El gobierno de EE.UU comunicó esta semana que uno de sus próximos objetivos es interrumpir la infraestructura financiera digital que facilita los ciberataques de ransomware, una amenaza que, según la administración Biden, proviene de Rusia.
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El Departamento del Tesoro informó que se está preparando para tomar medidas, incluyendo sanciones, para dificultar el uso de criptomonedas por parte de hackers que se benefician de los mencionados ataques de ransonware a empresas norteamericanas.
Además, funcionarios de la cartera informaron que se publicará una nueva guía sobre los riesgos asociados a la facilitación de dichos pagos de ransomware, incluyendo multas y otras sanciones. Las nuevas normas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se espera que lleguen a finales de este año, tendrán como objetivo limitar el uso de criptomonedas para los pagos en los ataques de ransomware y otras actividades ilícitas.
Con estas medidas, la administración Biden espera cortar el acceso a una forma de pago que ha apoyado una industria criminal en auge y una amenaza de seguridad nacional en aumento. En conjunto, representarían el intento más importante de la administración actual para socavar el ecosistema financiero digital de comerciantes, exchanges y otros elementos que, según los expertos en ciberseguridad, han permitido el florecimiento de ataques de ransomware en los últimos años.
Altos funcionarios del gobierno han dicho en varias oportunidades que los ataques de ransomware este año han sido más graves que nunca y representan una grave amenaza para las infraestructuras críticas, incluidos los operadores de energía, los hospitales y los bancos.
Al respecto, el Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios y no se quisieron especificar más detalles. Pero para interrumpir eficazmente las criptotransacciones ilícitas, expertos afirmaron que el Gobierno tendría que apuntar a las billeteras digitales que reciben las transacciones de rescate, a las plataformas cripto que ayudan a intercambiar las criptomonedas para ocultar a los culpables y a las personas que poseen o gestionan esas operaciones.
