Hace casi siete años, Cruz Sánchez tuvo que salir huyendo de su comunidad en la Sierra Tarahumara, junto con los integrantes que le quedaban de su familia. Por negarse a sembrar amapola, el crimen organizado ya había asesinado a uno de sus hijos. Después le mataron a otro. En la huida para salvarse y salvar a los suyos perdió su casa, su tierra, su modo de vida, a sus vecinos, su bosque y el arraigo y seguridad que todo eso genera.
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El gobierno no le ha restaurado ninguno de los derechos que el crimen organizado le robó ni se ha esclarecido el asesinato de sus dos hijos. En lugar de eso ha tenido que enfrentar el encarcelamiento de su tercer hijo varón, cuenta Cruz en entrevista
El rarámuri pide una ley que reconozca el desplazamiento forzado y la reparación integral para las víctimas. Pero la iniciativa para aprobarla está atorada en el Senado de la República.
Fue en 2015 cuando empezó el desplazamiento de los habitantes de la comunidad donde vivía Cruz, El Manzano, una de las 10 localidades del ejido Rocoyvo, en el municipio de Uriachi, en la Sierra Tarahumara. El poblado estaba integrado por unas 400 personas, dedicadas a la actividad forestal, agrícola y ganadera de autoconsumo.
Integrantes de uno de los carteles del narcotráfico que operan en la zona pretendieron reclutar para sus filas a jóvenes de la comunidad, entre ellos, Carlos Benjamín, de 18 años, uno de los hijos de Cruz Sánchez, y obligarlos a sembrar amapola en sus tierras.
El muchacho se negó y huyó a otro lugar de Chihuahua, donde consiguió trabajo como albañil. Pero extrañaba su casa, su comunidad, así que se regresó. En el camino de retorno a su hogar, un grupo de sicarios rafagueó la camioneta en la que viajaba. Su familia tuvo que ir a reclamar su cuerpo a Cuauhtémoc.
Cruz Sánchez interpuso una denuncia por los hechos y pidió su esclarecimiento. El crimen organizado no le perdonaría el atrevimiento. Más de 50 hombres armados llegaron a la comunidad, el 29 de marzo de 2015, y les tiraron balazos por más de siete horas, cuenta el rarámuri. Mientras las balas pasaban cerca de las ventanas, ellos se quedaron escondidos, agazapados dentro de las casas.
Joel, otro hijo de Cruz, resultó herido en ese ataque, con tres impactos de bala. La familia tuvo que esperar hasta que cesaron las balazos, entre las 7 y 8 de la noche, para sacarlo con ayuda de la policía ministerial.
No volvieron a su comunidad, ni ellos ni muchos otros de sus vecinos. Unas 30 familias, alrededor de 170 personas, dice Cruz Sánchez, fueron desplazadas de El Manzano.
De acuerdo con el informe 2020 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solo el año pasado, 9 mil 741, en México, tuvieron que abandonar su lugar de residencia por diferentes motivos, entre los principales está la presencia y amenazas del crimen organizado. En Chihuahua fueron 933 las personas desplazadas, en tres municipios.
Solo este año, la CMDPDH ya lleva contabilizadas más de 36 mil personas obligadas a dejar su casa. Es la cifra más alta desde que esta organización realiza sus estimaciones y casi cuadriplica la del año pasado.
Durante casi todo un año, después de la salida de Cruz y su familia de su comunidad, quienes les ayudaron con alimentos y el pago de rentas de casas fueron las organizaciones de la sociedad civil, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
