El juez José Ignacio Vilaplana acaba de concluir la investigación de la rama de las sobrecomisiones desgajada del árbol de los ERE con el procesamiento de 35 investigados, entre ellos se encuentran tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía, en concreto el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
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El pago de las sobrecomisiones constituyó un saqueo a las arcas públicas de la Junta porque, según especifica el juez, se pagaron 66.033.237 euros en mordidas que estaban por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Administración y que sirvieron para enriquecer ilícitamente a aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas, cuyo empacho a costa de las arcas públicas fue pantagruélico.
Tanto Fernández como Márquez ya fueron enjuiciados y condenados por un tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla en la pieza del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Administración autonómica. El juez considera que en ambos casos no se produciría un doble enjuiciamiento porque «las posibles sobrecomisiones investigadas no serían consecuencia necesaria de la ideación y ejecución del llamado procedimiento específico».
Mediante un auto notificado este martes a las partes, facilitado por el TSJA, el magistrado continúa con el procedimiento abreviado –la fase previa al auto de apertura de juicio oral– contra los investigados atendiendo una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. En la causa no están todos los intervinientes en el negocio, porque recibieron sobres con dinero efectivo, «personas que intervenían con poder decisorio en la negociación, firma y cobro de las pólizas de seguros» financiadas con subvenciones que no han sido identificadas, tal y como advirtió el Ministerio Público en su escrito remitido al juzgado.
Los sindicatos, responsables subsidiarios
El juez da este paso «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. En esta pieza están encausadas dos entidades dedicadas a la intermediación, Permar 21 S.L. y Cureña S.L., como partícipes a título lucrativo, y se cita como responsables civiles subsidiarios a entidades vinculadas a la UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CCOO, CCOO-A y CCOO de Industria.
El magistrado considera que el exconsejero de Empleo y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero (fallecido en octubre de 2020) y Juan Márquez, junto a varios responsables del grupo Vitalia y otros investigados, «de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control alguno de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían diseñado y ejecutado -mediante el desempeño del papel asignado a cada uno de ellos- un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta -con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la Consejería de Innovación-, naturalmente ordenado, aceptado y consentido por referidos responsables de la Consejería de Empleo y fijado en su cuantía por los mediadores de las respectivas pólizas en las que intervenían».
El instructor indica que «este fondo de sobrecomisiones, una vez abonadas éstas, habría sido posteriormente distribuido a través fundamentalmente de sociedades instrumentales, en muchos casos mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias, para integrarse finalmente en el patrimonio de dichos «mediadores» y comisionistas (conseguidores) y otros intervinientes en el proceso, obteniendo así la parte que a cada cual le correspondía, participando en este lucrativo «negocio» de intermediación en la obtención de ayudas y financiación pública de costes de extinción colectiva de relaciones laborales, todo ello «bajo una apariencia de legalidad y al amparo de instrumentos jurídicos a través de los cuales se habría de proceder a la instrumentalización ilícita de ayudas y subvenciones públicas, con el fin de hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos del Patrimonio Público Autonómico».
«Sin justificación que acredite la necesidad de su participación, sin fijación de criterio alguno de selección de las mismas y sin la utilización de procedimientos de concurrencia competitiva -o de cualquier otro- en su contratación, diversas entidades mediadoras habrían intervenido, al margen de cualquier mínima forma de legalidad, en la negociación y formalización de las pólizas de seguros asociadas» a las ayudas sociolaborales, señalando el juez que las mediadoras «implicadas en la mecánica ilícita objeto de las actuaciones estarían integradas principalmente», bien en el Grupo Uniter, bien en el grupo Vitalia.
Mecanismo utilizado para desviar fondos
En su auto, el juez desgrana un sinfín de irregularidades analizadas en la intervención de estos agentes y en la mediación de las pólizas y concluye que «la irregularidad de mayor relevancia habría sido la forma -arbitraria, excesiva y fraudulenta- de establecer la cuantía de la retribución (sobrecomisiones) de estas entidades por su intervención en la negociación, formalización y pago de las correspondientes pólizas», y, de hecho, «la retribución de las entidades mediadoras fue el mecanismo utilizado, de común acuerdo por los investigados, para obtener un enriquecimiento ilícito con cargo a los fondos públicos de la Junta destinados a financiar las ayudas sociolaborales».
Según concluye, el resultado de esta «mecánica delictiva» habría determinado que, según se deduce de lo actuado, «el exceso de comisiones totales cobradas irregularmente por entidades del Grupo Uniter ascendería a la suma de 29.804.937,20 euros, en tanto que las entidades del Grupo Vitalia habrían cobrado sobrecomisiones por importe total de 36.228.300,10 euros, lo que supone un enriquecimiento ilícito por importe total de 66.033.237,30 euros».
Seguidamente, el juez analiza en el auto la «ilícita actuación» que se habría ido desarrollando por los agentes intervinientes en la mecánica delictiva descrita, distinguiendo la actividad ilícita desarrollada por las entidades mediadoras y sus responsables; por el entramado vinculado con el investigado y exdirigente de la central UGT Juan Lanzas a través de un despacho de abogados, y por los sindicatos de trabajadores y las entidades a ellos vinculadas.
En su auto, da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de treinta días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
Orden de búsca para un prófugo de la Justicia
En otro auto, fechado el día 20 de diciembre y notificado también este martes a las partes personadas, el magistrado acuerda la detención y su inmediata puesta a disposición del Juzgado de un ex directivo de la mediadora Vitalia investigado en esta pieza separada del caso ERE y que se encuentra en paradero desconocido, y en consecuencia acuerda la expedición de la correspondiente Orden Europea e Internacional de Detención y Entrega del mismo.
Se trata de Eduardo Pascual de Arxé, investigado por las presuntas sobrecomisiones ilegales del caso ERE y prófugo de la Justicia. La Policía, que trata de extraditarlo, perdió el rastro del exbanquero en la República de Benín en África.
