La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Karen Abudinen, renunció el jueves 09 de septiembre a su cargo tras denuncias de presunta corrupción en la contratación de la cobertura de internet para 7.000 colegios de zonas rurales.
Antilavado de dinero / The San Diego Union-Tribune.
“Procedí con honradez y transparencia. Los que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra, algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”, se lee en la carta de renuncia que hizo pública Abudinen.
La funcionaria dimitió del cargo justo antes de un juicio político en el Congreso en donde el gobierno había perdido las mayorías para este caso y tenía la posibilidad de ser separada de su cargo después de 16 meses de desempeñarlo.
Días antes, el presidente Iván Duque defendió ante la prensa a la ministra Abudinen asegurando que era una mujer “honorable” que tenía “cero tolerancia con la corrupción”. Se trata de la segunda vez durante el gobierno Duque que un ministro abandona el cargo antes de someterse a una votación de moción de censura. El primero fue Guillermo Botero, cuestionado en la cartera de Defensa por el bombardeo a un campamento guerrillero en el que había menores de edad.
Abudinen está siendo investigada disciplinariamente por la Procuraduría, encargada de vigilar a los funcionarios públicos. Según indicó el lunes la Procuraduría en un comunicado, ordenaron la práctica de pruebas para determinar su responsabilidad por las presuntas irregularidades en la “etapa precontractual de la licitación pública denominada centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia”.
La investigación avanza contra la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, que recibió un adelanto por aproximadamente 19 millones de dólares para la ejecución del contrato pese a que presentó garantías bancarias falsas supuestamente expedidas por el Banco Itaú.
“Se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos.”, explicó Itaú en un comunicado el 27 de agosto.
Tras las denuncias, Abudinen anunció la caducidad del contrato y denunció ante la Fiscalía a la Unión Temporal. Además, prometió que se recuperarían los casi 19 millones de dólares que el Ministerio dio como adelanto, así como otros nueve millones de dólares adicionales que corresponden a la cláusula penal pecuniaria que estaba prevista en el contrato.
