El exfiscal anticorrupción, Germán Arriaza, quien renunció en mayo pasado tras ser trasladado arbitrariamente a otra unidad, aseguró que el Gobierno del presidente Nayib Bukele cerró todas las investigaciones relacionadas al pacto con pandillas,
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La agencia internacional de noticias asegura que Arriaza, durante su etapa como fiscal anticorrupción de la oficina del fiscal general, logró recopilar información documental y fotográfica que comprueba la participación del gobierno de Bukele en reuniones con cabecillas de la pandilla MS-13 y mara 18, en el año 2019.
Según la investigación publicada, estas negociaciones se realizaron con el objetivo de reducir los asesinatos y la ola de violencia que se vivía en El Salvador, además de para ayudar a Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas de febrero pasado.
Son las primeras declaraciones hechas por un exfuncionario de Gobierno que acusa directamente a la actual administración de haber participado en este tipo de conversaciones con grupos criminales.
Acusándoles por estas mismas acciones, El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, el 8 de diciembre.
Temiendo represalias por parte del gobierno salvadoreño por iniciar la investigación, Arriaza dijo que se exilió de inmediato una vez lo removieron de su puesto y dijo que los miembros de su equipo, conocido como Grupo Especial Antimafia (GEA), también se exiliaron o fueron trasladados.
«Nuestras investigaciones fueron las que llevaron al gobierno a disolver el organismo anticorrupción», dijo Arriaza.
Además, detalló que se le prohibió acceder a su oficina, computadora y archivos inmediatamente después de una reunión que sostuviera el 5 de mayo con el actual fiscal Rodolfo Delgado, en la que le preguntó sobre las investigaciones en curso en contra el gobierno. Horas después de esa reunión, continuó, fue removido del cargo y trasladado a la Escuela de fiscales de El Salvador como asesor.
El exfiscal detalló que las investigaciones realizadas por su equipo demuestran que Luna y Marroquín ingresaron a las cárceles para sostener conversaciones con los líderes de las principales pandillas de El Salvador a quienes ofrecieron mejores condiciones, dinero y otros beneficios a cambio de la reducción de los homicidios en el país.
Según fuentes internas de la Fiscalía, el fiscal Arriaza estaba siendo presionado para presentar su renuncia. Él dirigió en noviembre de 2020 los allanamientos al Ministerio de Salud (MINSAL).
