La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco por el presunto saqueo de PDVSA. En pleno auge de las investigaciones por los pagos que habrían salido de la petrolera venezolana, el Ministerio Público ha solicitado a la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogar a Luis Carlos de León Pérez.
Antilavadodedinero / Vozpopuli
Lo hace después de que la UDEF haya localizado en Texas a este exdirector de una filial de PDVSA que confesó los delitos que se le atribuyen tras su extradición al país norteamericano.
En este caso la petición se formula en el marco del procedimiento abierto por presuntos sobornos de la asturiana Duro Felguera a funcionarios venezolanos a cambio de adjudicarse un megaproyecto de ciclo combinado por más de 1.500 millones de euros.
Prácticamente desde el arranque de la causa, los fiscales al frente del procedimiento ya señalaron a De León por su cercanía a Javier Alvarado Ochoa (exviceministro de Energía bajo el Gobierno de Hugo Chávez) y por haber canalizado, presuntamente, mordidas millonarias.
Aunque el pasado verano Anticorrupción ya pidió que declarasen en la causa tanto él como su mujer, no ha sido hasta ahora cuando la solicitud se ha formalizado a tenor de que la UDEF haya dado con el paradero de ambos. En el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se explica que la localización de su lugar de residencia, en Texas, abre la vía a interrogarles en calidad de investigados ante la sospecha de que canalizó 3,8 millones de dólares (procedentes de la mordida de esta licitación) a través de una sociedad interpuesta.
Del mismo modo acusa a su mujer, Andreina Gámez, de colaborar con este exdirectivo de la estatal Electricidad de Caracas no solo «en el disfrute de las comisiones cobradas de forma fraudulenta«, sino también en la creación de empresas con las que habrían ocultado el origen ilícito de estas mordidas. En concreto, le atribuye la creación de una SICAV de la que recuperó 4,5 millones de euros tras su disolución o de camuflar el pago mediante ampliaciones de capital millonarias de sus firmas (hasta de 3 millones de euros) a través de la aportación de un inmueble.
Las transferencias se ordenaron desde cuentas que el matrimonio tenía abiertas en la Banca Privada de Andorra como a la sociedad panameña Ribston Investments, controlada por Luis Carlos de León. Del mismo modo, también planea sobre ellos la sombra del blanqueo por la compra de una mansión en la urbanización de La Moraleja (Madrid) en la que invirtieron más de 4 millones de euros a través de líneas de crédito.
Por ello, la Fiscalía entiende que debe ser objeto de investigación, teniendo en cuenta que, en el momento de los hechos, «ostentaba un puesto de total capacidad de decisión dentro del sector energético» de Venezuela.
Vínculos con el Pollo Carvajal
Pese a estos indicios, no han podido interrogar a De León por ser uno de los miembros del clan requerido por Estados Unidos para rendir cuentas con la Justicia allí. De hecho, tras su detención en España en el año 2017 fue trasladado a Washington, donde se declaró culpable de los delitos de corrupción que se le atribuyen. De León confirmó que utilizó su posición de poder en PDVSA para pedir sobornos, entre otros, a los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera, cercanos casualmente a Hugo, ‘el Pollo’, Carvajal, .
Se da la circunstancia de que Carvajal (también reclamado por las autoridades estadounidenses por tráfico de droga y de armas) se ha convertido en uno de los protagonistas de la información judicial no solo por los vaivenes de su proceso de extradición, sino también por su compromiso de colaborar con la Justicia.
El exjefe de la inteligencia militar de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha declarado hasta en dos ocasiones en sede judicial desde su detención en septiembre y lo ha hecho poniendo el foco en los presuntos pagos que fundadores de Podemos como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa canalizaron desde Venezuela a través de PDVSA.
PDVSA, en el epicentro
Entre toda la documental entregada por Carvajal a la Audiencia Nacional destaca una autorización firmada por Hugo Chávez de un abono de 6,7 millones de dólares a la Fundación Ceps (considerada como embrión de Podemos) y otra orden de pago de Nicolás Maduro de 142.000 dólares a Carolina Bescansa y más miembros de la formación morada.
Del mismo modo ofreció al magistrado Manuel García Castellón una lista de testigos a los que se les otorgará la condición de protegidos y se les llamará a declarar en el marco de esta causa reabierta por la presunta financiación irregular de Podemos.
Con todo, la petrolera estatal de Venezuela también aparece en otras grandes causa de corrupción abiertas en la Audiencia Nacional, como es la que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 relativa al presunto saqueo de la compañía, o la que instruye el número 2 sobre Raúl Morodo.
El exembajador de España en Caracas bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está investigado en otro procedimiento por el presunto cobro de 4,5 millones de euros que tanto él como su entorno más cercano habrían recibido también de PDVSA.
En lo que respecta a la causa abierta contra Duro Felguera, y en la cual se pide la imputación de Luis Carlos de León, los hecho se ciñen a los pagos que habrían salido para sobornar a altos funcionarios venezolanos.
En concreto, Anticorrupción sostiene que la compañía asturiana desvió, al menos, 105 millones de dólares camuflados en servicios de asesoramiento. Se refieren a un contrato firmado en diciembre de 2008 con Terca que en realidad serviría para encubrir el desvío de fondos a altos cargos como Nervis Villalobos y Alvarado Ochoa. Los dos exviceministros de energía niegan las acusaciones y sostienen que el acuerdo de asesoramiento fue real.
