La corrupción es un problema social que ha trascendido a lo largo del tiempo, sabemos que esta crisis parece ser endémica en algunos países, por tanto, se puede decir que es algo inherente al ser humano; sin embargo, si hacemos un recorrido en la historia del Ecuador esto existe desde la época colonial (siglo XVI) o incluso antes de la misma. Nos preocupa profundamente las constantes noticias sobre el problema que suscita tanto a nivel político, gubernamental, institucional e incluso educativo; por lo que nos preguntamos ¿qué está pasando en nuestra sociedad?.
Antilavado de dinero / El Comercio.
En la actualidad, somos parte de un país que se ve afectado por la corrupción a gran escala, de la cual han sido cimientos los gobiernos anteriores, donde se pudo evidenciar una falta de administración total en las funciones del Estado que han tenido efectos en la actualidad; de esta manera, el gobierno del presidente Guillermo Lasso hereda otra pandemia como es la corrupción en el Ecuador.
Tal es el caso del excontralor Pablo Celi, quien hacía de la Contraloría General del Estado una organización criminal, por esta razón hasta el 24 de julio pasado la Fiscalía mantenía contra Celi 18 investigaciones abiertas por delitos de corrupción, entre ellos: tráfico de influencias, fraude procesal, peculado, uso injustificado de recursos, delincuencia organizada, etc. Delitos de los que forman parte varios exfuncionarios públicos, dentro de esta organización criminal se operó desvaneciendo glosas por más de USD 1 000 millones en perjuicio del Estado ecuatoriano y desapareciendo informes con indicios de responsabilidad penal.
Es preocupante para los ciudadanos que una entidad de carácter nacional que representa al Estado ecuatoriano se encuentre ligada en dichos actos delictivos, por lo que para prevenir este tipo de fallos institucionales se deben hacer efectivos los derechos de organización colectiva y control social, mismos que se encuentran establecidos en el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, con lo cual se pretende vigilar y fiscalizar la gestión pública en el ámbito de la democracia y la gobernabilidad, así como dar transparencia en la lucha contra la corrupción, cumpliendo de esta forma con los objetivos de un Estado social de derecho igualitario y participativo.
Por: Kevin Guaita.
