Los documentos de Pandora Papers revelan la estructura empresarial que armó el empresario caleño con empresas en Panamá, Belice e Islas Vírgenes Británicas durante los años en los que, según la Fiscalía, obtenía ganancias exorbitantes con sus empresas en Colombia.
Antilavado de dinero / El Espectador.
El 15 de abril de 2021, la Fiscalía detuvo a 25 personas, a quienes sindicó de ser parte de una red para lavar dinero con exportación de oro extraído ilegalmente en Colombia. Uno de los capturados en la operación fue Said Kamle Bustos, hasta ese día conocido como un joven empresario e hijo del fundador de un tradicional almacén de telas de Cali. Según información judicial, Kamle ya tenía un proceso abierto por lavado de activos desde 2017. Hoy continúa detenido en una seccional de Investigación Criminal de Cali, en espera de que se adelante el juicio en su contra.
Según la Fiscalía, la red delictiva compraba oro de extracción ilegal en diferentes partes de Colombia utilizando los nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o que simplemente no tenían relación con el negocio, para hacerlas pasar por barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería. Luego, según las pesquisas, habrían utilizado tres empresas -NTR Metals Colombia SAS, Precious Metals Investments SAS y NTR Metals Zona Franca SAS-, en las que Kamle fue representante legal o accionista, para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos.
De esta manera, según las averiguaciones de la Fiscalía, se habrían lavado $5,8 billones, de los cuales $1,2 billones corresponderían a exportaciones ficticias. Según documentos de Pandora Papers, revelados por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y analizados en Colombia por la alianza periodística de El Espectador – Connectas, el empresario Said Kamle contaba con una estructura de empresas offshore constituidas justamente en los años en los que más activos reportaron sus empresas cuestionadas en Colombia.
La sociedad matriz de la estructura es Santorini Capital Foundation, una institución privada que fue constituida en Panamá en noviembre de 2015, con el fin de “sufragar los gastos de educación, crianza, preparación y asistencia, así como los de manutención en general u otros fines similares de uno o varios miembros de una o varias familias determinadas en el reglamento”. Además de los miembros de una o de varias familias, la fundación creada en Panamá podía beneficiar a otras personas naturales o jurídicas, o a instituciones de cualquier naturaleza.
