El exministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, René Figueroa, confesó que se apropió de más de 3,7 millones de dólares de las arcas del Estado cuando ejerció funciones en el gobierno del expresidente Tony Saca (2004-2009).
Antilavado de Dinero / AP News.
Los fiscales del caso informaron el lunes a periodistas que el exministro Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga, procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, confesaron en un proceso abreviado ante un tribunal haber lavado 3,7 millones de dólares que provenían de los 301 millones de dólares que saqueó el expresidente Saca de las arcas del Estado. Según el acuerdo, Figuera y su esposa serán condenados a tres años de prisión que serán sustituidos por trabajo de utilidad pública. Figueroa devolverá al Estado 1,1 millones de dólares y su esposa 360.000 dólares.
La Fiscalía acusó ante los tribunales de justicia al exministro Figueroa de recibir 1,7 millones de dólares provenientes de la sociedad Radiodifusión de El Salvador, S.A. DE C.V, propiedad del expresidente Saca. Los restantes dos millones de dólares son de origen desconocido.
La pericia financiera contable desarrollada con la autorización del juzgado también determinó que la señora Cecilia Alvarenga de Figueroa recibió 4.000 dólares de la Sociedad Nueva Orleans, S.A. DE C.V, y otros 100.000 de cuentas de la Sociedad de Radiodifusión, propiedad de el exmandatario.
La acusación contra Figueroa y su esposa se desprende de una investigación fiscal que determinó que de las cuentas instituciones subsidiarias del Tesoro Público en el gobierno de Saca se sustrajo dinero que fue destinado a cuentas personales y sociedades del exmandatario, entre ellas, Radiodifusión de El Salvador S.A DE C.V.
El octubre de 2019, el Ministerio Público embargó a Figueroa y su esposa cuatro inmuebles, dos empresas y cuentas bancarias cuyo valor suma unos tres millones de dólares.
Figueroa desempeñó el cargo durante el gobierno del expresidente Saca, quien cumple una condena de diez años de prisión en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvió de 301 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.
Este es el quinto exfuncionario de Saca procesado por corrupción.
