La vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, pidieron a la Justicia ser sobreseídos en los casos conocidos como Hotesur y Los Sauces, en los que están acusados por lavado de dinero.
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Cabe destacar que ambos expedientes están elevados a juicio oral y público, y se encuentran en el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Adriana Paliotti y Daniel Obligado, este último, conocido por otorga la excarcelación anticipada al ex vicepresidente Amado Boudou, por haber hecho cursos mientras estuvo preso por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo.
De acuerdo con La Nación, el juicio por los casos Los Suaces y Hotesur, no tiene una fecha de inicio prevista. Están en la etapa de instrucción suplementaria. En estas causas, la justicia investiga delitos de corrupción, cometidos a través de los negocios hoteleros de la familia Kirchner con la participación del empresario Lázaro Báez. Entre otros.
Según fuentes judiciales del citado diario, el tribunal ya les corrió vista al fiscal de la causa Diego Velasco y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se pronuncien sobre este planteo.
Sin embargo, por estos días, la UIF, atraviesa una fuerte crisis interna. Su presidente, Carlos Cruz, renunció al cargo, igual que la vicepresidente Mariana Quevedo. El Gobierno postuló para cubrir ese cargo a Juan Carlos Otero, un abogado que ya trabaja en el organismo y al que se relaciona con el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Es decir, con uno de los imputados en las causas por lavado
Los planteos de los abogados defensores de los Kirchner
En el escrito formulado por los abogados de los Kirchner Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, a los largo de 65 páginas, argumentan que sus defendidos fueron “injustamente acusados”. Citaron el reciente fallo del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que sobreseyó a la vicepresidenta en la causa conocida como Memorándum con Irán por “inexistencia de delito”.
El dato no es casual, porque ese fallo lo firmó uno de los jueces que integra el TOF 5, Daniel Obligado. En otras palabras, el juez que benefició al ex vice condenado por la compra fraudulenta de la ex Calcográfica Ciccone.
La bancarización como argumento contra la acusación por lavado
“Los elementos incorporados a las presentes actuaciones durante la instrucción suplementaria ponen al descubierto que las conductas que son tomadas como delitos precedentes, en la casi totalidad de los casos, ya fueron sobreseídas por resoluciones judiciales firmes y, en el supuesto restante, adolece de una falta absoluta de logicidad que, a no dudarlo, la transforma en un delito imaginario”, afirman Beraldi y Llernovoy.
En este punto hacen mención a la causa que investiga el presunto direccionamiento de contratos de obras públicas a las empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Esa causa, más conocida como “Vialidad” está en la etapa del juicio oral. Con dos audiencias semanales, la causa avanza con las declaraciones testimoniales. Es el único juicio oral en curso contra la vicepresidenta, aunque Beraldi consideró que se trata de un “delito imaginario”.
Los abogados también dijeron que los cobros de la empresa Los Sauces fueron bancarizados y que por ende no existió el delito de lavado de activos. “Los expertos afirmaron, en forma unánime y en lo que aquí interesa, que todos los pagos recibidos por Los Sauces S.A., provenientes de Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC, sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias”, plantea el escrito.
Las maniobras de lavado, según la acusación
De acuerdo con Clarín, los dos expedientes quedaron vinculados a la defraudación en la obra pública a favor de Lázaro Báez. La Cámara Federal porteña ya indicó que la corrupción en dicho expediente es el delito precedente de las investigaciones por lavado de activos. En otras palabras, que una porción del dinero que el empresario K percibió por parte del Estado (por ejemplo los sobreprecios en las 51 obras viales) se derivó a los alquileres de las empresas de los Kirchner. Y finalmente, al patrimonio de los ex Presidentes, Cristina y Néstor Kirchner.
En ambos casos, existía un mismo modus operandi para las maniobras de lavado. Primero los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner beneficiaban a los empresarios K con negocios públicos. Y luego, presuntamente, los beneficiados les hacían retornos indebidos y millonarios. A través de alquileres de viviendas (por la inmobiliaria Los Sauces). O por la contratación de habitaciones de hoteles (Hotesur).
En el caso de la inmobiliaria, las operaciones superarían los $30 millones. Mientras que, con Hotesur, la justicia cree que blanquearon unos $80 millones. Y en ambos casos, intervino Báez con su holding. En simultáneo, este holding tenía como único cliente al Estado nacional.
En la acusación, el fiscal Gerardo Pollicita explicó con una contundente simpleza, la operatoria empleada. “Desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”. Para la imputación, esas empresas nunca cumplieron un fin comercial. Así, pues, Báez que era inquilino de Los Sauces y administraba los hoteles, se “convertía en el principal adjudicatorio de obra pública vial, contratos plagados de irregularidades”.
