Corea del Norte siguió practicando ejecuciones públicas en los últimos años, pero procura hacerlo de forma más discreta para evitar filtraciones al extranjero que ensucien más la imagen del régimen, reveló este jueves (16.12.2021) un grupo de investigación en Seúl.
Antilavado de Dinero / DW.
La organización Transitional Justice Working Group (TJWG) de Seúl analizó imágenes de satélite y recogió testimonios de 23 ejecuciones públicas practicadas durante la era de Kim Jong-un, que tomó el poder hace una década tras la muerte de su padre en diciembre de 2011.
Los testigos, fugados de Corea del Norte, señalaron que las ejecuciones se llevan a cabo en lugares fuertemente vigilados por las autoridades para asegurarse que no trasciende ninguna información, señaló TJWG en un informe lanzado el miércoles.
«En años recientes, Corea del Norte parece estar seleccionando estratégicamente lugares lejos de la zona fronteriza para llevar a cabo estos asesinatos», dice la ONG, que trata de documentar abusos de derechos humanos y llevar justicia a las víctimas.
«La supervisión y el control de la audiencia reunida en estos eventos se refuerza para prevenir que la información de ejecuciones públicas se filtre fuera del país», añade.
«Nuestros hallazgos sugieren que el régimen de Kim presta más atención a las cuestiones de derechos humanos como respuesta al incremento del escrutinio internacional», considera.
Corea del Norte niega las acusaciones
Los testigos de estos tránsfugas son casi imposibles de verificar independientemente debido al estricto control de Corea del Norte en el acceso a su población y sus archivos.
Ahyeong Park, principal autora del informe, señala que la organización evaluó con cuidado la consistencia de estos testigos y escogió solo los más fiables.
Pyongyang ha sido acusada durante largo tiempo de practicar asesinatos de Estado para infundir miedo en su población. Su líder ha sentenciado algunos altos asesores en el pasado, incluido su poderoso tío Jang Song Thaek en 2013.
Corea del Norte asegura que respeta los derechos humanos y rebate como mentiras las acusaciones formuladas por los fugados.
Según el informe de TJWG, siete de las ejecuciones fueron por distribuir videos de Corea del Sur, prohibidos en el Norte.
La organización indica también que el cierre casi total de fronteras de Corea del Norte durante la pandemia ha reducido significativamente la información procedente del país, haciendo más difícil documentar los abusos de derechos humanos en este periodo.
Otra oenegé, Human Rights Watch, acusó el jueves a Kim de «aislar más que nunca el país» con «medidas innecesarias y extremas».
