La justicia de Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por el colombiano que habría lavado dinero de los desfalcos en dos programas sociales de Venezuela: vivienda y alimentación.
Antilavado de Dinero / Primicias.
La extradición del colombiano Álex Saab a Estados Unidos reactivó los casos judiciales que buscan esclarecer el destino de millones de dólares que, supuestamente, Venezuela invirtió para proyectos sociales.
Saab, señalado de ser el presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, operó una red de empresas lavadoras de dinero en varios países, incluyendo a Ecuador.
La ficha clave de la red de Saab es el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas o ‘Cuchi’.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 10 millones por información sobre el paradero del prófugo Pulido Vargas.
Contra de Pulido pesan dos procesos judiciales en Estados Unidos. En el primero, junto a Saab, se habla de un presunto delito de lavado de activos a través de un proyecto de vivienda social en Venezuela.
La Fiscalía acusa a Pulido del mismo delito en el segundo caso, pero con relación a un proyecto de alimentación en Venezuela.
En Ecuador, Pulido también fue investigado por lavado de activos, pero terminó siendo sobreseído por la justicia.
Falsamente caros
La Justicia estadounidense hizo pública una acusación, el 7 de octubre de 2021, contra Pulido y otras cuatro personas: su hijo, Emmanuel Rubio; José Gregorio Vielma-Mora, exgobernador de Táchira (Venezuela); Carlos Lizcano Manrique, y Ana Guillermo Luis.
A estas personas las señala de haber conspirado para lavar activos, pagar sobornos y de enriquecimiento ilícito.
Todo nace con el programa gubernamental venezolano llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El CLAP organiza a los comités de distribución de alimentos.
Curiosamente, las empresas relacionadas con Pulido recibieron cuatro contratos para la provisión de bienes y medicinas relacionados con el CLAP:
- El primero, firmado en octubre de 2016, a nombre de la empresa Group Grand Limited (con sede en México y Hong Kong), a un precio de USD 340 millones para la provisión de 10 millones de cajas de alimentos (USD 34 por caja).
- En febrero de 2017, Group Grand Limited recibió un segundo contrato, para proveer la misma cantidad de cajas, por USD 369,9 millones, es decir, USD 36,99 por caja.
- En marzo de 2017, la misma empresa firma contrato para proveer medicinas por USD 70,88 millones.
- Y, finalmente, en mayo de 2017, Group Grand Limited recibió un nuevo contrato, por USD 74,99 millones.
Para conseguir estos cuatro contratos, según la investigación estadounidense, Pulido y los otros investigados habrían pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolanos.
Según la acusación, Pulido y el resto de la red recibieron unos USD 1.600 millones de Venezuela.
Entre quienes recibieron las coimas estaría el exgobernador y miembro del Partido Socialista Venezolano, José Vielma-Mora.
El dinero de los contratos se movió a través de Estados Unidos hacia países como Antigua y los Emiratos Árabes Unidos.
Y no solo se pagaron las coimas, sino que parte del dinero fue enviado a otras cuentas de Pulido en diferentes países, en una operación de blanqueo de capitales.
Según la acusación, Pulido y el resto de la red recibieron unos USD 1.600 millones de Venezuela, y movieron unos USD 180 millones a través de Estados Unidos.
En clave ecuatoriana
El 19 de septiembre de 2012, antes de que todos estos contratos de alimentación fueran firmados, Pulido ya trabajaba en otro esquema de lavado de dinero de contratos en Venezuela.
Se trataba del proyecto La Gran Misión Vivienda, impulsado por Nicolás Maduro en 2011.
Ese año, Maduro y el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron un acuerdo para la construcción de viviendas populares.
El contrato estaría a cargo de la empresa colombiana Fondo Global de Construcciones (Foglocons), de propiedad de Álex Saab.
Las operaciones, sin embargo, se hicieron realmente desde Ecuador. En Guayaquil se constituyó una empresa llamada Foglocons, cuyos accionistas eran Pulido y el venezolano Luis Sánchez Yánez.
La Fiscalía ecuatoriana halló que esta empresa usó el sistema de compensación SUCRE (de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA) para lavar el dinero mal habido.
Según las investigaciones, Foglocons vendió USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A. de Venezuela, pero registró pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores.
Además, Foglocons actuó como una red, junto con otras empresas de venta de materiales de construcción y de abonos.
Al menos cuatro empresas creadas en Ecuador tenían préstamos y cruzaban facturas con Foglocons, según hallazgos de la Fiscalía.
La mayor parte del dinero de esta red fue liberado, pues el caso principal contra Foglocons no prosperó ante la justicia ecuatoriana.
El dinero habría sido transferido en 2016 fuera de Ecuador a través de supuestas inversiones.
Al menos cuatro empresas creadas en Ecuador tendían préstamos y cruzaban facturas con Foglocons.
