“Si se llega a comprobar que hay firmas falsificadas es un delito y esto compromete no solo al activista del libro en que se firmó, sino también al precandidato”, Magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, junio de 2018.
Hoy, 5 de enero, en comunicado del Tribunal Electoral se señala:
“En el proceso de validación de firmas, fue la DNOE la que detectó:
- Firmas falsificadas a funcionarios del Tribunal Electoral y a terceras personas;
- Firmas de menores de edad;
- Firmas de extranjeros;
- Firmas de difuntos, que aparecen firmando libros después de la defunción. Todos estos casos han sido denunciados a la Fiscalía General Electoral y sus fiscalías delegadas, para que se deslinden las responsabilidades penales.
Según la normativa vigente, el activista que obtuvo la firma ilegal, es el que responde penalmente por ella; no así el precandidato”.
Cómo se observa esto último entra en contradicción con lo expresado por el magistrado Escoffery Valdés hace sólo seis meses atrás y después de las reformas electorales aprobadas en abril de 2017. No es la primera vez que se dan estas contradicciones. Y no es la primera vez que los magistrados acomodan su discurso en función de los intereses de las cúpulas de los partidos tradicionales y del poder económico que, además, controlan los medios de comunicación.
Se buscarán chivos expiatorios, es decir, a los activistas, para culparlos de la más monumental operación de falsificación de firmas de nuestra historia, por parte de aquellos que los grandes medios de comunicación vendieron como los decentes e impolutos de Panamá y que, como se demuestra, son más de lo mismo, apoyados por el mismo poder económico que controla las cúpulas de los partidos tradicionales corruptos.
El proceso de libre postulación degeneró en fraude, corrupción y clientelismo. Está viciado y esto descalifica a todos estos precandidatos para presentarse en las elecciones de este 5 de mayo.
Pero hay más. Todo indica que los magistrados trabajan también para abrirle la puerta de la cocina, a última hora, a uno de los precandidatos preferidos por ese poder económico y de grupos como Movin. Ya nada sorprende.
Si a esto agregamos las numerosas denuncias de las últimas semanas sobre el hallazgo de cédulas falsas, cédulas de difuntos que aparecen con el nombre de otras personas y otras en manos de extranjeros, hace sospechar, a solo cuatro meses de las elecciones, el peligro de un fraude masivo.
Pero este fraude no comenzó ahora. Este fraude inició con la aprobación de reformas electorales por parte de los diputados de la corrupta Asamblea Nacional de Diputados, los mismos que controlan las cúpulas de los partidos tradicionales y que con esas reformas les permitió quedarse con más del 95% del financiamiento público, todo esto con el aval de los magistrados. Con estas reformas los diputados aseguraron su reelección y las condiciones para forjar alianzas corruptas. Solo el FAD, como partido político, elevó su voz de protesta ante esta infamia.
Lo sucedido con los precandidatos a libre postulación a la Presidencia constituyen delitos penales y electorales. Incurrieron en las mismas prácticas clientelistas de los partidos tradicionales, que criticaron en su momento. Esto es bochornoso, inmoral e inaceptable. “Revivieron” muertos, introdujeron menores de edad y extranjeros en sus listados, trabajaron con cédulas falsas y es posible que hayan falsificado las firmas de decenas de miles de ciudadanos que aún no saben que sus nombres y cédulas aparecen en esas listas con firmas falsificadas, por lo que conviene que se establezca con urgencia un sistema que permita a cada ciudadano comprobar si su firma fue falsificada por algunos de estos precandidatos.
El panorama que se cierne sobre las próximas elecciones es sombrío. El Tribunal Electoral está en entredicho. El árbitro ha quedado descalificado, sin autoridad moral de ningún tipo.
Este es una prueba más de los estertores de una crisis institucional que ya tocó fondo. Sólo una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, puede barrer con esta podredumbre. Esa es la primera medida que el FAD y nuestro candidato Saúl Méndez, se comprometen a desarrollar de llegar el pueblo al Gobierno
ALD/kaosenlared
