Nuevamente El Salvador ha sido sacudido por diversos anuncios por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América: altos funcionarios, como la jefa de Gabinete, el director de Centros Penales (y su madre) y el director de Tejido Social han sido sancionados por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la primera por supuestamente «dirigir un esquema de corrupción multimillonario», y el resto por presuntamente verse involucrados en negociaciones con pandillas.
Antilavadodedinero / Laprensagrafica
Producto de los señalamientos anteriores, trascendió que el Departamento de Justicia prepara acusaciones criminales contra varios de los involucrados.
Las acusaciones son graves, y se suman a situaciones que fueron reveladas por reportes periodísticos de El Faro sobre investigaciones del manejo de los fondos públicos en la pandemia y las negociaciones de las pandillas con el Gobierno salvadoreño, hechas por la anterior gestión de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en vez de desmentir las acusaciones, los funcionarios del oficialismo y el mismo presidente de la República se han dedicado a realizar acusaciones contra funcionarios estadounidenses y a tergiversar información.
Los exabruptos por parte del presidente Bukele, ante los señalamientos contra sus funcionarios, han llegado al punto de publicar conversaciones privadas hechas por mensajería instantánea con la anterior encargada de Negocios de Estados Unidos, y la tergiversación de su contenido. Funcionarios oficialistas han tratado de matizar este craso error manifestando que se trata de la revelación de información pública y del ejercicio del derecho a la verdad.
En primer lugar, con la publicación de conversaciones privadas se violenta el derecho a la intimidad de toda persona, cuyas comunicaciones solo pueden volverse públicas previa autorización y consentimiento. Incluso, cabe señalar que dichas acciones constituyen delito bajo las reformas realizadas esta misma semana a la Ley Especial contra Delitos Informáticos. El primer error es hacer pública una conversación realizada en el ámbito privado, lo cual también es considerado una alteración a la confianza y lealtad en las relaciones diplomáticas.
Y el segundo error, el cual también es sumamente grave, es tergiversar y malinterpretar el contenido de las mismas conversaciones. El oficialismo ha señalado a la embajadora Manes de pedir la liberación del exalcalde de San Salvador, lo cual no es cierto. Lo que se lee textualmente en los mensajes es la manifestación de preocupación por el estado de salud del exalcalde y el interés por que las órdenes judiciales se cumplan, incluyendo la utilización de los brazaletes de localización.
Aquí hay muchas situaciones preocupantes. Del presidente de la República depende el cumplimiento de una orden judicial. Las autoridades de Centros Penales están en la obligación de darle cumplimiento a los mandatos de los jueces, de garantizar los derechos de los imputados, y de considerarles inocentes hasta que sean condenados en un juicio que cumpla con todas las garantías legales. La embajadora Manes no solicitó nada indebido ni ilegal, sino únicamente el cumplimiento de las garantías del Estado de Derecho.
Como Centro de Estudios Jurídicos siempre exigiremos el respeto al Estado de Derecho y que se garanticen investigaciones y procesos judiciales serios e imparciales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las instituciones encargadas de combatir la corrupción deben trabajar y los involucrados responder ante la justicia por sus actos bajo las reglas del moribundo Estado de Derecho salvadoreño.
