Una organización no gubernamental canadiense ha solicitado a las autoridades bursátiles de Canadá y Estados Unidos que investiguen a las compañías mineras Tahoe Resources y Pan American Silver por fraude en relación a la controvertida mina guatemalteca El Escobal.
La ONG Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) reclamó a la Comisión del Mercado de Valores de la provincia de Columbia Británica (Canadá) y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos una investigación a esas empresas mineras por no haber revelado detalles clave del futuro de El Escobal.
La denuncia de JCAP se produce poco antes de que los accionistas de la compañía estadounidense Pan American Silver voten para aprobar o rechazar la compra de El Escobal a la canadiense Tahoe Resources.
El futuro de incierto de la comunidad indígena
La justicia guatemalteca suspendió en julio de 2017 las operaciones de
El Escobal porque no se había realizado una consulta popular sobre el
futuro de la mina entre la comunidad xinca, situada en los alrededores
de esa explotación, tal como había ordenado la Corte de
Constitucionalidad del país centroamericano.
Según la JCAP, Pan American Silver y Tahoe Resources “han realizado declaraciones engañosas sobre el futuro de la mina El Escobal y no revelaron graves problemas y el conflicto emergente con el proceso de consulta”.
Ellen Moore, coordinadora de minería internacional de Earthworks, que junto con MiningWatch Canadá y Maritimes-Guatemala Rompiendo el Silencio (RES) conforman JCAP, apuntó en un comunicado que es “crítico” que las autoridades bursátiles investiguen a las dos compañías.
La ONG denuncia la opacidad de las compañías mineras
“Tahoe tiene un conocido historial de exagerar su licencia social y esta
no es una excepción. Es crítico que las autoridades bursátiles de
Columbia Británica y Estados Unidos investiguen a Pan American Silver y
Tahoe Resources por no revelar todo lo que saben” sobre los conflictos
de El Escobal.
La JCAP aseveró que esas empresas “no revelaron que el tribunal suspendió una solicitud para un licencia de exploración así como una orden que podría provocar prerrogativas mayores”.
El grupo canadiense explicó que, pese a que en mayo de 2017 Tahoe negó que existiera ningún problema, dos meses después “un tribunal en Guatemala suspendió las operaciones por discriminación y la falta de consulta con los indígenas xinca”.
El abogado de JCAP, Shin Imai, señaló en la misma nota que el caso de Tahoe es un claro ejemplo de las consecuencias que puede traer una mala praxis empresarial.
“Utilizo este caso en mi clase de ley empresarial para mostrar qué sucede cuando las compañías no obtienen consentimiento de las comunidades. En su momento álgido, en 2014, Tahoe cotizaba a casi 25 dólares y ahora está alrededor de cuatro dólares” por acción, indicó el letrado.
ALD/EFE 04/01/2018
