El Gobierno del demócrata Joe Biden, a través del Departamento de Justicia, anunció el viernes que pedirá a la Corte Suprema de Estados Unidos la anulación de la ley del aborto en Texas. La ley prohíbe todos los abortos desde que los latidos del embrión sean perceptibles, en torno a las seis semanas. El texto no contempla excepciones por incesto o violación.
Antilavado de Dinero / France24.
Una ley que, en la práctica, prohíbe sin excepciones el embarazo en Texas. Es lo que el mes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que entrara en vigor. Proveedores de servicios de aborto presentaron una denuncia contra la ley, pero el organismo, de mayoría conservadora, votó a favor del texto por 5 votos a 4.
El viernes 15 de octubre, el Gobierno del demócrata Joe Biden, a través del Departamento de Justicia, anunció que pedirá de nuevo a la Corte Suprema que frene la implantación del texto. «El Departamento de Justicia tiene la intención de pedirle a la Corte Suprema que anule la suspensión del Quinto Circuito de la orden judicial preliminar contra el Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas», afirmó el portavoz, Anthony Coley, en un comunicado.
Todavía se desconocen la fecha en la que el ejecutivo hará la petición, pero según estimaciones del diario ‘The New York Times’, la decisión de los jueces podría estar tomada en una semana, dependiendo de la celeridad con que se presente la solicitud.
Una ley escrita para buscar la constitucionalidad
La nueva ley de Texas prohíbe cualquier tipo de aborto a partir del momento en que los latidos del embrión son detectables, lo que ocurre en torno a las seis semanas de embarazo. Durante ese periodo de tiempo, muchas mujeres aún no son conscientes de que están embarazadas y la nueva ley no contempla el aborto en casos de violación o incesto.
A priori, la ley podría ser inconstitucional. Otros precedentes de la Corte Suprema garantizan el derecho al aborto hasta aproximadamente la semana 22. Sin embargo, los redactores de la ley buscaron un vacío legal para dificultar su impugnación en los tribunales. Una acusación de inconstitucionalidad de una ley debería ir dirigida contra funcionarios estatales, pero esta ley delega toda responsabilidad de acusación en ciudadanos particulares.
No solo busca la prohibición del embarazo, sino la persecución ciudadana a mujeres que quieran abortar y a entidades que ofrezcan servicios de aborto. Esta «novedad» es precisamente el argumento que la Corte Suprema arguyó para refrendar la ley en la anterior demanda.
El debate sobre la petición del Departamento de Justicia radica sobre la legitimidad que tiene para presentar la petición de impugnación de la ley. El gobierno entiende que sí, pues los denunciantes estarían actuando como agentes del Estado. Sin embargo, hay voces como la del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que entienden lo contrario. Ahora será la Corte Suprema, de mayoría conservadora, quien deba decidirlo.
