InSight Crime realiza un reportaje especial denominado los GameChangers del Crimen 2021, donde destaca las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante el transcurso del año.
Antilavado de Dinero / InSight Crime.
Este año fue testigo de turbulencia criminal en los Andes, preocupantes conexiones entre el crimen organizado y la destrucción ecológica, en especial en la cuenca del Amazonas y de una explosión de drogas sintéticas procedentes de México. Todo con un trasfondo de corrupción, el socavamiento de la democracia y la continuación de la pandemia de COVID-19.
Aunque los carteles mexicanos ocuparon las primeras planas de los periódicos a lo largo del año, fue Colombia el país que exhibió los movimientos más tumultuosos y dinámicos en sus operadores criminales, un remezón que se ha sentido en Venezuela y otros países. En diciembre, dos altos excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, fueron abatidos en dos enfrentamientos distintos en Venezuela con otras organizaciones criminales, posiblemente pertenecientes a otras facciones ex-FARC.
Sus muertes presentaron una inquietante semejanza con la de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, otro excomandante de las FARC asesinado en Venezuela hace algunos meses. Los tres comandantes hacían parte de una insurgencia disidente de las FARC que se autodenominó la Segunda Marquetalia. Esas muertes fueron misteriosas y significativas, y debilitan los intentos de las ex-FARC Mafia de construir un imperio narcotraficante en Venezuela y de relanzar un movimiento insurgente luego del acuerdo de paz de 2016 y de la desmovilización oficial del ejército guerrillero.
El escenario de todo esto fue Venezuela, país que alguna vez acogió a los insurgentes colombianos con los brazos abiertos, pero que a estas alturas puede estarlos considerando como huéspedes molestos. Otra facción ex-FARC, el Décimo Frente, que puede ser el responsable de los asesinatos de El Paisa y de Romaña en diciembre, también ha emboscado a las fuerzas armadas venezolanas. Esos enfrentamientos entre el ejército y grupos armados no estatales (NSAG), han sido comunes en Colombia, inmersa por más de cinco décadas en el conflicto civil, pero es nuevo para Venezuela, y lo que sucedió en el estado de Apure, podría ser una señal de lo que está por venir.
Otros huéspedes colombianos en territorio venezolano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se llevan el palmarés en 2021. Aunque las diferentes facciones ex-FARC Mafia mantienen enfrentamientos —y en ocasiones chocan también con el ejército venezolano— el ELN sigue expandiendo sus tentáculos sin encontrar mayor oposición, forjando su propia alianza, más sutil, con el régimen de Maduro y expandiéndose en Colombia. Aunque el ELN sigue ampliando su participación en narcotráfico, también ha reforzado su presencia en lucrativas zonas mineras de Venezuela.
Sin embargo, no todo fue color de rosa para el ELN en 2021. En junio, anunció su retiro el veterano comandante Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”. El nuevo secretario, Eliécer Erlinto Chamorro, alias “Antonio García”, tiene experiencia, pero puede haber tenido dificultades para mantener el orden entre los combatientes rasos que operan empresas criminales muy lucrativas en toda la región.
Otra importante organización criminal y exportadora de cocaína colombiana, Los Urabeños, sufrió sus propias turbulencias en octubre, cuando las fuerzas especiales colombianas capturaron a su veterano líder, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, con lo cual culminó una cacería humana de cinco años, que ya había dejado un buen número de bajas de comandantes y operadores financieros de Los Urabeños, entre ellos algunos parientes cercanos de Úsuga. Aun así, el grupo parece inmune a estos reveses, gracias a que su estructura horizontal de bloques y franquicias independientes no dependen de ninguna economía o contacto criminal.
Al paso que aumenta la identificación y eliminación de más delincuentes colombianos de alto nivel, el negocio de la cocaína se oscurece más y más. El país está exportando más cocaína que nunca en su historia, pero cada vez más los operadores de esta industria son invisibles y desconocidos, usan redes independientes y subcontratación criminal para manejar su operación. Esas redes autónomas se van volviendo la norma en la región. Son difíciles de rodear desde una perspectiva policial.
Este año también marcó un récord en la deforestación de la Amazonía y daños ambientales en otros lugares. Aunque la política es responsable de gran parte de esto, el crimen organizado fue también un motor. Por ejemplo, las minas del noroeste de las regiones Andina y Pacífico, donde tienen mayor fuerza los Urabeños, representan casi el 60 por ciento del oro ilegal en Colombia y motivaron una gran proporción de la deforestación en dichas regiones.
Otros países enfrentan pruebas de resistencia similares con el saqueo de las empresas criminales a los recursos naturales y sus empresas ilícitas infligen daños colaterales sobre el medio ambiente. En Venezuela, docenas de NSAG, algunos alineados con el régimen de Maduro, explotan el país a velocidad récord sin consideración por el medio ambiente. En Perú, la expansión de los sembrados de coca en la cuenca del Amazonas amenaza la vida silvestre y las selvas tropicales. Y en Brasil, parece haber una conexión en aumento entre el tráfico de madera y de cocaína, con el ataque a la selva húmeda por todos los flancos.
Combatir estas tendencias al día de hoy parece exceder la capacidad, o la voluntad, de cualquier gobierno. Brasil es un buen ejemplo de ello. En contravía con sus promesas, el gobierno de Jair Bolsonaro no ha destinado los recursos para contrarrestar los extensos incendios, ponerle coto a la agroindustria o combatir el crimen. Y al menos en un caso, parecía que los miembros de su propia administración podían estarse beneficiando del tráfico de madera de la Amazonía.
Por supuesto que la corrupción no se limitó a Brasil. Y si los gobiernos corruptos tuvieron algo en común en 2021, fue su creciente énfasis en blindarse a sí mismos y a sus aliados de las acusaciones derivadas de investigaciones extranjeras, a la par que se aseguraban un dominio más férreo de los hilos del poder. Esto se hizo más evidente en Centroamérica, donde varios viejos aliados de Estados Unidos trataron de socavar las campañas del recién electo presidente estadounidense Joe Biden para frenar la corrupción.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele terminó de enterrar los órganos judiciales internacionales en junio, con la disolución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES). La CICIES siguió el modelo de otros dos organismos de veeduría internacional que operaron en Honduras y Guatemala hasta que ellos también fueron disueltos por presidentes recelosos de su poder e influencia. En el caso de la CICIES, estaba empezando a investigar a algunos miembros del gabinete de Bukele por malos manejos de los recursos de emergencia durante la crisis del coronavirus.
La medida hacía parte de una reforma más amplia al sistema de justicia emprendida por Bukele. Solo un mes antes de acabar con la CICIES, el mandatario salvadoreño también había destituido al fiscal general y a cinco altos magistrados. En las semanas siguientes, la Corte Suprema tomó una serie de polémicas decisiones, incluido el aplazamiento de la extradición de un importante líder de la Mara Salvatrucha (MS13) hacia Estados Unidos para responder por cargos de terrorismo, y la excarcelacion de un lavador de dinero convicto. Esas medidas aumentaron la tensión entre El Salvador y Estados Unidos.
También hubo tensiones entre Estados Unidos y Honduras, donde el asediado presidente Juan Orlando Hernández terminó su tumultuoso mandato bajo la sombra de acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico, subrayadas por la sentencia a cadena perpetua del hermano de Hernández en un juzgado estadounidense en el mes de marzo. El reemplazo de Hernández, Xiomara Castro —quien ganó con sorprendente ventaja en las elecciones de noviembre— asumirá el poder en 2022 con la dura tarea de desmantelar las redes de corrupción y delincuencia que el Partido Nacional, de Hernández, ayudó a crear en la última década.
Nicaragua y Guatemala también, a su manera, buscaron blindarse del escrutinio internacional. Con las elecciones a la vuelta de la esquina en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega lanzó una ofensiva contra los políticos de la oposición y los medios de información no gobiernistas. En lo que puede ser su asalto más descarado a la democracia en 2021, la administración de Ortega decretó arresto domiciliario contra la candidata opositora Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero en junio; ella fue una de varios candidatos, líderes de la oposición y críticos del gobierno detenidos durante la campaña. En noviembre, Ortega se declaró vencedor por un cuarto mandato en lo que algunos observadores llamaron una “farsa” electoral.
Mientras tanto, el gobierno de Guatemala desafió a la comunidad internacional con la continuada desacreditación o anulación de casos judiciales recientes contra las élites políticas y económicas del país, así como la intimidación a los investigadores que lideraron esos casos. Dicha campaña culminó en julio, cuando la fiscal general del país despidió a Juan Francisco Sandoval, director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Sandoval huyó del país y denunció a la fiscal general, mientras que el gobierno guatemalteco emitía una orden de aseguramiento en su contra.
La administración Biden trató de tender puentes con estos países. Su enviado especial a El Salvador fue objeto del desdén de Bukele. La vicepresidenta Kamala Harris viajó a Guatemala, donde el presidente la desafió abiertamente durante un incómodo encuentro público.
Las tensiones también llegaron a un punto crítico entre Estados Unidos y México. En enero, el gobierno absolvió al exgeneral Salvador Cienfuegos Zepeda de los señalamientos por narcotráfico. Cienfuegos, quien estuvo al mando de las fuerzas armadas mexicanas entre 2012 y 2018, había sido puesto en custodia en Estados Unidos en octubre de 2020, sindicado de cooperar con una facción de la Organización Beltrán Leyva. En una conferencia de prensa el día después de la absolución del exgeneral por parte de la Fiscalía General mexicana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador alegó que Estados Unidos había “fabricado” evidencia.
La ruptura sucedió en el peor momento, en el que Estados Unidos y México trataban infructuosamente de contener el consumo creciente de drogas sintéticas. En 2020, Estados Unidos presentó un incrementó superior al 30 por ciento de las muertes por sobredosis, la mayoría por cuenta del uso de fentanilo, un opioide sintético. También en Estados Unidos ahora hay más del doble de consumidores de metanfetaminas que cocainómanos. Por su parte, México tiene problemas con el consumo en aumento de metanfetaminas, que está a punto de superar a la marihuana como la sustancia de uso más común en personas que ingresan a centros de rehabilitación.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) también prendió las alarmas sobre las drogas sintéticas. En un informe publicado en octubre, la ONUDD destacó la producción en masa, la pureza y el alcance de las metanfetaminas de fabricación mexicana. Señaló cómo los grupos criminales mexicanos estaban divulgando su experticia con otros grupos criminales en Europa y otros países.
De regreso al continente americano, hubo también presagios aciagos. En septiembre, las autoridades brasileñas hicieron un colosal decomiso de éxtasis en dos instalaciones al sur del país, estado de Santa Catarina, lo que mostró que la producción de drogas sintéticas se está incrementando en el país suramericano. Y en Canadá, una pandilla de motociclistas se cruzó con grupos criminales mexicanos para vender drogas sintéticas más al norte. En una región antes dominada por las industrias de cocaína y heroína, la diversificación a las drogas sintéticas, liderada por los mexicanos, ha cambiado el panorama criminal.
