“La posición del Departamento de Estado no ha cambiado: Panamá es libre de llevar al señor Martinelli a juicio sin obtener una excepción de Estados Unidos (EU) a la regla de especialidad”.
Antilavadodedinero / Prensa
Esta es la respuesta que emitió la embajada de EEUU en Panamá sobre el alcance del principio de especialidad en el caso del expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien fue extraditado por EU en junio de 2018 en medio del proceso por los pinchazos.
Martinelli se negó a rendir indagatoria en la investigación que siguió el Ministerio Público por el caso New Business, y por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá. En ambos, además de presentar certificados de incapacidad y acogerse al artículo 25 de la Constitución, el exmandatario invocó el tratado de especialidad consignado en el tratado de extradición de 1904, entre Panamá y EU.
La posición de Estados Unidos sobre el principio de especialidad ha sido la misma una y otra vez en los últimos dos años. La primera vez que se hizo pública fue en diciembre de 2019, cuando se dio a conocer que el Departamento de Estado a través del consejero legal Thomas Hainemann, afirmó que Martinelli ya no era objeto del principio de especialidad en materia de extradición dado que a Martinelli se le ha permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.
Aún así, Martinelli y su defensa han insistido en desafiar la posición negándose a hacerle frente a los procesos, presentando diversos recursos ante los tribunales de justicia, y querellando a fiscales.
La treta para esquivar procesos
En julio de 2020, el expresidente Ricardo Martinelli se negó a declarar tanto en el caso Odebrecht, como en el de New Business. Para esquivar estos dos procesos aplicó la misma fórmula: presentó certificados de incapacidad, se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo, y dijo que lo ampara el principio de especialidad consignado en el tratado de extradición de 1904 entre Panamá y Estados Unidos, país que lo extraditó en junio de 2018 para que le hiciera frente al caso de espionaje político, proceso en el que fue declarado “no culpable”.
New Business
“Soy inocente de los cargos que me están imputando y exijo respeto a los tratados y convenciones, a la igualdad de las partes, al principio de especialidad”, le dijo el exmandatario al fiscal Emeldo Márquez, titular de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada. Márquez lo citó para indagarlo el 1 de julio de 2020, por la investigación relacionada por la compra con de Editora Panamá América S.A, (Epasa) con supuestos fondos públicos, proceso conocido como New Business. Cuando citó el principio de especialidad, Martinelli le manifestó al fiscal que “es imposible que la opinión de un americano, por los canales no autorizados, pisotee el derecho, la Constitución y los tratados”.
En ese momento se refería a Thomas Hainemann, consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien en diciembre de 2019 envió una carta al Ministerio Público informando que Martinelli ya no era objeto del principio de especialidad en materia de extradición, a raíz de que se le habían permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.
Ese día también le dijo al fiscal que le había secuestrado las cuentas y la casa a la exprocuradora Kenia Porcell, por violar la ley, y abrirle casos. Aquel 1 de julio de 2020 Martinelli se fue del edificio Avesa, sede de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, y de las anticorrupción, con la medida cautelar de impedimento de salida del país, y el deber de notificarse una vez al mes.
Odebrecht
Dos días después, el 3 de julio de 2020, Martinelli debía acudir ante la Fiscalía Anticorrupción que lo citó para indagarlo por el caso Odebrecht, pero presentó un certificado médico suscrito por el cardiólogo Gabriel Frago, que se extendió hasta el 10 de julio. Luego, un psiquiatra, Algis Torres, le otorgó una nueva incapacidad por el término de dos meses. El 4 de agosto de ese año fue a la fiscalía pero tampoco declaró. Se acogió al artículo 25 de la Constitución, y de paso le recordó a la fiscal Azucena Aizprúa que no había renunciado al principio de especialidad, y que todos los cargos en su contra “eran políticos”.
La fiscal Aizprúa tomó las riendas de este proceso luego de que el equipo legal del exmandatario sacara del camino a la fiscal Tania Sterling, a través de una recusación, por supuestamente haberle violado el principio de especialidad, entre otras cosas.
Para aquella época Martinelli había presentado al menos seis acciones legales contra Sterling, entre ellas dos querellas criminales contra la Procuraduría General de la Nación en las que reclama a Sterling un total de $10 millones por supuesto “daño moral, psicológico, comercial, empresarial, social, familiar y político”. Se desconoce el estatus legal de esos recursos.
Al igual que en el caso New Business, Martinelli tiene impedimento de salida del país por el proceso Odebrecht, y debe notificarse una vez al mes.
Fiscalías piden juicio
El Ministerio Público solicitó al Órgano Judicial que lo llamara a Juicio tanto por el caso New Business, como por el de Odebrecht. En los dos procesos se le investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. La audiencia preliminar de New Business está programada para el 27 de enero de 2022.
Originalmente estaba agendada para el 12 de noviembre pasado, pero se suspendió porque uno de los 25 imputados no pudo ser notificado. Entre los testimonios que sustentan la pesquisa consta la declaración de Ricardo Chanis Correa, expresidente de Epasa, quien en febrero 2020, dijo a la fiscalía que la compra de Epasa implicó el desembolso de $47 millones, que incluyó el pago en efectivo de una deuda de Epasa al Banco General –de $12.5 millones–, la que en un primer momento pagó Martinelli en calidad de “préstamo de accionista”.
Según Chanis, se armó una compleja arquitectura financiera para proteger la identidad de los nuevos dueños del medio de comunicación: los bienes pasaron a ser propiedad de TPAHC, Inc. –creada el 7 de diciembre de 2010– dos semanas antes de la compra. Martinelli, según Chanis, sería dueño del 60% de las acciones.
En tanto que la audiencia preliminar del caso Odebrecht está agendada para efectuarse entre el 18 de julio y el 5 de agosto de 2022. De acuerdo con el expediente, “es clara la participación de Martinelli en la trama de cobro de coimas pagadas por el Departamento de Caja de 2 de Odebrecht a cambio del otorgamiento de millonarios contratos para la construcción de obras durante su administración”.
La defensa y las redes
Sin embargo, Martinelli y su defensa insisten, una y otra vez, en el principio de especialidad para demeritar estos procesos. En el recurso que interpuso su equipo legal para tumbar el caso Odebrecht, se argumenta, entre otras cosas, que “era necesario que por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores se hicieran los trámites correspondientes para que existiera una jurisdicción por parte de Panamá para conocer el caso”.
En la cuenta de Twitter del expresidente, el principio de especialidad es recurrente. Uno de los primeros mensajes sobre el tema, lo posteó el 10 de octubre de 2019, y el más reciente es el del 2 de diciembre de este año. (Ver infografía).
El último capítulo de esta historia se escribió el pasado 23 de diciembre cuando la Embajada de Estados en Panamá informó lo siguiente: “La posición de Estados Unidos (EU) no ha cambiado. Panamá es libre de llevar al señor Martinelli a juicio sin obtener una excepción de Estados Unidos a la regla de especialidad”.
