas”. La deuda actual del país centroamericano llega al 90,2 por ciento del PIB y tiene dificultades para acceder a financiamiento. «Eso podría llevar al país a un riesgo de impago de la deuda soberana”, advierte. Según el analista, la medida podría dificultar las negociaciones con el FMI, ya que el país busca programar el pago de más de 1.000 millones de dólares de endeudamiento.
Por el otro lado, hay voces que señalan la introducción del bitcoin como moneda de curso legal como una verdadera revolución financiera que podría traer más libertad económica. «No se puede hablar de libertad financiera si un Gobierno impone el uso de una moneda. Eso es una contradicción”, opina Martínez, «más aún cuando hay soldados vigilando los cajeros».
«El Gobierno de Bukele necesita dinero para terminar el año. Si se pierde la posibilidad de un rescate económico del FMI, el Gobierno tendrá que tomar decisiones más duras, como, por ejemplo, expropiar los fondos de pensiones, un escenario ruinoso”, prevé el experto. El temor más grande es que «los ciudadanos sigamos subsidiando la industria de la criptomoneda”. Las inversiones del Gobierno superan ya los 200 millones de dólares, «el doble del presupuesto en educación superior y un tercio del gasto en salud del país. Eso, para un país pobre, es carísimo”, destaca.
Para el director de Estudios Económicos de FUSADES, más sensato que introducir el bitcoin, sería que El Salvador se comprometiera a restablecer la estabilidad de las finanzas públicas y a alcanzar un acuerdo con el FMI: «Así se evitaría una crisis de grandes proporciones y una profundización de la pobreza y el desempleo. Esa es la medida más importante, y no iniciar aventuras arriesgadas como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, a pesar de que no lo es”.
