El dinero desviado a través de La Estafa Maestra se habría utilizado para pagar las deudas y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto, así lo habría revelado el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.
Antilavadodedinero / Infobae
Gracias a esta declaración, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la gestión de Rosario Robles, por el desvío de 185.8 millones de pesos.
Según la FGR, el desvío ocurrió al simular la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.
Estas revelaciones forman parte de la declaración que hizo Zebadúa ante la FGR, el 19 de octubre de 2020, en donde acusó el desvío de más de 1,200 millones de pesos e imputó a Rosario Robles y a otros altos funcionarios de la administración anterior, entre ellos al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.
El exfuncionario federal -quien solicitó convertirse en testigo protegido- aseveró que desde 2012 y por instrucciones de Rosario Robles, se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de 1,267 millones de pesos.
Siempre de acuerdo con las declaraciones de Zebadúa González, estos recursos fueron asignados a través de la “Cruzada contra el Hambre” con la finalidad de pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto.
Los fiscales solicitaron al juez vincular a proceso a González Tiburcio a quien señalaron por firmar un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo en enero de 2016 para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres por un total de 185 millones 839 mil pesos, por lo que Robles Berlanga habría tenido conocimiento pleno de lo ocurrido.
Pero un mes después, la Universidad subcontrató los servicios a dos empresas privadas, este esquema de subcontrataciones es conocido como la Estafa Maestra.
Por su parte, González Tiburcio, quien compareció por videoconferencia, no hizo declaraciones por lo que se solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para presentar pruebas a favor antes de que se defina su situación jurídica.
Será el fin de semana cuando el juzgador determine si vincula o no a proceso a González Tiburcio por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades por el cual podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión.
Emilio Zebadúa colabora con la FGR con la finalidad de alcanzar un criterio de oportunidad para no pisar la cárcel pese a estar involucrado en La Estafa Maestra.
Apenas el pasado mes de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó un amparo a Zebadúa González debido a que la dependencia demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito.
Cabe recordar que Rosario Robles se encuentra presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el pasado 13 de agosto de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015, y también cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu), entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.
El juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna -sobrino de Dolores Padierna, enemiga de Robles- determinó que sus omisiones habrían causado daño a la Hacienda pública.
