El presidente de Perú, Pedro Castillo, asumió el mando en julio pasado con un discurso en el que prometía estatizar empresas privadas y, en particular, aquellas que explotan recursos mineros y energéticos. Sin embargo, han pasado más de 100 días de gestión y aún no se sabe qué tanto de esas promesas quedan en pie.
Antilavado de Dinero / Sputnik News.
Con la explicable preocupación del empresariado privado por lo que Castillo repitió en plazas públicas frente a la gente de a pie, el jefe de Estado, que llegó al poder por Perú Libre (izquierda), empezó su gestión retrocediendo y dando calma a través de su entonces asesor y ahora ministro de Economía, Pedro Francke.
En los primeros días de gobierno, Francke se encargó de desmentir cualquier intención del Ejecutivo de aplicar una economía estatista, aunque tuvo que pelear duro contra el ex primer ministro, Guido Bellido, un político izquierdista conservador que, a pesar de haber sido elegido por Castillo, se encargó de ir en contra de lo que declaraba el presidente y Francke.
Bellido llegó a cursar un oficio el 27 de septiembre al Consorcio Camisea, consorcio encargado de explotar el yacimiento del mismo nombre ubicado en Cusco (sur), el más importante del país. Y el entonces primer ministro lo hizo bajo advertencia de que si el consorcio no aceptaba renegociar, el Ejecutivo procedería a estatizar Camisea.
Castillo no habla
Sin embargo, Castillo, quien es conocido por ser un presidente que habla muy poco con la prensa, no salió a desmentir a su primer ministro, dejando esa tarea al encargado de Economía, algo que no cayó bien entre el empresariado pues frente a declaraciones drásticas, debería ser el mismo presidente el llamado a poner las cosas en claro.
En Perú, para ciudadanos y empresarios, pareciera que existe un presidente en la oficialidad y otro en las plazas. Esto quedó patente el pasado 25 de octubre cuando Castillo, durante un discurso en el departamento de Amazonas (norte), puso nuevamente en vilo el rumbo económico de su gestión al volver al tema de estatizar el gas de Camisea, un asunto que se creía ya zanjado a favor del empresariado luego de la salida de Bellido.
«Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas, y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea», dijo entonces el mandatario, generando pánico financiero y una alza en el dólar que había descendido luego de la salida de Bellido.
Cierto que Castillo publicó un tuit al día siguiente aclarando que su gobierno es «respetuoso con la libertad de empresa», pero esto sonó insuficiente cuando el empresariado reclamaba un «sí» o «no» inequívoco sobre la nacionalización de Camisea.
Así, en una actitud que ya pareciera volverse recurrente, fue otra vez el ministro de Economía, Pedro Francke, quien salió al frente para dar calma y aclarar qué exactamente había querido decir un presidente que, durante su gira por EEUU y México en septiembre, repitió varias veces que su gobierno rechazaba políticas estatistas y apostaba por la inversión privada.
«Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso», escribió Francke en Twitter.
¿Apoyo popular?
De esa manera, el titular de Economía parecía hacer una distinción entre «estatizar» y «nacionalizar», en lo que sonó para los directamente afectados —el empresariado— como una salida retórica, en un punto malabarista, de un ministro que se ve en apuros cada vez más serios para definir el rumbo económico del gobierno o las desconcertantes declaraciones de su presidente.
Desde entonces hasta la fecha, Castillo no ha dado una declaración contundente sobre si estatizar o nacionalizar está en sus planes, pese a tantas declaraciones en diversos y opuestos sentidos.
Cierto que estatizar los recursos fue una promesa de campaña, pero también es verdad que Castillo ganó la presidencia por un margen de poco más de 40.000 votos frente a la derechista Keiko Fujimori, y los objetivos de un gobierno de izquierda dura sería un error tomarlos como algo compartido por un amplio sector ciudadano.
Por: Sergio LLerena Caballero.
