Las organizaciones opositoras de Nicaragua declararon el jueves 07 de octubre su «repudio y desconocimiento” del proceso electoral por considerarlo «ilegítimo y nulo” e instaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que suspenda al gobierno de Daniel Ortega.
Antilavado de Dinero / DW.
En una declaración difundida en Costa Rica, los opositores aseguraron que no existen condiciones para elecciones libres el 7 de noviembre, ya que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han intentado «terminar con cualquier vestigio de verdadera competencia electoral, llevando a la cárcel a siete precandidatos presidenciales, forzando al exilio a otros dos y cancelando la personería jurídica de los tres últimos partidos políticos de la oposición”.
La declaración está firmada por organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Frente Democrático Nicaragüense (FDN), Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), Movimiento Campesino (MC), Articulación de Movimientos Sociales (AMS), Iniciativa por el Cambio (IPC) y grupos de exiliados nicaragüenses.
Elección sin requisitos mínimos
«Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y algunos otros países amigos y hermanos de la libertad han dicho categóricamente que esta elección no cumple con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocida como legítima», declaró Alexa Zamora, también de la UNAB.
«Estamos aquí por los presos políticos, por los exiliados y por todos aquellos nicaragüenses que no pueden levantar sus voces dada la represión de la dictadura», agregó.
A la conferencia de prensa se sumaron, de manera virtual, activistas de organizaciones como Nicaragua Freedom Coalition (NFC), desde Estados Unidos, del Movimiento Campesino y opositores en la clandestinidad.
«Farsa electoral»
El grupo pidió a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que insistieron en llamar «farsa electoral» y que tampoco contará con organismos calificados en observación electoral.
Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, de nuevo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito.
La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales de abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados.
El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos que, al igual que la UE, ha adoptado sanciones contra el entorno de Ortega.
